Las consecuencias de las malas decisiones tomadas por el gobierno kirchnerista siguen pasándole factura a los argentinos. Este jueves, el Estado argentino perdió un juicio arbitral contra la empresa internacional Metlife por la estatización de los fondos de jubilaciones durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Según dictaminó la justicia, el resarcimiento otorgado por el Gobierno K fue considerablemente menor al reclamado inicialmente por Metlife, la cual demostró los daños específicos causados por aquella decisión política que afectó a todas las proveedoras de jubilaciones privadas en el país.
La demanda, presentada en 2017, se fundamentó en la violación del Tratado de Protección de Inversiones entre Estados Unidos y Argentina de 1991, que fue ultrajado con la decisión de expropiar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al comienzo del mandato presidencial de Cristina Kirchner.
El tratado fue ratificado mediante la ley Nº 24.124 del Congreso en 1992, mientras que las AFJPs fueron establecidas por la ley 24.241 en 1993. Durante el gobierno kirchnerista, se optó por eliminar las AFJP y meterle mano a la mayor caja del país.
Según lo informado, este caso representa el demanda número cincuenta y cuatro presentada por este tema ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una entidad afiliada al Banco Mundial. Estos casos incluyen tanto disputas relacionadas con decisiones tomadas durante la crisis económica de 2001 como aquellas vinculadas a medidas adoptadas durante el gobierno kirchnerista.
La empresa recibió asesoramiento legal de White & Case LLP, un estudio jurídico conocido en Argentina por su participación en controversias relacionadas con la deuda soberana. Por otro lado, la defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, fue asistida por el estudio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, tanto en Estados Unidos como en Argentina, pero la violación a las leyes fue demasiado evidente como para evitar una sentencia de este tipo.
Metlife, presente en Argentina desde 1994, se dedica a la venta de seguros de vida, de ahorros, patrimoniales y por accidentes, pero durante la vida de las AFJPs, administraba también un fondo de pensiones. La demanda la presentó casi una década después de la expropiación, lo cual estaba en su derecho, ya que este tipo de casos no están sujetos a plazos de prescripción.
Originalmente, la demanda contra el Estado argentino era de «cientos de millones de dolares«, pero finalmente la Argentina recibió una penalidad de aproximadamente US$ 8 millones de dolares, una cifra mucho menor a la reclamada.
Este «logro» en el caso MetLife es aún mayor si se tienen en cuenta los recursos destinados a la preparación de la defensa. Mientras que los costos de la defensa de MetLife ascendieron a USD 13,82 millones, los de la defensa argentina fueron de USD 1,97 millones, incluidos los honorarios de los miembros del tribunal y los costos del CIADI.
Con sus casos, entre concluidos y pendientes, la Argentina ha sido el país más demandado en el CIADI, seguido de cerca por Venezuela, con 49. La última demanda contra el país la iniciaron dos empresas concesionarias de autopistas de peaje, Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), a través de su accionista Abertis, en el marco de una disputa por los contratos de concesión pactados en 2018 y rescindidos ilegalmente en la gestión de Alberto Fernández.
