La pugna entre el poder sojero y la Casa Rosada ha producido en Salta desabastecimiento, suba de precios, cortes de ruta, dificultades para viajar, pérdida de turistas. Los anuncios K y el alivio de la crisis. La épica de dos «pobres productores».
El gobernador Juan Manuel Urtubey, un leal escudero de Kristina, no estuvo ayer entre las 500 personas -funcionarios, gobernadores, madres y abuelas de Plaza de mayo, familiares de los masacrados en los bombardeos a esa plaza- que rodearon a «la presi» en su alocución en la Casa Rosada, transmitida por radio y televisión a toda la Argentina. Kristina lució firme y segura pero con un tono menos confrontativo, más persuasivo.
Tras su anuncio de que el tema de las retenciones será girado al Congreso para su debate, llegó la distensión al país fatigado por una crisis de tres meses, en la disputa por la renta extraordinaria de las exportaciones de granos.
Néstor Kirchner habló antes que la presidenta y explicó en conferencia de prensa que las retenciones no son una medida fiscal, sino que son necesarias para que los argentinos no paguen los alimentos a precios internacionales.
Kristina mantiene la medida pero desinfla el conflicto abriendo el debate en el Congreso. Una jugada que mezcla firmeza, en tanto mantiene las retenciones, con una apuesta por mayor democracia al canalizar el conflicto hacia el debate parlamentario (la idea parece que fue de Cobos, el vicepresidente mendocino y radical K).
Habrá que trabajar allí para que algo se derrame del piquete de la abundancia de los ganadores del modelo, hacia los piquetes de la desesperación de los que sobreviven en la miseria y la marginación. Sería bueno incorporar al debate la propuesta que hacía Buzzi, de la Federación Agraria, antes de aliarse con la Sociedad Rural: elevar al 50 -y por qué no al 60 por ciento- el nivel de retenciones para el caso de los megapools sojeros.
Y hay que ir, también, como señala Yasky, por la renta extraordinaria de las multinacionales mineras.
Lo que muchos argentinos pensamos tuvo expresión ayer desde los labios presidenciales. Cuando un pobre corta la ruta su destino es la cárcel -como dijo Kristina- o peor: la muerte -como podemos recordar nosotros con los casos de Aníbal Verón, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba-.
Pero si los que cortan son los varones de la soja -sector en el que los «pequeños productores» tienen hoy como mínimo un nivel propio de clase media alta- hay que esperar pacientemente que paralicen el país durante tres meses y produzcan desabastecimiento y aceleración inflacionaria, en las ciudades y los pueblos de Argentina. No aparece ningún Abel Cornejo que ordene despejar la ruta a sangre y fuego.
La épica lucha de Romero y Olmedo
Las protestas del agro en Salta incluyeron cortes en Lajitas y Rosario de la Frontera, con desfiles de 4×4 y maquinarias de alto costo por avenidas de la capital, amenazas e insultos a la presidenta frente a la Legislatura.
Entre los que fogonearon las protestas de los «pobres productores» estaban los propietarios de las dos mayores fortunas de la provincia -Levín todavía no invierte en fincas-: Alfredo Olmedo y Juan Carlos Romero.
Nadie reparó en que la sojización en la provincia de Salta destruye montes, conlleva el genocidio de grupos indígenas -esto es lo más grave-, y agita tras la corta bonanza del oro verde la pesadilla de la desertización.
Con banderas argentinas y una indumentaria que muestra un rango social propio de quienes pueden residir en mansiones en el Bº Tres Cerritos, la falda del Cerro o San Lorenzo, los «productores» salteños rondaron en varias oportunidades la plaza 9 de Julio, en manifestaciones que no superaron las 300 personas.
Su buen pasar económico no es amenazado por las retenciones, que a lo sumo les restará ganancias. Pueden manifestar por meses y cortar rutas, mientras los peones -en su mayoría con salarios magros y en negro- les trabajan los campos.
Una gesta de los ricos que encontró eco en las clases medias de las ciudades, en personas que -enojadas por la inflación y desencantadas del estilo K- repiten lo que dice El Tribuno y el grupo Clarín.
Salta sintió el impacto de la confrontación entre quienes quieren acumular una renta extraordinaria y los que proclaman que debe ser redistribuída: cortes de ruta, desabastecimiento de productos y combustibles, aceleración inflacionaria, pérdida de ingresos por caída del turismo. Ahora llega el alivio y la distensión tras los anuncios K.
Son las clases medias y los pobres los que sufren por el conflicto -ahora canalizado hacia el debate parlamentario- que no pone en riesgo la fortuna de un «productor» como Juan Carlos Romero ni la de su par Alfredo Olmedo, a quien el primero le regaló la finca del estado «Salta Forestal».
Un regalo magnífico que no sacó, por cierto, un centavo del bolsillo del generoso benefactor. Un ejemplo insólito de generosidad entre multimillonarios, que hoy están de nuevo juntos en la «lucha por el campo».
