Mientras el ámbito político se pregunta si la ex presidenta puede ser detenida ante el avance en las causas por corrupción, el kirchnerismo apuesta a instalar la persecución como una estrategia para el resurgimiento de CFK. El macrismo evalúa si es mejor que esté debilitada o tras las rejas
Es «la» pregunta del momento. Es lo que todos quieren saber. Es el comentario obligado en el ámbito político, en la Justicia, en las redes sociales y en las mesas de café: ¿Cristina Kirchner puede terminar presa?
La acumulación de causas penales, la revelación de escándalos de corrupción que involucran a sus ex funcionarios, la exhibición de las pilas de billetes en la caja de seguridad de su hija Florencia (con faja de la Reserva Federal estadounidense), la causa Hotesur, la del dólar futuro, la trama de la ruta del dinero K.
Estas, y otras cuestiones que puedan ir surgiendo, han contribuido a generar un clima en el que una situación que hasta hace poco resultaba impensable hoy resulte factible.
En todo el espectro político, en estos días se maneja la posibilidad cierta de que la expresidenta pueda terminar entre rejas.
Algunos se manifiestan en este sentido como una expresión de deseo, como es el caso de la diputada porteña Graciela Ocaña o la denunciante Margarita Stolbizer.
Otros no ocultan sus temores y elevan sus advertencias en el sentido de que claramente existe una «persecución» o una «cacería» contra ella.
En este último grupo se enlistan el líder piquetero Luis D’Elía, la diputada Diana Conti, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá y, claro está, el kirchnerismo más duro.
Por lo pronto, resulta llamativa la postura ambigua que viene manteniendo el Gobierno.
Escudado en un discurso «políticamente correcto» (respetar la separación de poderes del Estado y la independencia en el accionar de jueces y fiscales), ha tratado de mantenerse equidistante y ajeno a este tema, que mantiene en vilo a todo el arco político.
«No lo imagino, ni lo pienso, no es un tema mío», responde Macri cuando se le pregunta si él cree que Cristina puede terminar presa.
«Hay que ser muy respetuoso de la independencia de los poderes. Estoy orgulloso de haber generado un espacio en el que la Justicia empiece a combatir la impunidad», agrega.
En otras palabras, dice lo que se espera que un político diga en este tipo de circunstancias. Es decir, que no piensa interferir en las decisiones judiciales y que nada de los que pase dependerá de Macri.
Algunas semanas antes, el ministro de Justicia, Germán Garavano -también midiendo meticulosamente sus palabras- envió un mensaje a los ahora hiperactivos miembros del Poder Judicial.
«Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no hay que sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan, pero eso no justifica avanzar de modos alocados», remarcó.
Formuló estas declaraciones luego de admitir que «nunca es bueno» que un ex mandatario sea detenido.
No obstante, resultó particularmente sugestiva su advertencia sobre «tener equilibrio para resolver sin las presiones de la opinión pública».
También, sus expresiones en el sentido de «ser solventes con las pruebas y los procesos» y no caer en la tentación de «abusar de las detenciones porque así lo pida una mayoría circunstancial».
Pero, acaso, su frase más fuerte fue: «Estos procesos no deben ser venganzas«.
Curiosamente, muchas de sus advertencias coinciden con las de la propia Cristina Kirchner y las de sus abogados, que vienen protestando por entender que existe un claro «hostigamiento» hacia ella.
Además, cuestionan algunos procedimientos por considerar que tenían el mero fin de exponerla ante la opinión pública.
En este sentido, la ex mandataria denunció que el ministerio de Seguridad le había facilitado a los medios de comunicación las imágenes de los fajos de billetes que su hija tenía en las cajas de seguridad.
Y que ese dinero había sido presentado como «un hallazgo» cuando, en realidad, había sido la propia Florencia la que pidió la apertura de los cofres para que se comprobara que el contenido coincidía con lo que previamente había declarado.
Un sugestivo pedido de cautela
En este contexto de agitación mediática, ruido político y debate sobre el futuro de la ex jefa de Estado, ha quedado algo opacado otro gran interrogante.
Si bien aún no fue discutido en profundidad, lo cierto es que se presenta como el más importante del momento: ¿a Macri lo beneficiaría o, por el contrario, lo perjudicaría una «Cristina presa»?
Algunos analistas se muestran convencidos de que el Presidente no ve con buenos ojos esta situación, del mismo modo que a Fernando de la Rúa no le agradó en su momento la prisión de Carlos Menem.
«Es claro que la persecución es a nivel de la Justicia, porque Macri no la quiere presa. Quien sí la quiere en la cárcel es Héctor Magneto, que hoy es más importante que Macri», arriesga el siempre polémico Jorge Asís.
En este sentido, no deja de resaltar el rol que está jugando el multimedio Clarín con sus investigaciones, informes y coberturas periodísticas.
Lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno no ha dado señales de que la situación que atraviesa CFK le entusiasme mucho.
De hecho, sus dirigentes se han pronunciado de manera negativa respecto de la acusación en su contra en la causa del dólar futuro.
A pesar de haber criticado ácidamente la política kirchnerista de vender contratos a un precio inferior al del mercado, esos mismos funcionarios entienden que una cosa es criticar la falta de ética de una política y otra muy distinta es transformarla en materia judicializable.
