Gustavo Ferraris estuvo al servicio de la represión policial romerista. La policía, con más poder que él, salió a reprimir a los docentes. ¿Desde cuándo la policía actúa sin cumplir órdenes “de”? El abogado romerista culpó al Jefe de policía, uno de sus subalternos, desde donde dice haber salido la orden. Hoy tenemos una Ministra que renunció por los Kits de Urtubey. ¿No debió haberlo hecho en tantas oportunidades el cuestionado Ferraris?
Por la represión de la Noche de las tizas perpetrada el 1° de abril de 2005 en la Plaza 9 de julio, son culpables Hugo Roberto Liendro y el Crio. Rubén Arcelán quien pertenecía a la U-R N° 1. El primero en 57 casos de vejaciones y el segundo, en dos.
Salió airoso Gustavo Ferraris gracias al fallo del Juez Sergio Roberto Miranda. Cuando Ferraris expresó que no tenía culpabilidad en tales delitos de violencia contra los docentes, el Sub- Jefe de Policía, Rubén Barrios, declaró idénticamente avalando que la orden salió del Jefe de Policía.
Pero todos sabemos que Ferraris no hizo absolutamente nada a favor de los docentes en relación a los hechos. Los subalternos, culpables “aparentemente” directos, debieron haber tenido alguna sanción inmediata ante estos atropellos a los Derechos Humanos.
El ex Secretario de la Inseguridad podrá salir absuelto por el juez, pero no ante la mirada de una sociedad que le ha enrostrado en diversas oportunidades, su inacción para castigar los delitos. Nombremos al menos una instancia en la que haya intervenido de manera eficaz: ser servil a Romero es la única.
Actualmente y en recompensa a su servilismo, se desempeña en la Corte Suprema de Salta como Juez.
Al gobernador Juan Manuel Urtubey no parece molestarle la vuelta de los ex funcionarios romeristas en su gestión. Por el contrario: avala, convoca y aprueba. La gente votó para que se fueran todos pero Urtubey, legitimado tan sólo en su discurso y no en los hechos, ofrece un panorama completo de funcionarios de quienes ya tenemos conocimiento. ¿Se regirá por el dicho “más vale malo conocido que bueno por conocer”?
La gente termina por creer que “todo tiempo pasado fue mejor” y ante los desaciertos políticos del actual gobierno, se potencian en positivo las marcas del romerismo.
Juan Carlos Romero es tan responsable de los que sucedió en su gobierno con la Noche de las tizas como lo fue Zobisch frente a la muerte del profesor Carlos Fuentealba.
La irresponsabilidad política se castiga en las urnas. Aunque ahora, cuando alguien vota un gobierno, puede que aparezca también el anterior y se fusione. ¿Estaba todo fríamente calculado o el joven Urtubey no tiene decisión ni convicción?
Represión en Salta 2005
Al anochecer del 1º de abril de 2005 cientos de docentes salteños que se manifestaban pacíficamente en la plaza 9 de Julio para exigir mejoras salariales fueron arrasados a bastonazos, gases lacrimógenos y balas de goma por parte de la policía provincial. La represión, una de las más violentas de la gestión del gobernador menemista Juan Carlos Romero, terminó con varias decenas de heridos y pasó a la historia como «La noche de las tizas».
«El accionar de la policía fue desmedido, desproporcionado y no encuentra justificativo alguno», escribió el juez de instrucción Sergio Roberto Miranda, quien no ahorró adjetivos para describir el conflicto y la reacción oficial. Frente a docentes que «siempre se manifestaron en forma pacífica» la primera respuesta fue «la de hacer oídos sordos a sus reclamos» y «confundir a la sociedad tratando de hacer aparecer sus peticiones como ilegítimas». Ante la masividad de las marchas «el malestar en el Ejecutivo y en los funcionarios obsecuentes era palpable» y «se trasladaba a la fuerza policial».
La consecuencia fue lógica: los docentes «sufrieron un bárbaro, injustificado y cobarde atropello por parte de los efectivos policiales», que con «el único propósito de desalojar la plaza arremetieron con bastones y escudos, gases lacrimógenos y balas de goma». El juez remarcó que la mayor parte de los manifestantes eran mujeres acompañadas por niños que «nada pudieron hacer ante el avance de la policía».
La mayor parte de los policías citados por el juez Miranda se abstuvieron de declarar. Como las víctimas no pudieron identificarlos, el corto brazo de la Justicia no los alcanzó. Liendro, jefe de policía, se abstuvo de emitir palabra. El juez lo procesó por vejaciones reiteradas en 57 casos. Ese fue el número de víctimas identificadas. A Arcelán, reconocido garrote en mano por dos maestros, lo procesó sólo por esos dos casos. Ambos quedaron con libertad provisoria.
Pese al énfasis en la irresponsabilidad política que derivó en la represión, el juez no avanzó sobre funcionarios de Romero. Los policías «indudablemente respondieron ante la orden impartida por el jefe de policía, ya que así lo expresa el subjefe Rubén Barrios en su declaración, coincidente con lo informado (sic) por quien fuera secretario de Seguridad», a quien no nombra.
El ex funcionario informante no es otro que Gustavo Ferraris, el juez de la Corte provincial premiado por Romero, cuya designación fue impugnada por el Colegio de Abogados de Salta por inhabilidad moral y jurídica. Horas antes del avance policial, Ferraris aseguró que no se iba a desalojar la plaza. El juez, al menos, le creyó. (Fuente: PCCM).
– Notas relacionadas:
http://www.salta21.com/spip.php?article648 La Noche de las tizas y el espionaje D-2
www.salta21.com/spip.php?article433 ¿Cómo pasamos del sultanato a la democracia?
