Se termina el verano y queda la discusión, impensada hace poco tiempo, de un tema estructural en el debate económico: la deuda externa pública.
Es importante porque es un tema estructural de las últimas 4 décadas y que tiñe la coyuntura. Decimos esto a pocos días de otro aniversario del Golpe del 76 (24 de marzo), donde la deuda fue el mecanismo económico privilegiado de una restructuración regresiva de la economía, la política y la sociedad. Precisamente, el 23 de marzo estaremos presentando en el edificio recuperado para la “memoria” donde funcionó la ESMA, un libro que escribimos en conjunto con Osvaldo Bayer y Atilio Boron sobre los fundamentos del terrorismo de Estado, donde destacamos el papel del endeudamiento para reorganizar las relaciones económicas en este tiempo, con privatizaciones, desregulaciones, liberalización económica y múltiples formas de disciplinamiento para asegurar ganancia y dominación de capitales concentrados insertos en la transnacionalización.
La deuda y su análisis es una asignatura pendiente, por eso importa el debate, aunque ahora en la agenda de los medios todo parece reducido a pagar con reservas o con fondos que surjan del presupuesto nacional. La voluntad legislativa mayoritaria es por el pago de la deuda. Así se verificó con el voto conjunto del oficialismo y la oposición (por derecha) para la reapertura del canje de deuda operado en el 2005. Que aún no se haya materializado no elude la voluntad conjunta y mayoritaria para favorecer cancelaciones de deuda. A ello debiera sumarse el pago al Club de París, puesto de manifiesto en diversas declaraciones públicas de autoridades nacionales. Son caminos para normalizar la inserción internacional en un sistema financiero en crisis, bajo las orientaciones de un restaurado FMI y en el marco de las disposiciones del G20.
Si se retoma un debate profundo se recuperará una riquísima historia de cuestionamiento al mecanismo de la deuda en la conformación del capitalismo contemporáneo, local o global. La afirmación es válida, incluso más atrás en el tiempo. Para ello hay que remontarse al papel del crédito de la Baring Brothers durante los 80 primeros años de intento por construir un país independiente (válido para pensar en tiempos de Bicentenario). La deuda pública argentina, inaugurada con el empréstito de la Baring generó las condiciones de la dependencia con el capitalismo global hegemonizado por Inglaterra. En las ocho décadas de vigencia del crédito, tres de ellas el país estuvo en default, sin embargo en todo el periodo la deuda fue parte sustancial del condicionamiento de política económica.
La deuda condicionó en el Siglo XIX el desarrollo nacional autónomo y volvió a reincidir en sus efectos en los años 70´ del Siglo XX. La Argentina otorgó, con el endeudamiento público, funcionalidad a un capitalismo necesitado de hacer fluir fondos excedentes del capitalismo central que no encontraban rentabilidad ante la recesión en el capitalismo desarrollado de fines de los 60´ y comienzos de los 70´. Una funcionalidad similar ofrecieron los países dependientes en aquellos años de crisis de rentabilidad del capital. Puede verificarse en América Latina y otras regiones del sur del mundo. El papel del endeudamiento deliberado del sur en los 70´ fue una forma de contrarrestar los problemas estructurales del capital más concentrado en escala mundial. No es novedad lo que afirmamos, pues el papel de la deuda pública es consustancial con el origen del régimen del capital. Los Estados se hicieron fuertes en base a empréstitos de la sociedad para emprender sus proyectos, de guerra expansiva o defensiva, de expansión económica y evolución, de promoción de los mercados internos y externos, claro que esos recursos luego debían devolverse. Así surgió la necesidad del régimen tributario (con más extensión pueden leerse estos argumentos en los estudios sobre la acumulación originaria de Carlos Marx).
Si los Estados se endeudan, estos deben buscar los recursos para cancelar sus obligaciones. La deuda genera los recursos tributarios en una cadena viciosa, donde la recaudación tiene destino en la interminable (¿imposible?) cancelación de deuda, y la deuda refuerza ingresos insuficientes que exigen nuevos y mayores tributos o renovación y ampliación de préstamos. Pensemos en la regresividad del sistema tributario construido en la Argentina de los años de la dictadura para acá, para entender quién financia al Estado, o dicho de otra manera, quien ha pagado hasta ahora la deuda. Lo señalado va más allá de los negociados que existen detrás de una deuda largamente pagada por un pueblo que bien podría asumirse como acreedor, más que deudor. El problema debería ser más de quienes se consideran acreedores de una deuda ilegitima e ilegal en su origen y que, producto de complicidades múltiples, se ha transformado en una “deuda de honor”, al decir de quienes expresan hoy una voluntad de pago.
