Agua turbia

Lo que hacen con Aguas de Salta huele mal. El proceso tiene las huellas de Julio De Vido. Los mismos empresarios o interpósitos de la cúpula de gobierno podrían quedarse con acciones. En esto Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey son lo mismo.

Por Carlos Humberto Saravia

La resolución del contrato con Aguas de Salta S.A. y la formación de COSAYSA S.A. sigue dando que hablar y enreda en sospechas al gobierno de Juan Manuel Urtubey. A cargo de una gestión que marca severas contradicciones entre el discurso y los hechos, el desenlace con la concesionaria del agua no se ha podido vender como un verdadero rescate de la concesión sino, por el contrario, como el fruto del apresuramiento que encubre un acuerdo en beneficio de la empresa con Julio De Vido, el cajero kirchnerista.

A pocos escapa que mientras Aguas de Salta S.A. quiso sostener la relación no hubo orden política de quebrarla, y que cuando la reinversión de la recaudación se hizo inevitable, apareció la decisión de resolverla. Después de quince meses de tolerancia urtubeysta y diez años de complicidad romerista, se pretende instalar que la resolución obedece al celo de un mandatario esquizofrénico.

Está claro que los lazos del gobernador con el Ministro de Infraestructura y Planificación seguirán vigentes mientras no entorpezca los negociados de sus referentes nacionales. Juan Carlos Relats, virtual dueño del paquete accionario de Aguas de Salta, es un alfil empresarial de De Vido. Casinos, emprendimientos viales y establecimientos agropecuarios expendidos por todo el país, lo ubican como uno de los preferidos del kirchnerismo. Gracias a vínculos políticos ha logrado en Salta mantener a raya los intentos de imponer a la ex concesionaria el cumplimiento de sus obligaciones.

Cuando Federico Posadas estuvo a cargo del Ente Regulador de Servicios Públicos , no fueron pocos los ataques de bajo calibre dirigidos a la empresa mediante la imposición de multas y una exposición mediática negativa. Una llamada de De Vido determinó la paralización de la estrategia ofensiva y a partir de allí se divulgó sobre la posible integración de la Provincia mediante la cesión de un 20% de las acciones de Aguas de Salta S.A.

Las pretensiones conducidas por la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) a cargo de Rodríguez Tuñón, parecían buscar la incorporación de un socio bobo a quien imponer el perdón administrativo por notorios incumplimientos en la progresiva serie de inversiones previstas en el contrato originario. Sabido es que la ex concesionaria carecía de otro patrimonio más que la perspectiva de seguir cobrando por un mal servicio y que coparticiparíamos el 20% de la nada.

Los montos recaudados por la saliente contratista del agua se computan en millones de pesos, mientras que la reinversión en infraestructura y mejoramiento del servicio ha sido casi nula. Como muchas de las empresas concesionarias de servicios públicos que posicionó el menemismo en las provincias, Aguas de Salta S.A. se limitó a aprovechar la estructura originaria y dio prioridad a la recaudación por sobre las inversiones necesarias para mejorar un servicio esencial. Los millones de pesos que ingresaron a sus arcas tienen un derrotero desconocido.

En la reunión de la Cámara de Senadores, a la que asistieron el jueves el Ministro Julio César Loutaif, el Secretario de Comercio Alfredo De Angelis y el Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos Armando Isasmendi (hijo), se aseguró que la inversión de Aguas de Salta S.A. alcanzaba el 64% del total previsto en el contrato. Otros sectores descreen de la versión de Isasmendi y elucubran que se ha pactado la judicialización del divorcio.

En paralelo, el Ministro de Gobierno Pablo Kosiner ha instalado la “necesidad” de que se apruebe un decreto de necesidad y urgencia que tiene mal olor. Invocando que es necesario el diálogo político y, haciendo caso omiso de la representación orgánica de los partidos políticos, ha invitado a los legisladores provinciales para conversar tangencialmente sobre el polémico proyecto. En tiempos de campaña, algunos diputados tal vez compren el discurso e inclinen sus voluntades por conveniencia.

La oposición, que comparte la decisión política pero no la modalidad con que se ejecuta, ha puesto el acento en la inexplicable decisión de constituir una sociedad anónima, con escaso capital ($100.000) y con un porcentaje accionario para la provincia que puede disminuir al simbólico 1%. ¿Cuál es el motivo que impide a Urtubey reestatizar el servicio mediante un ente autárquico o crear una sociedad del Estado? ¿Es que el gobierno “del cambio” carece de funcionarios que pudieran realizar una tarea mejor que la de la cuestionada Aguas de Salta S.A.?

También se han vertido quejas sobre la falta de previsión de controles y la imposibilidad de someter a COSAYSA S.A. a las normas de la Ley de Contrataciones de la Provincia que imponen procesos transparentes de licitación o concurso de precios. La respuesta de Loutayf e Isasmendi se ha limitado a sostener que no existe el peligro puesto que la mayoría de las obras las realizará la Provincia. La postura les permitió salir del paso ante una mayoría justicialista que hace rato ha dejado de transitar por el control responsable, pero exhibe a la propuesta como una contradicción grave. Si es la Provincia la que va a invertir, mayores son los motivos para decidir la integración de un organismo público que se haga cargo del servicio.

Por lo pronto, se dice que los últimos sueldos del personal de Aguas de Salta S.A. ya los ha pagado la Provincia ante la salida intempestiva de la empresa y que se avecinan reclamos para que sea el Estado quien les asegure continuidad laboral. ¿Alguna vez podremos exigir al funcionario irresponsable que responda personalmente por estas maniobras vertiginosas e irresponsables?

La diputada justicialista Adriana Pérez ha planteado su preocupación por la falta de garantías respecto del régimen tarifario futuro. COSAYSA carece hoy de límites para imponer una tarifa superior a la que vienen abonando los sufridos usuarios. Los inquiridos han objetado la inquietud puesto que para ellos la garantía suficiente es el devaluado Ente Regulador, el mismo que hizo la vista gorda desde su creación.

Aguas de Salta S.A. sostiene que la resolución tiene como culpable al Estado provincial, mientras que estos funcionarios anticiparon que buscan construir un caso judicial partiendo del 36% de déficit de inversión, sin contar con las innumerables sanciones, intimaciones y quejas que se le dirigieron a la concesionaria en estos últimos años. Acostumbrados a la promiscuidad funcional, pocos son los que dudan que en algún momento el conflicto permitirá a la empresa alzarse con algunos millones fuera de la dispensa por sus negligencias. En un frío expediente judicial no podrán advertirse los padecimientos de gran parte de la población salteña que fue castigada durante más de una década por una gestión empresarial inescrupulosa.

También se erige como una probabilidad que los mismos empresarios o interpósitos de la cúpula de gobierno busquen quedarse con un paquete accionario al que no se le ha puesto cerrojo y que dependerá de la omnímoda voluntad del mandatario y los humores de Julio De Vido. En esta materia, entre Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey ya no existen diferencias.