El presidente de Arauca Bit admitió en el Senado que gana 44 mil pesos mensuales y “gratificaciones” por 750 mil. Página 12 había revelado los sueldos en capitalización.
– 12 de noviembre de 2008
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión del Senado recibieron ayer a la Unión de AFJP, la cámara que agrupa a nueve de las diez administradoras de jubilación privada. La delegación empresaria estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Sebastián Palla, y seis ejecutivos de distintas compañías.
En medio de su defensa del sistema de capitalización, se toparon con una pregunta incómoda: “¿Cuánto ganan los máximos directivos de las AFJP?”. La consulta la formuló el senador formoseño José Mayans (PJ), en base a una investigación que publicó Página 12 el último domingo, con datos precisos de sus ingresos.
El presidente de Arauca Bit, Jorge Saumell, confirmó que su sueldo es de 44.000 pesos y que en el último año recibió “750.000 pesos con la gratificación incluida”. “Es escandaloso”, les reprochó Mayans a los empresarios.
El senador le trasladó la pregunta al representante de Consolidar para saber si el presidente de la AFJP, Carlos Horacio Peguet, ganó 2,1 millones de pesos el último año. El directivo se negó a precisarlo y se remitió a la “información pública” a disposición, en un virtual reconocimiento de lo publicado por este diario.
En efecto, Peguet obtuvo 2,1 millones de pesos los últimos doce meses. Además de Peguet, Consolidar cuenta con cinco directores más, que ganan poco menos que su jefe. También el gerente de inversiones tiene ingresos similares. El staff de ejecutivos de primera línea se completa con otros nueve gerentes, que perciben un promedio de 30 mil pesos por mes más premios y bonos por rentabilidad. En total, la primera línea de Consolidar recibe ingresos por casi 20 millones de pesos al año.
Mayans calificó de “escandalosos” esos ingresos cuando, según dijo anteayer el titular de la Anses, Amado Boudou, entre octubre de 2007 y el mismo mes de este año, las AFJP perdieron 27 mil millones de pesos de los fondos administrados de sus afiliados. Las pérdidas no se trasladaron a los bolsillos de los directivos, cuyos premios e incentivos se relacionan con cuántos afiliados logran captar de otras empresas y de los ingresantes al mercado laboral.
Los salarios de los presidentes de las AFJP van de 47.000 a 110.000 pesos; los de los gerentes, de 28.000 a 70.000.
A esos haberes se suman bonos extras por la rentabilidad de la compañía, que está asegurada aun cuando las inversiones que realizan generan enormes pérdidas a sus afiliados.
Estos fabulosos salarios se pagan con las elevadas comisiones que las AFJP cobran por administrar los fondos.
Entre las diez AFJP que operan en el mercado suman 150 ejecutivos de primer nivel y gastan en sus remuneraciones cerca de 200 millones de pesos por año.
No fue el único momento tenso para los representantes de las AFJP. La senadora de Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, quien anticipó que votará en contra del proyecto oficial, quiso saber qué jubilaciones son más altas, si las de reparto o capitalización. Palla se escudó con el argumento habitual: “Si se toma sólo el componente de capitalización es bajo porque el sistema sólo tiene 14 años y nadie pudo acumular 30 años de aportes”. El senador Fabián Ríos (FPV) repreguntó cuánto generaron de jubilación esos 14 años en capitalización y cuánto en reparto. Ni Palla ni los otros ejecutivos, que se fueron pasando el micrófono, pudieron dar una respuesta.
El dato lo dio Anses semanas atrás: en todos los casos los aportes a reparto en ese período permiten mejores haberes que en capitalización, debido a la caída de los fondos administrados por las sucesivas crisis financieras, por el elevado nivel de comisiones en capitalización y la rebaja de aportes en ese sistema entre 2001 y 2007.
Los senadores también escucharon al especialista Guillermo Jáuregui, quien retrucó a Palla cuando pidió mantener la libertad de opción entre sistemas. “Ahora defienden la libertad quienes la negaron durante años”, dijo, en referencia al fuerte lobby que ejercieron las AFJP de 1994 a 2007 para oponerse a los traspasos, hasta que finalmente el Ejecutivo lo promovió el año pasado.
