Conflicto y represión policial en la Comunidad de La Puntana, Rivadavia, Salta

Los Legisladores de la zona están implicados en el conflicto.

El día 20 de abril de 2013, un equipo de la Comisión de DD HH de la UNSa., integrado por miembros docentes y estudiantes de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Salud, arribó a la comunidad de la Puntana a las 08.00 de la mañana, con el objeto de
tomar conocimiento, relevar y documentar a partir del contacto directo con la comunidad, los acontecimientos y consecuencias del conflicto y del accionar de las fuerzas policiales en dos ocasiones, pero fundamentalmente los graves sucesos del día 17, que resultó con 7
personas detenidas y más de 15 heridos.

A las 8,30 hs se da inicio al diálogo con los miembros de la comunidad. Desde esa hora, comienzan a llegar familias de la propia comunidad de La Puntana y delegados y representantes de comunidades vecinas, como expresión de acompañamiento y solidaridad.

El número de participantes se va incrementando paulatinamente, hacia las 14 horas, se verifica una nutrida concurrencia a la reunión. Seguidamente, se exponen los testimonios principales, manteniendo la secuencia tanto del orden de exposición de los mismos como
de los hechos vinculados a la jornada, la presencia del funcionario de Gobierno y la visita a la casa del cacique Marcos Lucas.

– Sr. Francisco Luna

Su testimonio comienza con el relato de la problemática de la escuela, que originó los conflictos. Indica que el Sr Marcos Lucas, solicitó una auditoría por el manejo de los fondos destinados al comedor escolar. Expresa que la comida servida era insuficiente y de mala calidad “siempre polenta” y que los niños comían sentados en el suelo.

“Marcos sabía las consecuencias de pedir la auditoría y la mejora de la
educación”. A la escuela llegó el supervisor, muy pocas veces los supervisores visitan la comunidad y, a partir de su presencia tomaron conocimiento del conflicto. Además, indica que ellos conocen que a la escuela ingresan aproximadamente un caudal de $45.000, los cuales deben ser destinados a comedor, refacciones y combustible. En sus
palabras, no se usó todo ese dinero para los fines específicos a los que fue destinado.

Un miembro del equipo le pregunta si existe una cooperadora, a lo que Luna responde que durante el año 2009 se conformó una comisión, pero que no fue representativa porque los miembros de la comunidad no aceptaban a los integrantes. Entonces los
miembros de la comunidad deciden hacer otra comisión, por lo que desde 2010 comienzan a funcionar dos comisiones para la cooperadora en simultáneo.

Indica que las divisiones políticas es lo que está perjudicando a Puntana. Desde que se conoce la cantidad de dinero que se maneja en la escuela comenzaron los problemas.

Francisco Luna indica que se encuentra triste. Que siente que se cometen grandes injusticias en contra de los pueblos originarios. “Siento un inmenso dolor”, manifiesta.

En relación con los sucesos del día 17, dice que el problema comenzó con el arribo de una persona que los engañó al hacerse pasar por un funcionario de la cartera de Educación de la Provincia. En lo personal, Luna informa que fue fuertemente golpeado por la policía y luego trasladado a la comisaría de Aguaray.

Señala que junto a él fueron detenidos injustamente jóvenes y ancianos que únicamente reclamaban la solución del conflicto educativo. Le parece totalmente injusta la detención de personas que ayudan a la comunidad, como Germán Díaz (pastor de la
Iglesia Pentecostal ubicada en la Misión). Señala que ellos tienen pruebas fílmicas de lo ocurrido, y que actualmente reclaman un acuerdo y la solución del caso.

– Sr. Acevedo Ramón (Segundo Cacique de la comunidad)

Indica que en Puntana existen 500 niños que asisten a la escuela y que son ocho los maestros que trabajan en doble turno. Afirma que ellos contemplaban el pedido de la auditoría como una forma de mejorar la educación para sus hijos. Pero que sin embargo se logró una terrible golpiza para los hombres, mujeres y niños que se manifestaban tranquilamente. Al día de la fecha llevan cincuenta días de lucha y dos enfrentamientos con la infantería de la policía.

