El martes por la noche, una vez que Cristina Fernández terminó su histórica presentación del informe sobre Papel Prensa, cayeron varios velos.
Uno de esos velos que se corrió es el que nos retrotrae a los oscuros años de la dictadura, ese tiempo dominado por la represión, la impunidad y la absoluta falta de todo tipo de garantías, años en los que resulta inimaginable pensar que una operación que iba a determinar la estrategia para controlar la producción del principal insumo para la prensa escrita en el país pudiera quedar fuera del ámbito de intereses y de dominio de los militares y de sus socios civiles.
Suponer que esa “transacción comercial” se hizo en condiciones de garantía jurídica y sin presiones es proyectar sobre 1976 una visión entre bucólica, revisionista y falsaria, esa misma que nos está diciendo que a los Graiver, sospechosos de hacer negocios con la “subversión”, nadie les decía nada ni se ejercía sobre ellos ningún tipo de presión o de chantaje (por mucho menos que eso se encarceló, se torturó y se hizo desaparecer a otros empresarios a los que se les despojó de sus bienes y que, entre otras cosas, es lo que ha llevado a Martínez de Hoz a la cárcel).
El relato naïf que desplegaron Clarín y La Nación no logra sostenerse salvo que se acepte una lectura completamente distinta de lo que ha sido y de lo que ha significado el horror de la dictadura.
Tal vez, y es el inconsciente quien los traicionó, para ellos la vida en dictadura no representaba ninguna inquietud ni ningún trastorno y mucho menos la pérdida de sus influencias y de sus negocios (por el contrario, en ese año tremendo de la historia argentina, tal vez el más siniestro porque fue el comienzo de la cacería de los lobos de la noche que salieron a aniquilar cuerpos e ideas, ambas empresas sellaron su negocio más lucrativo y el que las condujo a la posición dominante en el ámbito de los medios gráficos).
Otro de los velos que se cayó es el del absoluto alineamiento de una parte importante de la oposición política y de los autodenominados periodistas “independientes” que aceptaron la estrategia de la corporación mediática que estaba convencida de que la Presidenta iba a anunciar la expropiación de Papel Prensa. Habían implementado una serie de intervenciones espectaculares para anunciar por todos sus canales que la Argentina iba hacia la completa chavización y que la libertad de prensa estaba en peligro (los reportajes previamente grabados a Jorge Lanata y a Jorge Fontevecchia constituyen dos perlas de la impudicia de algunos periodistas que, a pesar del giro de los acontecimientos, no dejaron de pasar esas entrevistas que respondían de acuerdo con lo que finalmente no ocurrió).
Desde Elisa Carrió, pasando por Margarita Stolbizer, Felipe Solá y el radical Aguad, hasta el propio Pino Solanas, todos se comprometieron con la versión autoexculpatoria haciendo de los monopolizadores de la producción de pasta de celulosa las víctimas y no los victimarios.
Algunos, incluso, llegaron a justificar la persecución de la familia Graiver por su condición de judíos y de montoneros.
Claro que esa persecución, justificada por las circunstancias mencionadas, nada tuvo que ver con la “honesta” transacción que culminó en la venta del paquete accionario de Papel Prensa. Hasta noviembre de 1976 los Graiver eran “libres” en un país sometido a la mayor de las brutalidades. Una vez que se firmaron todos los papeles, los militares “descubrieron” que todos eran cómplices de los montoneros y los sometieron a los peores vejámenes.
La simple lectura de algunas de las “noticias e informaciones” que “objetivamente” publicaban La Nación y Clarín durante las semanas previas a la operación de venta permiten, para cualquier observador independiente, sospechar del montaje que se estaba preparando y preguntarse, como lo hace la Presidenta, qué significaba estar en libertad en la Argentina de 1976.
Luis Bruschtein, en su columna del sábado 28 de Página/12, lo dijo con palabras precisas:
“La idea de los militares consistía en que si los Graiver eran judíos, banqueros y montoneros, entonces se los podía secuestrar, violar, torturar y despojar de sus bienes. Era la idea de justicia que tenía Ramón Camps, el entonces jefe de la Policía Bonaerense. Resulta enervante aclarar que ser judío, banquero o montonero o cualquier otra cosa no justifica el secuestro, la tortura o el despojo. Por eso, hacer una defensa de Clarín empezando con esa línea argumental, como hizo Carrió, es poner a Clarín donde está tratando desesperadamente de que no lo pongan: junto a los dictadores”.
Lo enervante es ver de qué modo regresan antiguos reflejos y apolilladas argumentaciones a la hora de, como lo dijo enfáticamente Carrió, defender a quienes son, así lo destacó sin ruborizarse, los genuinos exponentes de la Argentina, su sustrato y su fundamento.
Para la dirigente opositora La Nación y Clarín constituyen aquello que se denomina “Argentina”, con lo que salir en su defensa es defender la patria de quienes buscan perjudicarla.
De este modo, y utilizando su habitual retórica que parece no conocer la autocensura, para Carrió la mejor forma de defender al país es defendiendo, hagan lo que hicieren y digan lo que dijeren, a los monopolios mediáticos silenciando sus compromisos con la dictadura y su enorme contribución a su perpetuación entre 1976 y 1983.
Para ella, como para ese arco de políticos cooptados por las corporaciones, una decisión valerosa como la que tomó Cristina Fernández lo que hace es atacar “la libertad de prensa”, es decir, el derecho a la concentración monopólica no sólo de la producción de pasta de celulosa sino de la distribución de la palabra escrita del mismo modo que lo vienen haciendo, aunque ya se les acaba el tiempo de la discrecionalidad al estar lista la reglamentación de la nueva ley, con la audiovisual. Pocas veces fue tan evidente dónde y cómo actúa el poder, de qué modo despliega sus influencias y la claque de supuestos “republicanos” que hacen fila para defender lo indefendible.
La decisión del Gobierno de hacer intervenir a los otros dos poderes de la República constituye no sólo una clara opción democrática y una notable afirmación del papel autónomo de las instituciones sino que clausuró, antes siquiera de que se pusiera en movimiento, la operación que se había preparado y que, sin embargo, siguieron llevando adelante, cuando todo se había desmontado, aquellos mismos que siempre hablan de república, de calidad institucional y de garantías jurídicas.
Sencillamente el haber girado la investigación de la apropiación de Papel Prensa a la Justicia y el haber enviado un proyecto de ley que declara de “interés público” la producción de papel para la prensa sin hacer distingos entre grandes y pequeños, dejó sin argumentos tanto a la corporación como a sus representantes políticos.
Tiempos extraordinarios que nos permiten revisar el pasado e interrogar por sus imbricaciones con el presente. Época signada por el desvelamiento de aquello sobre lo que no se podía preguntar y mucho menos cuestionar. Es de celebrar una coyuntura en la que se interroga lo que permanecía silenciado y en la que ante la sociedad se descorren aquellos velos que mantenían oculta la trama del poder y de sus diferentes maneras de ejercerlo.
– Por Ricardo Forster – Buenos Aires Económico – 31-08-2010
