La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) repudia los maltratos policiales a trabajadores de prensa que recababan información sobre el incendio ocurrido en la calle Sarmiento al 700 el pasado 27 de este mes. Por otra parte, pone de resalto que en los últimos días se han sucedido una serie de hechos atentatorios de la libertad de prensa y de expresión, del derecho al trabajo y el derecho a la información.
Por otra parte, en medio de estas situaciones que enrarecen la tarea de los trabajadores de los medios de comunicación, APeS saluda la reacción solidaria de los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que evitaron el pasado 27 que el fotógrafo Rolando Díaz fuera detenido.
Rolando Díaz, reportero gráfico de Nuevo Diario, estaba realizando fotografías del lugar del incendio cuando fue conminado por dos agentes para que se retirara, sin darle tiempo a llevar a cabo su tarea. Luego el oficial Oscar Liendro le reiteró la orden. “Vas a ver lo que te va a pasar” , le dijo ante la insistencia de Díaz para que le permitieran llevar a cabo su trabajo.
Liendro ordenó que Díaz fuera demorado. En el forcejeo intervinieron otros colegas y de esta manera evitaron que el fotógrafo fuera detenido.
Rolando Díaz radicó la denuncia en la Jefatura de Policía y el propio jefe, Humberto Argañaraz, se comprometió a investigar y a sancionar a los responsables.
APeS hace un llamado a la institución policial, a y los estamentos gubernamentales que de ella dependen, para que se tome debida nota de estos maltratos policiales –que se reiteran periódicamente- y tome las medidas correspondientes para erradicarlos.
Por otra parte, esta entidad manifiesta su preocupación por una serie de hechos, que vienen sucediéndose desde fines de marzo, que buscan limitar el trabajo de los periodistas.
El 27 de marzo Antonio Tello, propietario de FM del Sur, de Rosario de la Frontera, denunció a Marta Fernández de Olmedo, madre del diputado nacional Alfredo Olmedo, por maltratos y discriminación.
El 12 de abril todo el equipo de trabajo del canal Video Tar, de Tartagal, fue amenazado de muerte por Roberto Pardo, una persona que se desempeña en la municipalidad de esa ciudad. Otro empleado municipal, de apellido Jaime, denunció al periodista Ricardo Cuéllar por la supuesta destrucción de aspersores en la Plaza San Martín. Según la denuncia, este hecho se habría cometido el 15 de marzo, fecha en que la plaza se encontraba cerrada a la espera de su inauguración.
El 16 de marzo se produjo un incendio en la casilla de transmisión del Canal 7, abierto local. La propietaria del canal, Elizabeth Barrios presentó una denuncia penal. Hay sospechas de que el incendio fue intencional. A esto se suman las contactes agresiones verbales, a diferentes colegas, del intendente de Embarcación, Sr. Alfredo Llaya.
Amenazas, advertencias, insultos, denuncias y agresiones afectan a la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información porque intentan limitar el trabajo de los periodistas y que callen informaciones u opiniones, y que los medios dejen de ocuparse de ciertos temas. Si eso ocurriera el derecho a la información se vería afectado, con el consecuente daño al sistema democrático.
Por todo esto, APeS hace un llamado de atención sobre estas acciones que en nada contribuyen a la convivencia ciudadana y al fortalecimiento de la institucionalidad. Y solicita, una vez más, a las autoridades que lleven a cabo acciones para fortalecer la conciencia democrática, que se sustenta en el respeto por las disidencias.
– Elena Corvalán
Presidenta
– Andrés Gauffín
Secretario
