Asistimos a uno de los más absurdos divorcios entre el Estado y sus representados. Un conflicto signado por la intemperancia ha superado los tres meses y las perjudiciales secuelas se expanden sin distinguir a los protagonistas de quienes asisten sólo en calidad de espectadores de los desaciertos.
El modelo autoritario y populista ha comenzado a colapsar por sus vicios naturales y hasta los kirchneristas de paladar negro se resisten a acatar verticalmente algunas decisiones y ponerle el cuerpo a los micrófonos. No existen dudas de la caída de imagen de Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manuel Urtubey y el descrédito se encubre con encuestas pagas tanto en Buenos Aires como en Salta.
El desabastecimiento y la hostilidad colectiva parecen estar a la vuelta de la esquina. Estaciones de servicio clausuradas, góndolas vacías y un espiral inflacionario todavía manejable violentan a los ciudadanos. El oficialismo se empeña en sostener que no existe crisis, pero no logra explicar razonablemente la fragilidad de la balanza financiera y la progresiva desvalorización del salario.
La pretendida legitimación del incremento de las retenciones a las oleaginosas fue tardía y, al margen de que nadie cuestiona la necesidad de que se construyan caminos y hospitales en el interior profundo, el argentino que integra el último peldaño del circuito económico ha concentrado su atención en la suba de precios que lo sume en la incertidumbre doméstica. No da crédito a nuevas promesas y hace oídos sordos a discursos demagógicos. Tal vez, y sólo tal vez, porque ha perdido la cultura especulativa ha demorado reacciones que en otras épocas condujeron a corridas financieras, la fuga de capitales, el alza del dólar y la devaluación.
Para el gobierno esta visión de los hechos equivale a un pregón golpista y en eso también se equivoca. A pesar de los fantasmas que dice haber descubierto, no tiene enemigo más poderoso que la soberbia que lo lleva a apuñalar mediáticamente a sus opositores antes que habilitar una salida dialoguista. La contradictoria conducta obedece al íntimo convencimiento de que cuenta con apoyo popular suficiente para sofocar cualquier avance gestado por la supuesta oligarquía rural.
Apagar el fuego con fuego no aparece como una hipótesis lúcida y pacífica. Padece también de un grosero error de diagnóstico: Ya no son solamente los agricultores quienes esgrimen que se ha confiscado parte de su renta, sino que varios millones sospechan que se abusa del poder y que la avaricia anima también al séquito gubernamental. Les cargan las tintas por el vértigo con que desmejora su ya magro nivel de vida.
A no dudarlo, mientras manejaron la millonaria caja de las retenciones a la exportación, los pingüinos manosearon los fondos de las provincias y, también, el dinero de ayuda social. Forjaron un ejército de indigentes que mantuvieron en cautiverio con $150 mensuales durante un lustro. La cifra hoy sólo garantiza la subsistencia de un grupo familiar por horas o días y diluye las lealtades compradas a precio vil.
Las estrategias divisionistas se han vuelto en contra de gestores clandestinos que hace dos meses lanzaron a los transportistas en contra de los productores –también a Luis D´Elía- y hoy no logran contener a un sector que se confiesa damnificado directo de la retracción de los agricultores. Ya no son las entidades del agro las que tienen las rutas en sus manos, sino camiones que Moyano no conduce.
El corte de rutas o calles urbanas se erige en una práctica que lesiona el Estado de Derecho pero que, en algunos casos, cuenta con legitimidad insoslayable. Paradójicamente, mientras el gobierno nacional demoniza a quienes exhiben indicios de solvencia económica y los enfrenta con los postergados, el matrimonio presidencial debe exigirse para justificar la riqueza que sobrevino con su acceso al poder. Los funcionarios que cachetean a los quejosos con la visión sacra de la ley transitan el derrotero corrupto. Estos legalistas no sufren las inclemencias económicas ni el desabastecimiento, ni los padecerán.
El Estado Provincial padece hoy las tribulaciones de quien se somete al repudio por efecto transitivo. Urtubey solamente tiene para agradecer las torpezas presidenciales que desvían la atención de los salteños y, tácitamente, les otorgan un tiempo adicional para clausurar el tiempo promesante y avanzar hacia lo concreto.
Se comprometieron a gobernar para el 40% de pobres y casi un 50% de desempleados y sub-empleados, para erradicar la corrupción y reivindicar el sistema republicano. A seis meses vista, los indigentes reconocen a los agricultores como nuevos socios en los cortes de ruta, el presupuesto se derrocha alevosamente en cargos públicos y propaganda, la justicia mantiene y espera deshonestos en su cúpula, las cámaras legislativas continúan practicando el trueque y los órganos de control prefieren no quitarse la mordaza de sólo advertir que los protagonistas de la gestión saliente han preservado espacios vitales que hacen presumir apoyos de trastienda. Así las cosas, sin propiciar el ilegalismo, puede afirmarse que quienes protestan y cortan rutas son mejores que quienes pretenden castigarlos.
En lo político la obediencia se resquebraja y el presidente del Foro de Intendentes de Salta ha amenazado con presentar una renuncia luego de que los integrantes de la entidad denunciaron groseros recortes en los anticipos de coparticipación. El privilegio no ha aparecido, aún cuando el supuesto bendecido quema capital político en cada gesto de adhesión a la presidenta.
Andrés Zottos caracterizó al Estado Nacional como un boxeador que estoicamente asimila los golpes de quienes se resisten a socializar sus ingresos. En su intimidad teme que el cisma lo margine aún más del núcleo duro del gobierno provincial. Los otrora incondicionales Antonio Marocco y Carlos Morello aceptaron a regañadientes que el oficialismo no tuvo el tino suficiente para neutralizar los expansivos efectos de una medida que tocó impúdicamente el bolsillo rural.
Mientras el PJ nacional -con la firma de Kirchner y Urtubey- sostiene a rajatabla el incremento de las retenciones, el presidente del justicialismo salteño envió una carta de apoyo a los manifestantes y reivindicó la potestad del Congreso de la Nación para legislar sobre esta temática. El cambalache también ha traducido la venta de dos proyectos contrastantes en octubre para confluir promiscuamente en diciembre.
Aún así, ya diseñan el escenario electoral para las legislativas del año venidero en el que proponen camuflar la diáspora de la alianza con una reforma a la Carta Magna que les permitirá postular candidatos transversales para la categoría de convencionales constituyentes. Saldrán cada partido con candidatos propios en las boletas de senadores, diputados y concejales. El discurso electoral probablemente reeditará las promesas de transformación y la erradicación de los vestigios de un romerismo que, por compatible, fue absorbido sin espasmos.
Frente a este panorama, una proclama publicada en 1.927 por el diario anarquista “La Antorcha” cobra actualidad inusitada: “El que encarna el poder encarna el daño. Los demás son simples grados, eslabones de una cadena que termina en una argolla que aprieta el cuello del que cayó mas abajo”.
