Las propuestas de Carlos Morello. En la lista 500 lo acompañan: Marcos Rodas (concejal), Pablo Medrano (diputado), Cecilia Gómez (diputada), Mónica Díaz (concejal) y Sergio Ballestero (concejal).
Resulta prioritario movilizar todos los recursos de la provincia para combatir la pobreza y la indigencia. Para ello se requieren medidas de emergencia y el diseño de estrategias que respondan a las urgencias que el conjunto de la sociedad tiene como prioritarios.
Programas de protección a la infancia: el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta, con el apoyo y monitoreo de Unicef ha elaborado un informe en donde concluye que nuestra provincia invierte en la niñez en los rubros educación, salud, protección, esparcimiento y pevención de riesgos, sólo 4.000$ anuales por chico. Esa cifra convierte a Salta en una de las provincias que menos invierte en su niñez, sólo superada por Misiones. Las consecuencias están en la vista en varias dimensiones. Según el mismo informe y analizando las estadísticas del año 2.009, el 11,4% de los niños de entre 1 y 5 años tiene déficit nutricional, mientras el índice para los bebes de hasta un año es de 5,4%. En materia educativa el nivel de repitencia en es del 4% en la primaria y 9% en EGB 3. Resulta imperioso movilizar todos los recursos del Estado provincial para achicar la brecha entre las provincias del centro y sur del país, que reciben más dinero del Estado Nacional para invertir en la niñez en relación a las provincias del NOA; pero también planificar una mejor utilización de los recursos existentes a fin de diseñar políticas públicas que protejan a nuestros niños aumentando no sólo los recursos que se destinan a la infancia, sino también los porcentajes que garanticen programas de protección de la infancia a las que el gobierno provincial destina sólo un 1% de la estructura de gastos provinciales. Algunos de esos programas que resultan insoslayables reforzar son los de deportes, recreación y cultura; desarrollo en condiciones de vida; en ayuda directa; en obras sociales; protección de niños en riesgo y en nutrición y alimentación.
Plan de reparación de la juventud: según los cálculos del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta, los jóvenes representan unos de los sectores más importantes de la población, teniendo en cuenta que un poco más 530.000 personas tienen entre un 1 y 19 años en nuestra provincia. Muchos de esos jóvenes han sido testigos y víctimas de la precarización de las relaciones sociales y en medio de ese proceso han ido desarrollando sus vidas. Un quiebre de las solidaridades sociales, laborales y políticas que fragmenta hasta límites insospechados la experiencia de individuos dejando como único horizonte de vida la inestabilidad y la incertidumbre. El fenómeno de las adicciones no puede comprenderse adecuadamente sin ese contexto y es ese fenómeno el que se ha extendido de manera brutal en la provincia. De allí que resulte un error referirse a las adicciones como un flagelo, concepto que hace alusión a una especie de desgracia que siendo externa a la sociedad misma, esta no puede más que padecerla como un infortunio. Por el contrario, las características de esa sociedad no sólo explican la dimensión del fenómeno, sino también que esa misma sociedad tiene mucho por hacer para empezar a cambiar la situación correspondiendo al Estado diseñar planes tendientes a combatirla.
Un Plan provincial de Lucha contra las Adicciones supone un abordaje integral del fenómeno, que además de garantizar la asistencia a los que padecen adiciones y luchar contra la oferta de estupefacientes, tenga en el Estado Provincial a un actor que intervenga decididamente en modificar las condiciones sociales y culturales que explican la dimensión alarmante del problema. Para ello es necesario trabajar en tres grandes ejes: a) La estrictamente terapéutico – asistencial para aquellas personas que padecen adicciones, con el objetivo de canalizar los recursos materiales, financieros y humanos del Estado para garantizar asistencias inmediatas a aquellos que asumen sus problemas con las drogas, como así también a aquellos que sin asumirlo requieran tratamiento, particularmente en lo referido a los sectores de minoridad en situación de riesgo. Para ello es imprescindible aumentar la capacidad de asistencia para desintoxicación y deshabituación, incrementando la capacidad de las instituciones estatales y de la sociedad civil para asistir a las personas adictas, optimizando para ello los centros de rehabilitación ya existentes y generando otros nuevos. b) Una lucha decidida contra la demanda de sustancias psicoactivas y que se encuentra relacionada a situaciones de época que potencian el consumo, generando campañas educativas que difundiendo valores de vida contrarios al uso de sustancias psicoactivas, divulgando información y acompañando a los grupos familiares para prevenir y sensibilizar a la sociedad en la problemática. Para ello, convertiremos a los distintos establecimientos educativos en las células de organización básicas en la lucha contra las sustancias psicoactivas, visualizando a las adicciones como una problemática social compleja, multidimensional y que involucra a toda la sociedad. c) Las funciones propiamente represivas en la lucha y control contra la oferta de psicoactivas, sumando para ello la participación de la sociedad a la lucha y control de la oferta de sustancias psicoactivas que llevan adelante los distintos organismos de seguridad de la provincia.
