El 7 de agosto de 2012 el Poder Ejecutivo dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia que determinó «la expropiación de Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone)». La decisión fue avalada después por el Congreso de la Nación. Aunque algunos opositores, como Luis Juez, Pino Solanas y el senador Luis Naidenoff de la UCR acompañaron la medida, en la mayoría de las bancadas opositoras interpretaron la sanción de la norma como un intento de protección para el vicepresidente. Para el nuevo fiscal de la causa, Jorge Di Lello, quien reemplazó a Carlos Rívolo, la medida representaba todo lo contrario: «la expropiación de Ciccone debería facilitar la investigación», me dijo en una entrevista para Vorterix, y le pidió al magistrado que libre un oficio a la Casa Rosada y otro al juez comercial del caso, para evitar que se cobre el monto de la expropiación sin que se conozca quienes son los verdaderos responsables del misterioso grupo The Old Fund.
Parece una obviedad: cuando los dueños de la empresa expropiada vayan a buscar el dinero, se terminarían todos los misterios. Sin embargo, como bien lo señaló Hugo Alconada Mon el domingo pasado en el diario La Nación, se cumplieron cien días de la intervención y todavía no se conoce quiénes son los dueños de la cuestionada empresa. Desde entonces pasaron muchas cosas.
A pocos meses de asumir como vicepresidente, Boudou se vio envuelto en el escándalo. Laura Muñoz Tokatlian, ex pareja del contador Alejandro Paul Vanderbroele, administrador de la empresa que podía imprimir papel moneda, denunció en el programa Sin Filtro de Radio Mitre, que este era «testaferro de Boudou». Así tomó estado público la causa por la quiebra de la imprenta y el posterior levantamiento de la medida, supuestamente, a instancias del entonces ministro de Economía.
Como lo cuento en el libro Kamikazes: según la denuncia judicial la imprenta Ciccone Calcográfica –fundada en 1951 y una de las más importantes del país- tenía problemas económicos y financieros graves desde 2008. La AFIP le pidió la quiebra por poseer una deuda superior a 200 millones de pesos. En agosto de 2010, la justicia comercial hizo lugar a ese pedido. La planta de Ciccone, ubicada en Don Torcuato, fue alquilada por la empresa Boldt S.A., dedicada a la impresión y los juegos de azar. Poco después, una nueva presentación de la AFIP determinó el levantamiento de la quiebra y la cesación del alquiler. La empresa recibió una moratoria con quita de intereses y de multas. El salvataje de Ciccone se produjo después gracias a un aporte de 567 mil pesos de un fondo denominado The Old Fund, cuyo director era Alejandro Vandenbroele. Ante la consulta que le hizo la AFIP, el ministerio de Economía prestó su acuerdo al levantamiento de la quiebra para «permitir la continuidad de la empresa, en sintonía con lo que ha sido siempre un objetivo claro del Gobierno de mantener fuentes de trabajo; pero dentro de las atribuciones legales y sin que ello signifique una mengua del interés fiscal». En esta última frase se apoya Boudou para sostener que no autorizó nada que pudiese afectar los intereses del Estado.
Pero pasaron muchas otras cosas en esta causa: el allanamiento de un departamento propiedad de Boudou en Puerto Madero fue una de las más significativas. El inmueble está alquilado desde mediados de 2010 al empresario Fabián Carosso Donatiello, amigo de Vandenbroele. Según trascendió, allí el juez encontró algunas boletas de servicios a nombre del gerente de la ex Ciccone. Boudou brindó una conferencia de prensa en el Senado denunciando una operación en su contra en la que involucró al juez Rafecas, al titular de la Bolsa de Comercio, al Procurador Esteban Righi, a la empresa Boldt y al Grupo Clarín, entre otros. Rafecas fue recusado y se alejó de la investigación y Righi, uno de los hombres más respetados dentro y fuera del gobierno, renunció a su cargo. También presentó sendas denuncias que fueron desestimadas.
La justicia federal, a través del nuevo juez Ariel Lijo, investiga si el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, intercedió a favor de Ciccone en defensa de intereses particulares y, además, pretende determinar cuáles son los verdaderos dueños de la empresa y el origen de los fondos que se utilizaron para comprarla. El fiscal Di Lello está convencido de que la investigación arrojará buenos resultados.
Más allá de los costos políticos pagados por el gobierno y del resultado final de la investigación judicial, el futuro político de Amado Boudou quedó hipotecado. Con todo, si la justicia argentina no logra determinar quiénes son los dueños de una empresa que se dedicó a imprimir moneda de curso legal, es mejor que se cierren las persianas de los juzgados y se utilicen las oficinas para otra cosa.
– Reynaldo Sietecase
