La media sanción de la ley Bonasso generó una carrera sin precedentes en el avance de los desmontes en Salta. En la primera mitad del año ya se habían solicitado y llevado a audiencia pública proyectos de desmontes cercanos a las 200.000 hectáreas.
En la provincia de Salta ha tenido honda repercusión entre los «productores del desarrollo sustentable» la denominada ley Bonasso, de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos, y es que esta norma, además de proponer se declare transitoriamente una emergencia forestal, otorga a la Nación la posibilidad de controlar conjuntamente con las provincias, mediante un organismo creado al efecto, el manejo de los permisos de desmonte y aprovechamiento forestal.
Uno podría pensar que estas medidas, teniendo en cuenta la situación crítica del sector forestal, no debieran considerarse tan inconvenientes, toda vez que la provincia de de Salta cuenta con la ley 7070, de Protección del Medio Ambiente, considerada una de las más completas, que ya incluye los procedimientos de evaluaciones de impacto ambiental y social y la consulta en audiencias públicas además de otras medidas con las cuales la provincia garantiza que los desmontes y aprovechamientos forestales se están realizando en forma correcta y «sustentable», por lo que su homologación a las normas de un organismo nacional no debiera ser un problema.
Sin embargo, la media sanción de la ley Bonasso ha generado una carrera sin precedentes en el avance de los desmontes en Salta, si se tiene en cuenta que en la primera mitad del año 2007 ya se habían solicitado y llevado a audiencia pública proyectos de desmontes cercanos a las 200.000 hectáreas, cuando el total del año 2006 fue de 126.898,5 hectáreas, cifras que ya entoncs constituían un récord a nivel nacional.
Cabe entonces preguntarse: ¿tanto miedo tienen los «productores del desarrollo sustentable» al control de un organismo nacional, o tan mala es la ley provincial que no garantiza prácticas adecuadas de desmonte y aprovechamiento, o tan imperfecta es la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente provincial como organismo de control, que no se sienten seguros y tranquilos de que podrán seguir haciendo las cosas bien como las venían haciendo?
¿O será como declaraba el ingeniero agrónomo Carlos Saravia Toledo en una entnrevista publicada en septiembre de 2004 en el diario El Tribuno de Salta que los bosques nativos se han venido degradando desde 1949 «exactamente igual que si no hubiera ley ni organismo de aplicación?. En otro frente y ante este «avasallamiento» de las autonomías provinciales, han salido a protestar los políticos. Ya tienen polémica para entretenerse un rato y demorar las cosas un poco.
Los bosques protectores
En medio de este panorama aparece un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos y sus servicios ambientales, presentado por los senadores Marcelo López Arias, Sonia Escudero y José Mayans, con el aval de FUNDESNOA, una fundación conformada por empresas como el Banco Macro Bansud S.A., DesdelSur S.A., Ingenio Refinería El Tabacal SRL, Ledesma SAAI, entre otras y actualmente bajo la dirección de la Licenciada Ana María Pontussi, que se presenta como una propuesta alternativa a la ley Bonasso, haciendo hincapié en la creación de áreas de bosques nativos protectores, los que eventualmente recibirían recursos económicos para su gestión y mantenimiento en retribución a los servicios que éstos brindan.
Hay que decir que la ley provincial 7.107 de Áreas Protegidas contempla los mismos presupuestos de esta nueva propuesta en cuanto a la creación de un Fondo para el pago de servicios que brindan las masas boscosas; de un Consejo Asesor, un Registro de Áreas Protegidas, normas técnicas y legales para su determinación y también incluye la creación de Reservas Naturales Privadas, que pasarían a formar parte del sistema de áreas protegidas y que se verían favorecidas con beneficios impositivos y crediticios e incluso la posibiliad de acceder a pagos por servicios ambientales por parte de los privados… ¿por qué beneficiarse de eximiciones impositivas solamente si además se puede percibir dinero por «mantener» bosques protectores?. Claro que la ley 7.107 también obliga a mantener las reservas privadas por tiempo ilimitado o esperar un mínimo de 20 años para revertir el estado de ellas, en caso contrario se pierden los beneficios con retroactividad, cosa que la «nueva propuesta» no dice.
De todas maneras: ¿quiénes y cómo decidirán al respecto? ¿Serán esos bosques protectores los mismos que ya están degradados y empobrecidos luego de tantos años de «aprovechamiento forestal sustentable», o aquellos en los que se hace antieconómica la extracción de los últimos ejemplares valiosos? ¿Cómo será la adjudicación de recursos económicos? ¿Podrá la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia realizar un adecuado control, cuando sistemáticamente viene reconociendo en sus informes ambientales anuales las grandes dificultades que encuentra en aplicar los procedimientos reglamentarios elementales de su competencia? ¿A qué se refiere esta nueva «alternativa» cuando faculta al estado provincial a prever mecanismos de control públicos, privados o mixtos?
Consideramos que una propuesta superadora sería aquella que incentive a los productores a que realicen forestaciones en tierras ya desmontadas o habilitadas y seguramente degradas; podemos pensar en un futuro forestal respetando lo poco que queda de nuestros bosques nativos, los que necesitan, más que nuevas leyes, es que las que ya están se cumplan y mejoren. Y hasta donde sabemos, los bosques, son todos protectores.
– María del Carmen Otero Cabada es ingeniera agrónoma. Integra la Asociación Amigos del Árbol, bosques y parques nacionales.