A fin de cuentas, con argumentos parecidos a los que utiliza Claudio Bonadio para procesarla a ella y a sus funcionarios, también podría enjuiciarse a la actual plana mayor del Banco Central, por haber fijado tasas de interés del 38% y favorecido la «bicicleta financiera».
Por lo pronto, parece clara la opinión de la propia ex mandataria respecto de si a Macri le conviene que ella sea detenida. No por nada, en cada uno de sus descargos públicos suele enviar señales al Gobierno.
La continua referencia a las revelaciones de los «Panamá Papers», por ejemplo, y sus comparaciones en las que entiende que hay un trato desigual de la Justicia -ensañamiento en un caso, displicencia y falta de voluntad investigativa, en el otro- entraña un mensaje.
La percepción es que, en la medida en que su situación procesal se agrave, mayor será la fuerza con la que el kirchnerismo atacará a nivel político y mediático los flancos débiles del macrismo.
Por otra parte, la advertencia de CFK tras la escandalosa detención del ex secretario de Obra Pública, José López, también incluye un mensaje entrelíneas.
Al remarcar que siempre que un funcionario corrupto recibe una coima es porque un empresario -no menos corrupto- se la da, Cristina está recordando que las actuales investigaciones pueden derivar en un cuestionamiento generalizado a todo un sistema de contrataciones estatales del que quizás pocos puedan salir indemnes.
Pero, más allá de esas advertencias, está también la evaluación política propiamente dicha.
El análisis superficial que se hizo tras los primeros casos judiciales que afectaron al kirchnerismo concluyó que el macrismo se beneficiaba con la situación.
Lo cierto es que ese argumento, si es que fuera cierto, sólo podría tener un efecto de corto plazo.
En rigor de verdad, el apoyo hacia las políticas implementadas por Macri dependerá mucho más de los resultados económicos que de la comparación entre los niveles de honestidad de los dos gobiernos.
Como demuestran las encuestas, una gran mayoría de los argentinos (más del 70%) admite que era necesaria una corrección de las tarifas.
Por otro lado, no necesitaron de Lázaro Báez ni de José López para convencerse de que los apagones de cada verano son un argumento por demás elocuente del colapso del sistema energético.
La victimización como capital político
Las frases macristas que hacen hincapié en la independencia de poderes y en la necesidad de que la Justicia avance lentamente pero seguro no tienen la intención de proteger a Cristina.
Si bien esto es lo podría parecer a primera vista, lo cierto es que funcionan como una suerte de autodefensa. El Gobierno sabe que lo peor que le puede ocurrir es que se instale en la opinión pública la sensación de que CFK es una perseguida política.
No por casualidad, la estrategia de la militancia kirchnerista apunta a la victimización. Prueba de ello es la advertencia de D’Elía en el sentido de que la ex presidenta irá presa «por decisión de Macri».
O bien la comparación de Diana Conti entre la situación actual de la ex mandataria y la que viviera Perón tras su derrocamiento en 1955.
«Las 70 causas judiciales finalmente quedaron en la nada (…) Fueron una arremetida por tirar abajo un ´ismo´´ , el peronismo y, sin embargo, subsiste hasta hoy», dijo la diputada.
Su mensaje es claro: así como una ofensiva judicial no pudo contra la fuerza del movimiento político fundado por el General, tampoco ahora la «persecución» podrá tirar abajo el proyecto político K.
Es cierto que ese argumento hoy no se presenta fácil de sostener para los dirigentes kirchneristas.
La prueba está a la vista: tras el escándalo de López, Cristina no ha podido repetir un acto masivo como aquel de abril en los juzgados de Comodoro Py. El golpe anímico en la militancia hasta fue admitido por ella.
Por eso el Gobierno prefiere que la situación actual se prolongue, que ella ocupe su tiempo y se desgaste más en atender los detalles procesales que en tener un rol de líder político.
Claro que eso sólo puede ocurrir mientras siga libre y trajinando juzgados. Una Cristina presa, en cambio, tendría un impacto en la opinión pública de tal magnitud que cambiaría todo el clima partidario.
Para empezar, nadie sabe qué tan grave puede ser la alteración de la paz social. Las manifestaciones en reclamo de su libertad podrían fácilmente derivar en disturbios de consecuencias impredecibles.
En la evaluación estrictamente política, también hay temores fundados para el macrismo.
Encarar la elección legislativa de 2017 contra una Cristina libre pero desprestigiada y debilitada no es lo mismo que hacerlo contra una Cristina presa que -con la autoridad de todo perseguido político- denuncia los errores del nuevo Gobierno.
En esa eventualidad, no sería un detalle menor el motivo que pudiera llevarla a prisión.
En este sentido, no es lo mismo que sea detenida por presunto lavado de dinero en su emprendimiento hotelero a que sea llevada tras las rejas por la causa del dólar futuro, o por la conexión AMIA-Irán que denunciara el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Por ahora, es una incógnita la reacción que tendría un el peronismo -hoy a la deriva, sin liderazgo ni voluntad para imponer una mayoría en el Congreso- ante una Cristina presa.
Hasta el momento, el macrismo ha sido exitoso en encontrar allí aliados circunstanciales para votar sus proyectos.
Pero esa situación podría cambiar. A veces, la prisión puede ser el factor que revitalice un liderazgo. La historia está repleta de esos ejemplos. Y el macrismo lo sabe.
– iProfesional