Este Plan provincial debe complementarse con una ley de Emergencia Juvenil que asegure los derechos de la juventud en nuestra provincia, otorgando al sector oportunidades para su pleno desarrollo a partir del pleno e integral disfrute de sus derechos humanos, políticos, sociales y económicos como actores y sujetos del proceso educativo, ético, cultural, laboral y deportivo. Para ello crearemos en el ámbito del territorio provincial el “Programa de Voluntariado Juvenil”, a fin de que los jóvenes salteños de entre 14 y 20 años puedan acceder a un ingreso mensual equivalente a una beca otorgada por la provincia a los estudiantes secundarios, a cambio de una capacitación en las áreas artísticas, culturales y deportivas. Competencias estas que luego deberá transferirse a niños de su propio barrio, fortaleciendo así los lazos de solidaridad y reciprocidad entre ellos mismos, y entre ese sector y el resto de la sociedad impulsando así una sólida inclusión juvenil. Corresponderá al estado asignar al Programa el 1% del presupuesto provincial para su puesta en práctica, porcentaje similar al que reciben anualmente las empresas privadas del gobierno provincial en el marco de las leyes 6.025, 6.064 y 7.124.
Plan de emergencia habitacional: Es de público conocimiento que son 40.000 las familias salteñas que esperan por una solución al problema de vivienda en los registros del IPV y de Tierra y Hábitat.
Son muchas las causas que explican esta situación. La brutal expulsión de mano de obra desocupada del interior provincial hacia la ciudad por la expansión de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria ayudan a explicar las conductas corruptas de muchos funcionarios del Estado que terminan apropiándose de tierras que eran patrimonio del Estado destinadas a resolver la crisis habitacional. El ejemplo paradigmático es el del caso La Ciénaga que adquirida por el Estado provincial en el año 1.998 para resolver problemas habitacionales terminaron en la mano del ex gobernador Juan Carlos Romero, luego de que el Estado enajenara esas tierras en el año 2.004. Conviene recordar que de acuerdo a información suministrada por la Subsecretaria de Tierra y Hábitat, en el año 2004 el Programa Familia Propietaria recibió 4.000 solicitudes de familia de escasos recursos que demandaban una solución habitacional y solo se entregaron 500 terrenos. Si las 90 hectáreas de Finca La Ciénaga hubiesen sido destinadas a satisfacer los fines habitaciones y el bienestar general perseguido podrían haber resuelto el reclamo de de 4.500 familias salteñas.
El Estado provincial debe anteponer el interés social al interés particular de los reducidos grupos de especuladores inmobiliarios, dando un uso social a las miles de hectáreas que se encuentran paralizadas por la especulación inmobiliaria, disponiendo de los terrenos y recursos presupuestarios de emergencia que permitan atender a las demandas planteadas a través de dos medidas. Acceso a terrenos y créditos que permitan a esas familias construir una vivienda; y puesta en marcha de un Plan de construcción de viviendas que no sólo ayudara a resolver el problema habitacional, sino también a combatir la desocupación que existe en la provincia.
Políticas anti inflacionarias: el aumento sostenido de precios, especialmente en los productos alimenticios, disminuye progresivamente el poder adquisitivo de la población golpeando con crudeza a los asalariados y los sectores más vulnerables de la sociedad. La actual gestión provincial se desentiende del problema aduciendo que la inflación es un fenómeno macro económico que haría inútil cualquier medida provincial destinada a disminuir la suba de los precios. Que el fenómeno inflacionario respondan a variables que trascienden el ámbito provincial es correcto, pero también lo es que, siendo el proceso inflacionario el resultado de la conducta de diversos actores económicos, el Estado provincial puede y debe instrumentar medidas destinadas a combatirla a fin de que la suba de precios no se convierta en el mecanismo de apropiación que sectores de la economía utilizan para quedarse con parte de los ingresos que los sectores trabajadores y populares obtienen con su trabajo.
