La Asociación de Periodistas de Salta (APES) expresa su preocupación por el reciente episodio que afectó al periodista Fabián Cardozo, de Orán. Al hecho de haber sido demorado en una dependencia judicial, se añaden expresiones del juez federal Raúl Reynoso quien manifestó su intención de determinar si Cardozo tiene título habilitante para ejercer la profesión.
Este caso forma parte de situaciones que se vienen reiterando en Salta, y que lesionan el pleno ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la información y del trabajo profesional. Los poderes del Estado deben ser garantes de la vigencia efectiva de esos derechos, antes que promotores de condicionamientos, restricciones, manipulaciones o censuras encubiertas.
Nuestro ordenamiento jurídico y tradición republicana incorporan la libertad de expresión y derecho a la información como parte inseparable de los derechos de las personas. Aquellos incluyen el derecho a requerir, recibir y difundir información y opiniones por distintos medios.
Las condiciones para el ejercicio del trabajo de los periodistas está definida con claridad en la legislación argentina, coincidente con criterios incorporados en convenciones internacionales, en leyes vigentes en países democráticos y en los estatutos de la Federación Internacional de Periodistas.
Esos instrumentos conciden en definir al profesional de la información como aquella persona cuya principal actividad, regular y retribuida, consiste en aportar su contribución a medios periodísticos mediante textos, palabras o imágenes. En la Argentina el acceso a la Matrícula de Periodistas se otorga, sin más restricciones, a personas que reúnen tales condiciones.
El artículo 5º del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) señala que “La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables”. No puede negarse, retirarse o cancelarse esa credencial profesional como consecuencia de opiniones del periodista.
Las condiciones para el ejercicio del periodismo son aquellas que define la ley, y no pueden ser sustituidas por definiciones especiales que pretenden de colocarse por encima de la ley. Todo intento de redefinir esos requisitos constituye una de las modalidades que asumen los actos de presión sobre periodistas y las medidas de control previo que se pretenden imponer a su labor.
Nos preocupa también que, cada vez con más frecuencia, funcionarios nacionales y provinciales se empeñen en marcar una línea divisoria entre periodistas “amigos” y periodistas “opositores”. Tal separación no sólo es ajena a los principios democráticos y republicanos: constituyen su más brutal negación.
La aplicación de esas categorías se manifiesta en actitudes discriminatorias. Se otorga acceso privilegiado a la información pública a los “amigos” y, simultáneamente, se niega esa posibilidad a quienes los funcionarios no conceden esas mismas credenciales de confianza.
Los periodistas no pedimos la protección de fueros especiales: exigimos el irrestricto cumplimiento de la ley, la igualdad ante ella y el respeto a los valores en los que se sustenta el orden jurídico. Libertad de expresión y derecho a la información no son sólo bienes de propiedad de los periodistas, de los medios ni de los gobiernos. Lo son de los ciudadanos.
La Asociación de Periodistas de Salta se sumará a la marcha que, en defensa de los derechos humanos, en rechazo a la arbitrariedad y a la impunidad, se realizará el miércoles 8 de agosto en la Ciudad de Salta. Nos encontraremos frente al Cabildo Histórico, a las 10.30, para marchar junto a organizaciones que, en Salta, defienden estos principios.
Gregorio Caro Figueroa
Presidente
Elena Corvalán
Vicepresidenta
Salta, 31 de julio de 2007
El poder busca intimidar al periodismo independiente
hay que concurrir a esta marcha,es la unica fuerza que nos queda para luchar por los derechos que estan siendo vulnerados por los fachos.