Según las caciques de los pueblos guaraníes de Salvador Mazza, en el norte de Argentina, nunca fueron consultados por la invasión de sus tierras. Y aseguran que ahora son discriminados, no les dan el trabajo ni cumplen con las prometidas mejoras para las escuelas del lugar.
Tres empresas están instalando gasoductos en el norte de Argentina. Son subsidiarias de otras dos firmas gigantes, Techint y TGN. Una humilde estimación arrojaría que ellas cobrarían por parte de los gobiernos provinciales y nacional alrededor de dos mil millones de dólares, u ocho mil millones de pesos, para la instalación de los caños que llevarán gas de Bolivia y Salta a las provincias del Noreste argentino.
Estas impresionantes ganancias se confrontan con los pedidos de los pueblos originarios por donde pasan estos caños millonarios: ellos piden trabajo y mejoras en sus comunidades. A lo sumo, el costo de sueldos para obreros, refacciones edilicias y ayuda social no alcanzaría el millón de pesos.
Las empresas se niegan a los humildes pedidos.
“Los caños pasan debajo de nuestras tierras, donde vivimos, donde están las escuelas, y nunca nos pidieron permiso ni dieron participación. Nos engañaron”, aseguró a Norte Social Gladis Vaca, cacique de la comunidad Guaraní “La Pista”, pocos kilómetros al sur de Salvador Mazza, en el extremo norte de la Argentina.
Según las dirigentes, algunas de las 14 comunidades aborígenes afectadas denunciaron a las empresas Vertva, INMAC y Medina por discriminación y daños ante la Justicia de Salta y el INADI.
“Al menos esperábamos que le dieran trabajo a nuestra gente, pero el ingeniero Rodolfo Villanueva (empleado de Vertva) nos engañó. Le pedimos ayuda al intendente (de Salvador Mazza, Carlos Villalba) pero también nos engañó. Por eso ahora vamos a la Justicia. Confiamos que no nos engañen de nuevo”, dijo la cacique.
Trabajo y control comunitario
De acuerdo a las dirigentes guaraníes, las empresas constructoras de los gasoductos no cumplen con las normas de seguridad de la Nación, especificadas por ENARGAS en la normativa NAG 100, basada en criterios internacionales.
“No nos negamos al progreso, pero tenemos que participar de lo que pasa en nuestras tierras, en nuestras comunidades. Pedimos trabajo porque lo necesitamos, y porque sólo nosotros podemos controlar que cumplan las leyes. Un caño con gas no puede pasar tan cerca de la escuela (Nº 4224, de Macorenda), ni tampoco ser tan chico. Nuestro pueblo puede ayudar a hacer las cosas bien”, explicó Vaca.
– El autor es periodista – director de norte social (periodismo social en el norte argentino).
– www.nortesocial.com.ar