Señala que el objetivo es lograr lo que ellos legítimamente demandan al Estado. Quieren justicia para los siete hermanos detenidos por la policía. Hoy en día, afirma, “la escuela la consideramos aquí como un centro de detención”. Está rodeada de policías, y lo único
que ellos piden es justicia como pueblos originarios. Sostiene la idea de continuar con firmeza la lucha iniciada, pero con voluntad de diálogo.

En el recuento de los hechos del 17 de abril, Ramón indica que ellos se encontraban realizando una marcha pacífica de la que participaban niños, adultos y mujeres. Ellos no sabían que había miembros del gobierno provincial en la escuela. Luego les indicaron que se encontraba un Secretario del Ministro de Educación. Ingresan entonces siete representantes de la comunidad, con la intención de dialogar. Desde dentro de la escuela son cerradas las puertas, quedando ellos acorralados e interpretando el hecho como una
emboscada por parte de la infantería para apresarlos. Salieron los siete esposados, indicando que el funcionario no era tal, sino una persona disfrazada. Señala que ellos cuentan con filmaciones del día de los hechos.

Al momento de ser interrogados por un miembro de la Comisión de DD HH de la UNSa. respecto de cuál sería la solución que ellos persiguen. Luna responde que ellos exigen e insisten con solicitar, en primer lugar, la reincorporación de los dos maestros auxiliares bilingües que han sido apartados de sus cargos (el Sr. Marcos Lucas y el Sr.
Rafael Pérez) y la realización de la auditoría solicitada a los fines de conocer el destino de los fondos que son destinados anualmente a la Escuela Primaria Nº 4.216 «Olof Fabián Johnson Severín». Refuerza luego la voluntad pacifista, al indicar que “el lema nuestro es el diálogo”.

– Sr. Sandoval Saravia (anciano wichí y cacique de la comunidad de El Bordo)

Hace referencia a la situación de la escuela y se solidariza con los miembros de la Puntana en su reclamo justo, además los acompañó en la manifestación del día 17 de abril. Señala que ingresaron a la escuela para dialogar y les cerraron las puertas, dejándolos encerrados adentro. Señala el sentido de malestar que sienten todos los wichí de la zona. No concuerda con los modos en que la comunidad se está fraccionando, contando en la actualidad con dos bandos definidos, uno compuesto por ocho caciques (coordinados por Pablo Solís) y por otra parte Marcos Lucas, quien según sus palabras,
es el verdadero cacique elegido en asamblea.

Sandoval Saravia fue apresado el día 17 y llevado a la comisaría de Pocitos, junto al Sr. Germán Díaz, quien da su testimonio a esta Comisión:

– Sr. Díaz Germán. Pastor de la Iglesia Pentecostal “Asamblea de Dios”. Fichero de culto N° 492.

Se refiere a la situación actual de la Escuela de La Puntana. Afirma la legitimidad de Marcos Lucas como el cacique elegido por asamblea comunitaria. Como antecedente de los hechos previos a la jornada del 17, que el día 16 de abril se produjo un desencuentro entre los dos bandos de caciques en la comunidad.

Nombra a los Sres. Legisladores de la zona como implicados en el conflicto. Señala que tras el retiro de la directora de la escuela llegó un nuevo director, del cual desconocen el nombre, sin saber también si éste director ha realizado algún informe con el recuento formal de los hechos sucedidos en la comunidad en los últimos días.

El pastor nombra quienes fueron las personas detenidas en aquella jornada:

Sr. Ramón Acevedo, Sr. Vicente Pérez, Sr. Luis Díaz, Sr. Inocencio Viltes, Sr. Sandoval Saravia, Sr. Francisco Luna y Sr. Germán Díaz. Además de los golpes que recibieron al ser detenidos, reclaman por el correteo de niños y mujeres, el disparo de balas de gomas y
gases lacrimógenos contra miembros de la población que estaban manifestándose o sólo observando la situación.

– Sr. Carlos JUÁREZ (mientras él habla llega a la reunión el Lic. Federico Hanne, Secretario de Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno).

El Sr. Juárez asume que el hecho ocurrido en Puntana el 17 de abril de 2013 es parte de la persecución llevada adelante por el Estado contra los pueblos indígenas, la cual lleva siglos. Interpelando al gobierno pregunta: ¿qué solución nos pueden dar?, ¿quién es el
culpable de lo sucedido?

