Lo dijo la Diputada Nacional (MC) Fernanda Gil Lozano, sobre las estadísticas que muestran un incremento muy importante de los hechos de violencia sobre las mujeres en todo el país. Crecen las críticas a la falta de gestión en ese sentido.
La dirigente massista aseguró que “los índices crecen muchísimo cada año” y destacó que “los datos son aún más alarmantes si se tiene en cuenta que hay un porcentaje muy elevado de muertes que ni siquiera se conocen”. Según la especialista, ésto ocurre porque hay muchos fallecimientos de mujeres en diferentes rincones del país que no se investigan como corresponde.
Al respecto, Gil Lozano afirmó que “en la Argentina no hay un estado ausente, sino que existe un estado cómplice”, porque afirmó que “la mayoría de las personas que integran los estratos de poder o autoridad en el país son varones, lo que permite que haya un nivel de identificación o solidaridad de género que sorprende”.
En ese sentido, la histórica luchadora por los derechos de la mujer consideró que “los comisarios, jueces, policías, etc, son mayoritariamente varones, y entre ellos, muchas veces, se cubren este tipo de agresiones porque es un mal que muchos hombres comparten”.
La historiadora y socióloga consideró también que “la sociedad ha naturalizado la violencia contra las mujeres y no la registra con la gravedad que amerita”. También reclamó que “la violencia de género no aparece enmarcada dentro de las políticas de seguridad ciudadana” y reconoció que “eso ocurre porque el estado no le atribuye al tema la verdadera importancia que le corresponde”.
La actual dirigente de la Corriente Progresista Renovadora trabaja en el tema hace más de 20 años y presentó en diciembre último la iniciativa para la creación del Programa Psicosocioeducativo Nacional, destinado a modificar conductas agresivas en pos de favorecer la reinserción social y la prevención de la violencia masculina. El proyecto promueve la modificación de la Ley 26.845 de Violencia de género y la inserción del artículo 27 BIS, para la formación del plan de trabajo destinado a proveer las medidas conducentes para brindar a los violentos asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, Gil Lozano reclamó “un cambio cultural y político sobre la violencia de género” y concluyó diciendo que “es fundamental que todos los eslabones de la sociedad se comprometan y que el estado brinde el marco regulatorio que sirva como base para controlar a los violentos y frenar de una vez por todas los ataques contra las mujeres”.
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