Está muy bien que haya Justicia, pero no se puede culpar de todo a Callejeros
– Emilio Marín
– La Arena (31-08-08)
Trece hombres y dos mujeres están sentados en el juicio comenzado el 19 de agosto en la misma sala de audiencias donde en 1985 se condenó a los integrantes de las juntas de la dictadura militar.
Esta vez los acusados no son genocidas, aunque algunas expresiones airadas de ciertos abogados y algunos familiares de víctimas de Cromañón confundan a Omar Chabán y Patricio Santos Fontanet con Jorge R. Videla y Emilio E. Massera. Nada que ver. Se puede pedir cárcel al empresario que gerenciaba el boliche de Once pero de allí a equipararlo con aquellos criminales media algo más que una exageración. Ni el legítimo dolor de 194 fallecidos en la noche del 30 de diciembre de 2004 puede permitirse confundir tanto los tantos.
Chabán y su ex jefe de seguridad en República de Cromañón están en la mira del Tribunal Oral 24º de la Capital Federal, lo mismo que dos comisarios de la Federal acusados de recibir coimas, y tres ex funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra. Estos últimos la tienen más aliviada pues sobre ellos pesa el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el lote descrito, más los siete músicos (seis que tocan en la banda y un séptimo que hace escenografías) y su ex manager, la situación procesal es muy peligrosa.
Es que llegan a la sala acusados de estrago doloso seguido de muerte, y en el caso de Chabán y su entonces jefe de Seguridad, cohecho activo, o sea el pago de coimas a los responsables de la Comisaría 7º de la PFA.
Un vistazo sobre los procesados resalta la ausencia entre ellos de las cabezas del poder político de la ciudad al momento de la tragedia, comenzando por Aníbal Ibarra. Tampoco está allí su jefe de Seguridad, Juan Carlos López, sobreseído por la justicia porteña. Parece un castigo menor a la política que las procesadas hayan sido funcionarios ibarristas de tercera categoría, como Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, y los ex directores de esa dependencia Gustavo Torres y Ana María Fernández.
Ibarra no salió indemne del incendio pues terminó destituido como jefe de Gobierno de la ciudad en marzo de 2006. El juicio fue amañado en la Legislatura por el macrismo y un sector propio que se volvió ajeno, liderado por Jorge Telerman, más una izquierda funcional a la derecha. Se dirá que son sufrimientos diferentes pero es obvio que Ibarra quedó políticamente fulminado por esta causa. Ha vuelto como legislador pero es una sombra de lo que era.
En las dos primeras audiencias, además de serles leídos los cargos por estrago doloso seguido de muerte, cohecho activo, cohecho pasivo y falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público, según los casos, a los acusados se les preguntó si querían declarar. Ninguno lo hizo. Apenas la señora Fernández dijo que lo haría. El resto, seguramente por consejo de sus abogados, selló sus labios para más adelante. Aunque es un derecho constitucional el no declarar, constituyó una fea actitud. Para varios de los imputados podría haber sido una buena ocasión para pedir disculpas a los familiares de víctimas y en este marco, defenderse de cargos que según sus ópticas amén de gravísimos serían injustos.
Las acusaciones
Dentro de los acusados, el que la pasó peor en estos años fue Chabán, porque según la cuenta de su abogado Pedro D´attoli estuvo preso dos años y medio. Sólo en los últimos siete meses recuperó su libertad en forma ininterrumpida. Antes osciló entre fallos judiciales que le ordenaban volver a la celda del Penal de Marcos Paz y accidentados momentos de libertad en el departamento de su madre y casas alquiladas en el Tigre, donde fue blanco de repudios varios.
Como gerenciador del local siniestrado, aunque apunte todas las críticas hacia los jóvenes que prendieron las candelas o bengalas y desataron el incendio, Chabán está en aprietos porque por sus funciones debió saber que ese lugar no reunía los requisitos de seguridad y tenía vencida la habilitación. A él lo encartaron desde el primer día por homicidio simple con dolo eventual, luego suavizado a estrago doloso seguido de muerte, por el que pueden darle hasta 20 años de cárcel. Sumado el cargo de cohecho activo, podrían ascender hasta 26.