El capitalismo instaló ese sentido común de “honrar las deudas”, generando las culpas de deudores imposibilitados de pagos por el mismo funcionamiento del sistema. ¿Cuántos créditos prendarios o hipotecarios no pudieron cancelarse por modificaciones de funcionamiento del sistema económico? (Ídem con préstamos a pequeños y medianos empresarios o productores) ¿O por condiciones lesivas de políticas monetarias o financieras? Propias de devaluaciones o restricciones crediticias asociadas a objetivos de política económica de desprecio de intereses no hegemónicos en el régimen del capital.
Justicia demorada
La vida cotidiana, producto de una memoria sostenida desde el movimiento popular, devuelve la imagen de militares que acuden al banquillo de los acusados. ¿Qué pasa con los Martínez de Hoz, los Machinea o Cavallo? Todos ellos mencionados en el dictamen del juez Ballesteros de hace apenas una década (Junio, 2000). O de otro modo, ¿qué pasa con toda la complicidad bancaria empresarial del endeudamiento generalizado por 4 décadas y usufructuarios de comisiones, intereses y beneficios económicos de un mecanismo que condenó a millones de personas a la indigencia o la pobreza estructural, a la miserabilización de la vida en la Argentina, o en otras latitudes de América latina o el mundo?
Debatir la deuda pública argentina es discutir la ley de entidades financieras del 77, la ley de inversiones externas, ambas de la dictadura, pero también el pacto minero entre Chile y Argentina en los 90 para la explotación de la cordillera, o el permiso para el desarrollo de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura. No se puede ignorar que la cosecha récord de este año, con tendencia al monocultivo a partir de confirmar que más de la mitad de la cosecha será de soja, para alimentar animales de otras parte del mundo, mientras se afecta la soberanía alimentaria local. ¿Cuándo serán convocados a la Justicia los responsables de este reaccionario cambio estructural de la Argentina? ¿Alcanza con demandas y sentencias sobre militares? ¿Quedará exento el poder económico y sus cómplices en el régimen político?
Podríamos ser considerados ingenuos si esperamos respuestas sistémicas que enjuicien su propia lógica. Es evidentemente una cuestión política, de poder. Lo que nos lleva a la cuestión de la crisis política vigente en la Argentina. De nuevo, bajo otras circunstancias el dilema del 2001, que en rigor, se arrastra desde la disputa por el poder en los 60´ y 70´. La balanza de la disputa se inclinó para transnacionalización del capitalismo en la Argentina, terrorismo de Estado mediante.
La disciplina del terror funcionó, con desapariciones, torturas, asesinatos, exilios y variadas formas de represión (algunas continúan); replicándose luego bajo mecanismos económicos sociales, la inflación y la hiperinflación, el desempleo, subempleo y la precarización continua (presente en nuestro tiempo). Esto es consecuencia de la dictadura, del endeudamiento, del poder económico. Las ganancias del presente tienen antecedentes en el pasado reciente, en los años de plomo y en un tiempo de desestructuración de la organización popular.
Resulta imprescindible el enjuiciamiento de los responsables. ¿Es utópico? ¿Es posible? Como sostuvimos, es una cuestión de poder popular, y por ello debe cambiarse la lógica del análisis y la acción política del colectivo social mayoritario afectado por el funcionamiento de las reglas hegemónicas de la economía. Cuando sosteníamos la anulación de las leyes de la impunidad nos decían que era imposible. Nos empeñamos en ese accionar y con la acumulación política popular del 2002 fue realidad la anulación. Pero sin ley previamente presentada ello no hubiera sido posible. La lógica del capital reclama honrar las deudas profundizando el estado de desigualdad creciente y superexplotación de la mayoría trabajadora del pueblo.
Cambiar la lógica del poder es el desafío de la época para construir una política alternativa. Un poder alternativo. Algunos amigos me señalan la imposibilidad de avanzar por ese camino en la realidad de nuestros días. Es un argumento que nos condena a políticas defensivas contra el avance de mayores males expresados por quienes imaginan el retorno de las políticas explícitas de los 90´.
Es la crisis del capitalismo la que nos anima a impugnar el régimen del capital e intentar constituirnos en animadores de un proyecto emancipador, de liberación, que contacte con procesos similares de la región latinoamericana y caribeña. Es cierto que un gran paso viene constituido por el rechazo al discurso hegemónico en la década pasada.