Señala una sensación de incomprensión hacia los pueblos indígenas ya que ellos no tienen voceros calificados para expresarse en relación de paridad con los blancos. En sus términos, la principal carencia en la zona es la falta de trabajo y de solución al problema de las tierras, lo cual desencadena los otros conflictos. Indica que el Jefe de Policía de
Tartagal es el principal responsable de la represión policial sufrida el día 17, ya que, según sus dichos, él ordenó que se disparasen balas de goma desde dentro de la escuela.

En favor de Marcos Lucas, esgrime que el cacique tenía la voluntad de entregarse, para que se detuviera la balacera en contra de niños y mujeres. Pero que los adultos y ancianos le recomendaron no hacerlo para preservar su integridad.

Como resultado de los hechos del día 17 de abril resalta que la comunidad ahora siente que la escuela le produce miedo. Se produjo una “pérdida de confianza” hacia las instituciones. Y “lo lamentable es que muchos de los conflictos y divisiones en la comunidad se producen por el acceso a la personería jurídica”. Solicita que no suceda
algo así nuevamente.

– Sr. HANNE, Federico (Secretario de Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno).

Pide perdón, en nombre del gobierno, por los sucesos relacionados con la escuela.

Asume que si se llegó a tal grado de violencia es porque el gobierno ha cometido errores. También indica que los errores no son unilaterales, sino que deben ser compartidos entre el gobierno y las comunidades. Indica la urgencia de solucionar el conflicto, ya que la escuela no es para determinados sectores políticos, sino que es para
todos, y que los más desprotegidos en este caso, son los niños.

– Sr. Tito CONSTANTINO:

El Sr. Constantino habla luego del delegado del Gobierno Provincial. En primer lugar, su intención es manifestar la fuerte adhesión que tiene la figura de Marcos Lucas entre los presentes, del cual se considera su vocero. Constantino admite que él lo votó al actual gobernador en las últimas elecciones, poniendo en su voto la confianza en una
persona. Les pregunta a los presentes si ellos también lo habían votado, a lo que la mayoría responde “Sí”.

Pero ahora, (con todo lo que pasó) la escuela no puede retomar las clases por unos días en señal de duelo, que no haya tampoco festival de Jorge Rojas ni del Chaqueño Palavecino”. Se abusaron de nuestra confianza”, dice. “Para la gente rica, nosotros somos
como perros” y afirmó: “lo más grave es que el gobierno no nos escuchó durante 45 días”.

El Sr. Constantino indica que el pueblo se encuentra dolido y debilitado por lo sucedido, sobre todo en la confianza con la gente blanca. Afirma que entre los indígenas nunca existieron prófugos, que Dios no les permite a ellos realizar esas acciones, por lo que es
imposible que Marcos Lucas haya intentado escapar de la justicia, como lo plantearon algunos medios periodísticos desde Salta. Señala que el estado de salud de Marcos Lucas no es favorable, que se encuentra mal por lo sucedido.

Seguidamente invita al Secretario de Relaciones con la Comunidad y a los miembros de la Comisión de DD HH de la UNSa a verlo, por lo que nos dirigimos a su vivienda, ingresando a la habitación en la que se encuentra, y en la cual mantiene un diálogo con el Sr. Hanne, desde la cama en la que hace reposo. El funcionario de gobierno le expresa la necesidad del diálogo, le dice que garantizará que no sea perseguido por la justicia y que regresará el día lunes.

– Sr. Ervis Díaz. Joven miembro de la comunidad y estudiante universitario (UNSa).

Dice que junto a su compañero Osvaldo Villagra se encuentran allí porque se sienten hijos del pueblo, y quieren apoyar la demanda contra la represión sufrida el 17 de abril. Señala como una paradoja que mientras en Salta Capital se celebraba la semana del indio americano, en su comunidad la infantería estaba tirando balas de goma a niños, mujeres, adultos y ancianos. Indica que se hace urgente tomar evidencia de los daños físicos producidos por las balas y el ataque policial.

Todavía en presencia del funcionario Hanne (quien expresa que debe retirarse a Tartagal), comienzan a pasar al centro de la reunión hombres, mujeres y niños heridos,
mostrando las repercusiones físicas del violento ataque. Se adjuntan imágenes.