¿Merece Chabán una condena tan grave? Como para que se tenga en cuenta, en esa misma sala donde se lo juzga, en 1985 la Cámara Federal condenó a 4 años y ocho meses al brigadier general Orlando Ramón Agosti, miembro de la primera junta militar golpista y de la Mansión Seré.
Más injusta es aún la acusación contra los músicos, que tienen la misma endilgada al gerenciador: estrago doloso seguido de muerte, delito castigado con hasta 20 años de cárcel.
Peor aún, dos de las cuatro querellas, especialmente el macrista José Iglesias, que encabeza una, adelantó que quiere pedir un cambio de carátula durante el proceso. El objetivo es que Santos Fontanet y demás músicos vean agravada su situación, para lo cual se pide la acusación por homicidio simple, que se pena con hasta 25 años de prisión. Afortunadamente, otras dos querellas no incriminan a Callejeros de uno ni otro delito y centran sus acusaciones en Chabán, los dos comisarios y los tres ex funcionarios de la Ciudad.
Al principio los rockeros habían sido acusados de estrago culposo, o sea negligencia e imprevisión, que hubiera resultado más apropiado y se castiga con hasta 5 años de prisión. En todo caso, para los que quieren criminalizar a la banda de Villa Celina, esta debería ser la acusación y sólo para alguno de sus miembros. No para todos ellos ni menos aún correspondería la imputación de estrago doloso que les agravó en 2006 el juez Marcelo Lucini, cambiando la anterior.
Aguante, Callejeros
Para centenares de adherentes de la banda, movilizados en un banderazo el día de inicio del juicio en la Plaza Lavalle cercana a Tribunales, sus ídolos no son culpables de nada. “¡Basta de culpar a Callejeros!” es su pensamiento plasmado en banderas y remeras, agitadas en diversos recitales que se hicieron desde 2006 a la fecha.
Y estuvo muy bien que ellos pudieran trabajar y expresarse como músicos, independientemente de aquellos críticos culturales de los diarios que opinan que les falta nivel artístico y apenas les da el pinet en cinco o seis temas comenzando por “Imposible”, “Presión”, “9 de Julio” y alguno más.
“Que trabajen de taxistas pero no de músicos”, llegaron a decir algunos familiares de víctimas de Cromañón, queriendo cortarles las manos y las cuerdas vocales a Santos Fontanet y sus compañeros. Otros familiares llegaron a decir que iban a “quemar la provincia” , cuando CJS fue autorizado a tocar en el Chateau Carreras de Córdoba en la fiesta de la Primavera de 2006.
En esa persecución implacable, pero fracasada, un rol decisivo lo jugó Iglesias, el abogado de una de las querellas más revanchista con la banda. Lo suyo no no fue sólo el producto de un familiar muy exasperado sino también de un letrado, que se supone debe conocer la ley. “Es una inmoralidad que toquen” dijo quien años atrás fue acusado por manejos de la quiebra del Banco Mayo. Iglesias sabía que no se podía prohibir que los músicos trabajaran en la etapa del proceso, cuando estaban en libertad.
Por otro lado, como en 2006 recordó Eduardo Guarna, quien era el abogado de los rockeros, “el grupo tiene nueve fallecidos propios y 43 de entorno, Maximiliano Djerfy (guitarrista y coros) perdió cinco familiares”.
A Callejeros se los podrá culpar de imprevisión y negligencia, guiño al uso de bengalas en los recitales al aire libre y quizás alentar el ingreso de un número mayor de público a su espectáculo en calle Bartolomé Mitre al 3000. Pero no son asesinos, corruptos ni delincuentes. Y con mucho de razón, en su último CD, desde el tema “Guiños”, Pato canta con ganas y replica que “se perdió el señor Soborno y todos lo están buscando, allá por los tribunales hay guiños por todos lados. Y la estatua de la entrada tiene los ojos tapados porque se cansó de ver a quienes hoy, ayer y siempre, la están violando”.
