“Todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial”, afirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo sobre la llamada Ley de Medios.
En este sentido, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) puede afirmar que la citada ley ya ha perdido su sentido, por cuanto no solo no existe una política pública transparente en materia de publicidad oficial, sino que en los últimos años esta fue objeto de un uso brutalmente arbitrario y discrecional, que no reconoce parangón desde la recuperación de la democracia en nuestro país, de lo que se cumple hoy el trigésimo aniversario.
En estos 30 años, luces y sombras enmarcaron el desenvolvimiento de la actividad periodística, pero nunca como hoy se ha utilizado la herramienta económica para sofocar a la libertad de prensa.
Ya no se persigue físicamente o se encarcela, como ocurriera en la Argentina del siglo XX. Esos son métodos burdos, que resultarían muy difíciles de explicar y de ocultar. Hoy se emplea el ahogo económico y financiero para procurar someter a los medios de comunicación independientes.
En su extenso fallo, la Corte sostiene que “la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía preliminar al disenso y al debate plural de ideas”.
Siguiendo el mismo razonamiento que expusimos más arriba, podemos afirmar entonces que la labor del Estado ya está desvirtuada, porque todo lo que advierte el máximo tribunal ya está sucediendo.
Por eso, ADEPA no puede dejar de plantearse que el fallo se debate entre lo formal y lo real.
Lo formal, como queda demostrado, se da de bruces con lo real, por cuanto todo lo que la Corte advierte que desvirtuaría el sentido de la ley, ya venía sucediendo antes del dictado de la sentencia. Cabe por ello preguntarse si quienes firman el despacho mayoritario del fallo ignoran lo que está ocurriendo en materia de comunicación audiovisual en la Argentina.
No podrían ni deberían desconocer en manos de quiénes están hoy las licencias de los principales canales de televisión de Capital Federal, ni a quiénes se les han concedido licencias de medios audiovisuales desde la sanción de la ley a partir de 2009 hasta la fecha.
En lo formal, en otro párrafo del fallo, la Corte sostiene que “si los medios públicos en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”, también queda desvirtuada la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado. En lo real, esto ya está ocurriendo.
En lo formal, la llamada “televisión pública” debiera dar cabida a la más amplia pluralidad de voces de todos los sectores sociales y políticos de la Argentina. En lo real, el ciudadano advierte cotidianamente que el contenido de esta llamada “televisión pública” responde a fines de difusión y propaganda del gobierno nacional.
En lo formal, el máximo tribunal señala que no resulta admisible que solo una importante economía de escala garantice a un medio periodístico la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Agrega que hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen esa función crítica.
En lo real, a raíz de su relativamente acotada área de influencia, los medios pequeños o medianos pueden llevar adelante un periodismo crítico sin mayores contratiempos, en virtud de que ese alcance limitado lleva a no generarle preocupación al gobierno nacional.
La importancia de la sustentabilidad y de la rentabilidad económica de los medios fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos de un fallo por el cual se sostuvo la inaplicabilidad del congelamiento del precio de tapa de las publicaciones periodísticas dispuesto en 1985. Sostuvo entonces la Corte que sin una prensa económicamente sólida e independiente existiría una democracia desmedrada y puramente nominal.
En lo formal, ahora la Corte dice que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal. Es decir que el fallo actual recoge considerandos de hace casi treinta años.
En lo real, el fallo ahora conocido va en detrimento de la sustentabilidad y de la necesaria rentabilidad empresaria, imprescindibles para la existencia de vigorosos medios independientes a través de los cuales se puedan escuchar otras voces que no sean las del gobierno de turno, hoy amplificadas por una enorme red de medios gráficos y audiovisuales afines al gobierno, sostenidos económicamente por los impuestos que gravan a todos los argentinos, y que conforman los recursos públicos de los que se nutre la pauta oficial.
En lo formal, hay libertades de prensa y de expresión en la Argentina, ya que hasta ahora se puede escribir y decir lo que se piensa.
En lo real, ello se puede hacer pero a riesgo de sufrir el escarnio que baja desde la más alta magistratura, hasta la persecución administrativa a través de organismos recaudadores o fiscalizadores que desvirtúan su función. A esto se suma el intento de controlar el abastecimiento de papel a los medios gráficos y, ahora, la convalidación de la llamada Ley de Medios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Adepa, desde el retorno de la democracia en 1983, reclamó de manera insistente ante los distintos gobiernos la sanción de una nueva ley de medios audiovisuales acorde a los nuevos tiempos con la recuperación de las instituciones y que eliminara las disposiciones discriminatorias que impedían a los medios gráficos el acceso a los medios audiovisuales.
Recién en 2009 se sancionó una nueva ley que, bajo el pretexto de garantizar la pluralidad de voces, en realidad lo que promueve es la concentración en manos del Estado, lo que es igual a la concentración en manos del gobierno, ya que la ausencia de un verdadero republicanismo lleva a que gobierno y Estado en nuestro país hoy sean la misma cosa.
Lamentamos entonces que bajo el argumento formal de asegurar esa pluralidad hoy estemos cayendo, en lo real, en la conformación de una cadena multimediática afín al gobierno nacional, con lo cual el ciudadano se ve imposibilitado de conocer distintas voces y de recibir información de otras fuentes que no sea la oficial. Todo esto, convalidado por el fallo de la Corte que se debate, como decimos, entre lo formal y lo real.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2013