Pie de niño alcanzado por una bala de goma

Espalda de joven con múltiples heridas de bala de goma

Una anciana de la comunidad interviene diciendo que los gases lacrimógenos afectaron mucho a todos, especialmente a los niños. Que las mujeres tuvieron que sufrir que algunos de la infantería muestren sus armas como si fueran sus penes, haciendo señas obscenas.

Se le pide al funcionario de la Provincia que se comprometa firmando un acta, a lo que finalmente accede, el texto del acta es el siguiente:

La Puntana, 20 de abril de 2013

En reunión de la Comunidad de La Puntana, con sus caciques, pastores, mujeres, ancianos y caciques y miembros de otras comunidades de la zona, en presencia de miembros de la Comisión de DD HH de la UNSa. y de la representación del CPI (INAI), se acuerda con Federico Hanne, Secretario de Relaciones con la Comunidad del
Ministerio de Gobierno de la Provincia, siendo las 12,30 horas los siguientes puntos:

– 1. El retiro de la Infantería de la Escuela y de los alrededores de la Comunidad de La Puntana.

– 2. Tramitar el levantamiento fehaciente y efectivo del pedido de captura contra Marcos Lucas y demás imputados en la causa.

– 3. Atención médica de Marcos Lucas y los heridos del 17 de abril, durante la represión policial.

– 4. Dialogar el día 22 de Abril con los dirigentes de la comunidad y el cacique Marcos Lucas.

Firma Hanne y ratifican los presentes

Una vez retirado el Sr. Hanne, se continúan tomando declaraciones que narran, en detalle y en forma coincidente, lo sucedido el día 17 de abril: Ese día, una manifestación numerosa realizaba una protesta frente a la escuela, la policía, acuartelada adentro de la
escuela, hizo saber a los manifestantes que en el interior se encontraba un funcionario del Ministerio de Educación. Entraron a la escuela para dialogar y fueron apresados, el supuesto funcionario era un policía de civil (está filmado).

Los detenidos, habrían sido sacados de la escuela por los fondos del predio, (de acuerdo a los testimonios, se cortó el alambre perimetral) y trasladados algunos de ellos a Tartagal, otros a Aguaray.

Posteriormente fueron liberados, pero desconocen cuál es su situación ante la justicia, ya que no contaron con un defensor oficial y no tienen acta o documento que explique el trámite por el que pasaron.

En forma simultánea a la detención, a través del procedimiento relatado, se produce la dispersión de la manifestación con balas de goma (numerosos cartuchos fueron guardados por los miembros de la comunidad) y gases lacrimógenos. Se registraron también heridos
por fuertes golpes en el cuerpo y la cabeza. Mujeres y niños fueron reprimidos por igual.

Los testimonios y los videos muestran el problema de la atención de los heridos en condiciones muy precarias, de esta situación da cuenta el testimonio de la agente sanitaria.

Joven con marca de bala de goma en la frente

Mujer exhibiendo golpes en su cuerpo

Antes de retirarse la Comisión, los miembros de la comunidad redactan una segunda acta dirigida al Ministerio de Educación de la Provincia, en la que se observa que continúan solicitando la satisfacción de las demandas que originaron el conflicto:

La Puntana, 20 de abril de 2013

Al Ministro de Educación

de la Provincia de Salta

Roberto Dib Ashur

S / D

Los abajo firmantes solicitan en carácter de urgente:

– 1. La reincorporación de los Sres. Lucas, Marcos, DNI N°30.811.682 y Rafael Pérez, DNI 27.407.586 como maestros auxiliares bilingües de la Escuela N°4216.

– 2. Que se realice una auditoría para ver cómo se gestionaron los fondos del
comedor de la escuela y se realicen los sumarios correspondientes.
Firman cacique de Puntana y de otras comunidades, ancianos, mujeres, pastores y comunidad en general.

CONCLUSIONES

En los diversos testimonios de las personas que pudimos entrevistar, se evidencia la existencia de un importante conflicto interno. Su elucidación excede el marco del presente informe tanto por el propósito de nuestra presencia en la comunidad; como por
el tiempo que requeriría una investigación en profundidad sobre el tema. Esto define un contexto de gran complejidad en las relaciones sociales y políticas de La Puntana en conexión con las relaciones políticas en la zona.

