La nueva ley asegura la propiedad nacional y popular de los recursos energéticos de la patria.
Casi el 85 por ciento de los diputados de la Nación convirtieron en ley el proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de estatizar la mayoría de la empresa privatizada en la década del 90. En Salta operan cinco firmas energéticas privadas, que producen el 92 % de gas y el 83 % de petróleo.
El resultado continúa la línea emancipadora de San Martín, Belgrano y Güemes, Rosas, Irigoyen, Mosconi y Perón.
Doscientos siete diputados, entre kirchneristas, peronistas disidentes, radicales, socialistas e independientes convirtieron en ley el proyecto que establece la recuperación del control estatal sobre la petrolera propiedad de la española Repsol y la propiedad del Estado sobre los recursos energéticos.
La iniciativa fue impulsada el 16 de abril de 2012 por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, 32 legisladores de la oposición votaron en contra (13 %) y seis se abstuvieron (2.5 %).
Uno de los puntos más importantes de la ley, el cual es más importante que la expropiación a Repsol y tienen muy en cuenta las restantes petroleras que operan en la Argentina, “declara de interés público y nacional la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”.
Con la nueva ley, el petróleo y el gas dejan de ser mercancias y vuelven a ser “bien estratégico”, sujeto al interés público nacional, y por lo tanto ya no más de libre disponibilidad.
A partir de ahora, todas las empresas petroleras que operan en el país deben ajustarse al estado nacional.
El artículo 1º de la nueva ley declara de interés público nacional la explotación, industrialización, transporte y comercialización del petróleo y el gas. El fin es “garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones”.
Equidad social y empleo significa que las petroleras no podrán disponer de los hidrocarburos o sus derivados (combustibles) para exportarlos, si no se garantiza previamente el abastecimiento para la actividad interna.
“Competitividad de los diversos sectores” significa que esos recursos deberán ser suministrados a precios convenientes para su uso en procesos productivos.
“Crecimiento equitativo y sustentable de provincias y regiones” quiere decir que no se permitirá discriminación de precios por región, como las que existen actualmente.
La histórica votación difiere totalmente de la privatización de los hidrocarburos argentinos, por parte del menemismo. En aquellos años de los neoliberales noventa, las negociaciones demandaron seis meses, varias semanas costó conseguir quórum, se callaron gobernadores con millonarias transferencias a las provincias y quedó sin esclarecer la denuncia del diputado Luis Saadi, quien acusó a los legisladores de cobrar ocho millones de dólares para aprobar el proyecto del presidente Carlos Menem.
Grave situación energética
“YPF financió el crecimiento de Repsol en todo el mundo. A partir de hoy YPF deja de ser un commoditie (producto para su uso comercial o financiero) para ser uno de los recursos estratégicos del país”– subrayó el diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria. Y enfatizó “en cada una de las situaciones sabemos que tenemos que seguir adelante, porque nos subleva un pobre, un desocupado, todos y cada uno de los argentinos”.
Por su lado, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra manifestó que “estamos ante una grave situación energética. Argentina ha perdido el autoabastecimiento por las políticas erráticas de los gobiernos peronistas en los últimos 20 años y también cayeron las reservas de la Argentina». Resaltó que “tenemos petróleo para 11 años y gas para 8 años, a los actuales niveles de consumo. Pasamos de ser autosuficientes a deficitarios”.
Enmarcado con un cartel en favor de Famatina libre de la minería contaminante, el diputado por del Proyecto Sur, Fernando «Pino» Solanas sostuvo que la recuperación estatal “es un paso importante para la recuperación de nuestra soberanía energética y para recuperar la renta”, aunque destacó que «no sabemos qué política energética impondrá el gobierno y queremos saber si se va a respetar la ley de hidrocarburos. Queremos saber si se implementará una auditoria de todos los pozos. Necesitamos una YPF 100 por ciento Pública». El legislador denunció que las explotaciones privadas llevaron a la contaminación de las napas de aguas, tal como ocurrió en Tartagal (Salta). Ver: http://www.nortesocial.com.ar/noticia-norte-social.php?IdNoticia=387
El diputado por Nuevo Encuentro, Martín Sabatella sostuvo “quiero expresar mi voto afirmativo con mucha alegría, contento y entusiasmado por esta jornada histórica, y rindo profundo homenaje a los jóvenes que lucharon y resistieron la etapa neoliberal, ejemplificada en la presencia de Hebe (Bonafini), monumento a la dignidad y la resistencia”.
Una de las posturas más duras contra el proyecto del gobierno nacional fue el expresado por la diputada Laura Alonso, del PRO, dirigido por el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. «Por 9 años de desgobierno energético, votamos en contra. Este gobierno fue y es parte del saqueo y no vamos a permitir que sigan haciéndolo», remarcó.
Lo que viene
YPF fue fundada en 1922 y privatizada en la década de los noventa bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. La compañía controla el 32 por ciento de los hidrocarburos y el 23 por ciento de gas. Refina el 52 % de las naftas y el 59 de gasoil.
La flamante ley condiciona al resto de las petroleras privadas, habida cuenta que todas estas ya fueron demandadas por los gobernadores de las 10 provincias petroleras y las autoridades nacionales. En febrero pasado, estos exigieron incrementar la inversión y el nivel de producción, en consonancia con la mejora de la actividad económica registrada en el país durante los últimos años.
En aquel momento, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, exhortó a las empresas petroleras que poseen concesión en la provincia de Salta que realicen tareas de exploración, porque sostuvo que dicha provincia «tiene gas que la Argentina necesita para su desarrollo».
En Salta operan cinco firmas petroleras, de las cuales tres concentran el 92 por ciento de la producción de gas y el 83 por ciento de la de petróleo. Las más importantes, que operan en el departamento San Martín, son Tec Petrol, Plus Petrol y Pan American.
Precisamente, la transformación de Repsol en una empresa con mayoría estatal convierte a Pan American Energy (PAE), con participación de British Petroleum, en la mayor petrolera privada de Argentina
PAE, participada por la británica British Petroleum (BP, 60%) y Bridas (40%), es la segunda mayor productora de petróleo del país, detrás de YPF, con cerca del 20% de la extracción de crudo de Argentina.
La compañía es además la tercera productora de gas natural del país, con cerca del 15% del total, por detrás de Total Austral, de capitales franceses, y de YPF.
Bridas, accionista minoritario en PAE, está participada por la china CNOOC y la familia argentina Bulgheroni, y mantiene una disputa con BP tras el fracaso de una operación para comprarle al grupo británico su participación en PAE.
Bridas, por su parte, compró el año pasado a la estadounidense Exxon una refinería y dos centros de distribución en Argentina y unas 720 estaciones de servicio en Argentina, Paraguay y Uruguay.
PAE tiene a su cargo la operación de Cerro Dragón, el mayor yacimiento de petróleo de Argentina, situado en la provincia de Chubut, que ha extendido la licencia de explotación a la petrolera hasta el 2043.
El tercer gran jugador en el negocio petrolero argentino es la filial local de la brasileña Petrobras, con cerca del 7% de la producción de crudo de Argentina.
Petrobras Argentina es además la cuarta mayor productora de gas natural del país, con un 9% de la producción total.
Plus Petrol, de capitales locales, le pisa los talones a Petrobras en la producción de petróleo, secundada por la china Sinopec, la estadounidense Chevron y Tec Petrol, del grupo argentino Techint.
Hay otra treintena de petroleras que operan en el país, con participaciones en el sector mucho más pequeñas, entre ellas la chilena Enap Sipetrol y la estadounidense Apache.
– El autor es Periodista – Director del Diario Norte Social