Ahora se requiere transitar el camino del cambio estructural revirtiendo las causas generadoras de los efectos regresivos ampliamente conocidos, entre las que se encuentra el endeudamiento. Insistamos una vez más: la deuda es funcional al capitalismo. Las crisis de la deuda han llevado a negociaciones y renovaciones, aún con quitas de capital, para terminar debiendo más y comprometiendo recursos públicos crecientes para restañar los problemas de rentabilidad del régimen del capital en crisis.
Participación popular para decidir
Es tiempo de consultar a la población. En el 2003, en pleno default parcial de la deuda (2001-2005) se convocó una consulta popular sobre tres cuestiones. Los resultados fueron elocuentes para 2.100.000 personas participes de la encuesta. El 98% se pronunció contra la militarización. El 96% rechazó el ALCA. Finalmente el 88% manifestó su adhesión al No Pago de la Deuda. Una cifra menor que los otros asuntos, muestra que se trata de un tema complejo, pero ese porcentual supone un activo de 1.900.000 personas manifestando su voluntad contraria al pago de la deuda. Fue una manifestación soberana. ¿No es tiempo de convocar a una nueva consulta popular sobre el endeudamiento, su pago o no?
Que el pueblo decida, con toda la información y el tiempo para pensar la coyuntura desde la estructura conformada históricamente. Es una cuestión del presente y del futuro. Es cierto que una medida de no pago supone confrontaciones políticas con el poder económico local y mundial. Ante ello muchos sostienen que resulta imposible, que ni Venezuela decidió no pagar la deuda. Es cierto, sostengo, aunque debe reconocerse el esfuerzo en el ALBA por la nueva arquitectura financiera en la región, la salida del CIADI de Bolivia y la Auditoría de la Deuda en Ecuador. En general comparto los argumentos que me contraponen, pero creo que alguien tiene que colocar un discurso alternativo, sino, “solo se puede hacer lo que se puede”, y una buena discusión es que es lo que se puede, pues el camino “posible” abonó el camino que llevó a Macri al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007. Más que aciertos en la propuesta del empresario, lo que ocurrió fue un voto castigo a la centroizquierda y sus límites en la administración de Buenos Aires.
Hay quienes creen que al plantear propuestas alternativas a las sostenidas por el Gobierno se identifica a la actual administración con las propuestas llevadas adelante en los 90´. Lo que intento es colocar el debate de la deuda desde su origen, no señalar que no hay matices en los gobiernos constitucionales. Solo desde allí es que se puede pensar en mecanismos «políticos» de construcción alternativa. Soy más preciso, no sirve hoy comparar Venezuela con Argentina, porque desde Caracas, junto a Bolivia, Ecuador y Cuba se inició un proceso complejo de objetivo articulado por otra sociedad. No es el camino de Brasil, Argentina o Uruguay. En aquellos países se ha constituido un sujeto colectivo, o se intenta construir para avanzar en un rumbo alternativo, socialista, del Siglo XXI, comunitario, o como se lo quiera llamar.
¿Qué sujeto se construye en Argentina, Brasil, o Uruguay? En este último existe una base política en el Frente Amplio, y social en el PIT-CNT, en el cooperativismo de vivienda, en el movimiento estudiantil, todos con trayectoria combativa por décadas y quizá, la estrategia nacional actual puede concebirse como una etapa de transición. Para pensar y a responder principalmente por el movimiento popular uruguayo. La situación en Brasil es más compleja por historia de la sociedad y del movimiento popular. El PT decidió una alianza más amplia para gobernar sin precisar nuevos desafíos de radicalización del proceso político. Insistamos también que es un debate brasileño, aunque afecta, por cierto, a todo el continente. ¿En Argentina, qué? La base gubernamental de sustentación política central está en el PJ y la CGT y quizá en alguna de las centrales empresariales. No es la constitución de un sujeto por las transformaciones, aunque existen sectores que apoyan al oficialismo con tradición y pertenencia al campo del cambio político e incluso por la revolución. Uno de los elementos en que sustento mi posición parte de que el oficialismo no termina de reconocer a la CTA, su personería y papel en la construcción de nueva subjetividad por el cambio, o la aceptación de nuevos sindicatos que proliferan en una lucha despareja contra la impunidad de las patronales.
No se trata sólo de consignas, o de ser simplista, como algunos indican. Son argumentos para la polémica en la perspectiva de construir sujetos para el cambio político en el país, en la perspectiva de avanzar en el proyecto emancipador que recorre una parte de la región Latinoamericana y Caribeña.
– Buenos Aires, 21 de marzo de 2010
– El autor es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Integrante de ATTAC-Argentina.