Debemos tener en cuenta también que detrás de la emergencia de los conflictos y hechos relatados, existen situaciones estructurales como la ausencia de resolución sobre los reclamos de tierra en la zona, de muy larga data. Existe abundante bibliografía del proceso de demandas de los lotes 55 y 14 que comienza en la década del ochenta del siglo pasado, continúa con la creación de la Asociación Lhaka Honhat en 1992, diversas protestas y recurrentes dilaciones gubernamentales, inclusive, entre una serie de antecedentes, existe un informe oficial exhaustivo de la problemática, publicada por el
PEP [1] y la ulterior admisión del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[1] Publicación: Gob. de la Prov de Salta, Antecedentes relativos a las tierras públicas del Lote Fiscal 55, Area Pilcomayo, Provincia de Salta, Salta, Abr de 1995 (Informe de las Universidades).

El proceso actual depende del Ministerio de Justicia y DD HH de la Provincia de Salta.

No debemos olvidar que existe una profunda interrelación entre los diversos derechos de los pueblos indígenas (los principales; la tierra y la educación), y que el incumplimiento por parte del Estado, contribuye a incrementar la enorme brecha existente entre el reconocimiento de los derechos y la garantía efectiva de los mismos. Mientras esto
sucede, se agravan las condiciones de vida de las comunidades indígenas, sumado a la falta de trabajo y a una pobreza generalizada.

Con respecto a la represión ocurrida el día 17 de abril:

Tanto los hechos sucedidos como los procedimientos utilizados por la fuerza de seguridad que intervino, no se condicen con los propios del Estado de Derecho:

· Las circunstancias del engaño para apresar a los líderes es una muestra de ello.

· Se ha empleado la fuerza represiva contra manifestantes y contra mujeres y niños, lo que equivale a decir que nos encontramos ante situaciones de desprotección y abuso contra la mujer y la niñez indígena.

· Se ha amenazado a las mujeres en su condición de tal.

· No se proveyó de asistencia médica a los heridos. En este sentido, de acuerdo a la Declaración Universal de DD HH y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho Inalienable. Esto implica la
obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos. Entendemos que, de acuerdo a las situaciones constatadas, las que se relacionan con la falta de insumos y de personal para la atención de los heridos, se incumplieron los derechos relacionados con la atención integral, en base a los criterios de accesibilidad, disponibilidad y calidad.

· Se detuvo a personas sin las órdenes correspondientes como tampoco las respectivas actas de declaración.

· Según surge de la opinión de los propios afectados, se convirtió a la escuela en un centro de detención y en el lugar del que provino la represión. Puede constatarse que, hasta el día 20 de abril en horas de la tarde, la Infantería continuó ocupando la escuela.

Con respecto al conflicto de la Escuela:

· No se han resuelto las cuestiones de fondo que dieron lugar a las protestas, principalmente las vinculadas a los pedidos de auditoría de la escuela por el uso de los fondos del comedor y la reincorporación de los dos auxiliares bilingües (ver acta transcripta en este informe). Sobre estos puntos se desconoce si existe una intervención del Ministerio de Educación o un informe sobre el tema. Diversos testimonios dan cuenta también de la ausencia en la zona del conflicto del IPPIS y de funcionarios de Salud, Educación, Pueblos Originarios y DD HH de la provincia.

· Es necesario reafirmar que, entre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, se encuentra el derecho a una educación basada en la interculturalidad y sostenida por los principios de consulta y participación consagrados en toda la normativa vigente, por lo que consideramos que la falta de consulta a la comunidad de La Puntana, está en la base del conflicto generado.

· Se recomienda la creación de una Comisión Investigadora Independiente que analice la situación de la escuela en relación al conflicto suscitado, respetuosa de la participación y consulta a los diversos sectores de la Comunidad de La Puntana.

Por todo lo antedicho, entendemos que los graves acontecimientos ocurridos y la consecuente criminalización de la protesta social constituyen una clara violación de la Constituciones Nacional y Provincial, de convenios internacionales con rango constitucional, de los Derechos Humanos, de los Derechos indígenas y de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Firman el informe:

– Dra. Catalina Buliubasich, Esp. Alejandra Bergagna, Lic. Macarena Ossola, Sres. Osvaldo Villagra y Ervis Díaz.