Resulta insoslayable que el ejecutivo provincial realice acuerdos de precios con sectores de la producción y las cadenas de comercialización, destinando el personal necesario para realizar un control efectivo de los precios finales de, al menos, los productos imprescindibles de la canasta de consumo familiar. Igualmente, corresponde al Estado evitar, detectar y sancionar las maniobras empresarias destinadas esquivar los términos de los potenciales acuerdos a través de la distribución de productos al mismo precio pero de inferior calidad, o tamaño menor. A nadie escapa que una política de acuerdo y control de precios está lejos de representar “la” política anti inflacionaria, aunque indudablemente en periodos convulsionados como los que vivimos representa una herramienta útil al bienestar general y la preservación del poder adquisitivo de las mayorías. Herramienta a las que deberán acompañar otras medidas de promoción que generen un clima económico que facilite mayores inversiones y actores productivos que rompan con la concentración económica actualmente existente en el país y en nuestra provincia. En ese marco, la publicación mensual por parte del Ejecutivo provincial del Índice de Precios al Consumidor resulta de una gran utilidad para el diseño de políticas económicas específicas, si es que los indicadores calculados representan efectivamente una canasta de consumo habitual de los hogares salteños y las cifras difundidas son objeto de la credibilidad general.
Reforma de la política fiscal: es imprescindible una Reforma tributaria que modifique un sistema que desde hace décadas exhibe un perfil duramente regresivo. El estudio de los distintos presupuestos provinciales, incluido el aprobado para el año 2.011, lo confirman. Revelan que nuestra provincia carece de políticas fiscales que le generen recursos genuinos (los ingresos generados por el Estado Provincial en el presupuesto 2011 se calculan que representarán sólo el 22% del total) y que siguen atadas a una filosofía netamente noventista. En donde mejor se evidencia la ausencia en nuestra provincia de un sistema tributario progresivo en donde los que más tienen, aporten más al financiamiento estatal para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad, es en la vigencia de las leyes 6.025, 6.064 y 7.124 que surgidas dentro del proceso de apertura al mercado y de incentivo de las actividades privadas, impulsan un “estímulo al crecimiento” de la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública. Y es que todas estas leyes fijan en su articulado la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales, librando casi por completo de presión fiscal a los beneficiarios.
Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que “el desarrollo productivo” vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados. En ese marco, la provincia cuenta, por ejemplo, con actividades económicas primarias de enorme rentabilidad por su condición de exportadora que aporta a las arcas de la provincia en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural solo el 0.14% de los recursos presupuestarios de la provincia.
Recuperación de los recursos nacionales estratégicos: nuestra provincia debe alienarse con las fuerzas políticas y sociales de la nación que bregan por la nacionalización del petróleo, el gas, la gran minería y otros recursos naturales estratégicos, a fin de garantizar nuestra soberanía y disponer de la renta generada por ellos -del orden de los 25.000 a 30.000 millones de dólares anuales en todo el país. Debemos también bregar por una modificación inmediata del Código de Minería que permite a las corporaciones transnacionales mineras y a sus socios locales una explotación irracional, depredadora y que drena hacia el exterior la casi totalidad de las riquezas de nuestro subsuelo. En el caso de las regalías, por ejemplo, se da un caso que evidencia el desprecio por la propiedad pública. Según el presupuesto 2.011, la provincia planea recaudar por “Regalías Mineras” la ínfima suma de 600.000$.
Cabe aclarar que la actividad se encuentra exenta del impuesto a las actividades económicas, y por ende la carga fiscal provincial sobre ellos es nula. Así las cosas, una actividad que representa el 3,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG) Provincial (producción total de bienes y servicios finales de la economía salteña), aporta sólo un 0,008% de los recursos totales. Si quisiéramos tener una imagen más benévola con respecto a la política minera y sumáramos a los 600.000$ los 2.690.000$ que la actividad aporta por el concepto de canon, obtendríamos un total de 3.290.000% que representaría tan sólo un 0,04% del total de recursos. Valga aclarar que esa cifra de 600.000$ es superada por los ingresos producidos por el Servicio Penitenciario en el rubro “venta de bienes y servicios”, aportando 1.052.000$. Y que también es superada por el dinero que las escuelas Técnicas de la provincia aportaran a la provincia: 800.000$.
