Mucho tiempo a transcurrido ya y, representan actualmente el universo de aparatos de telefonía móvil (celulares) más de 2 unidades por habitante de los 40 millones de ciudadanos de la República Argentina.
Dicho esto, con la consiguiente saturación y puesta fuera de sistema de las compañías que digitan este meganegocio, donde siempre es el que pierde su dinero y su tiempo, el propio usuario y consumidor del país. Con un agravante ilevantable para el que abona el servicio : totalmente a merced e inerme por la informatización utilizada por las empresas, donde jamás hasta ahora por ausencia de reglamentación legal eficiente dispuesta por la autoridad de aplicación, puede comprobar lo que paga ni tampoco, la duración del servicio prestado.
Paradojas apartes, allá por el 2013, un decreto 681 dispuso la creación de un Reglamento de Uso de la Telefonía Móvil con miras a una utilización eficiente y racional de la red y el espectro radioeléctrico. Habíase previsto diversos puntos de control a consensuar para pulir la nueva reglamentación de usuarios de Telefonía móvil en todo el país La idea central -como sostienen una treintena de asociaciones de defensa del consumidor- era que sea considerado en la normativa legal respectiva como SERVICIO PÚBLICO. De esa forma, y bajo un marco normativo jurídico, podría la contraparte, usuarios que mantienen el sistema, tallar en situación de igualdad económico-júridica, al momento de tarifar el servicio, previo control del que paga, como de los cargos que factura la empresa de manera unilateral hasta el presente.
La cuestión parece ser, que estas iniciativas duermen en algunos cajones del Congreso Nacional, y no son de interés de los diputados y senadores por Salta. ELLOS que perciben unos 68.000 pesos mensuales. ¿Motivación o interés por representar los derechos e intereses de los salteños que los votaron…? Que va… “Que se jodan mis comprovincianos…” – dirán en privado. Y hacer nombres, ¿para qué? Todos sabemos quiénes son aquí, en este Valle.
Finalmente, todo esto mueve a sospecha sobre el porqué de la inercia oficial de Balcarce 50 y de los legisladores K del gobierno nacional y popular que dicen representar en esta álgida y visible cuestión que afecta a millones de personas. Será que como en el tema de las petroleras que tienen la impudicia e impunidad de aumentar el combustible mes a mes y el Gobierno Nacional sólo asiente sin hacer nada, ¿se manejan por mera voracidad fiscal de impuestos internos que cobra? ¿Son las empresas telefónicas protegidas por el oficialismo nacional en la Argentina?
¿De qué y a quién o quiénes sirve que el Concejo Deliberante de Salta declare sobre la conveniencia de reglamentar la Telefonía móvil, si no gestionan ni piden gestionar efectiva y concretamente a los distintos poderes públicos de la provincia y la nación, a fin de frenar ABUSOS DINERARIOS de todo orden en perjuicio de la POBLACIÓN DE SALTA , usuaria de este amañado y amparado SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL que lleva años de exacción a la gente?
Claro, no hay ni habrá PRECIOS CUIDADOS con la Telefonía celular y menos con los combustibles…!! Meras engañifas de un gobierno que se va el 10 de diciembre de 2015.
– El autor es Periodista – Columnista Político
