La Corte Suprema de Uruguay ordenó el viernes pasado el cierre definitivo de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar que experimentó el país entre 1973 y 1985 , debido a que declaró inconstitucional la llamada ley interpretativa de la Caducidad.
Los ministros que forman parte de la Suprema Corte declararon algunos artículos de la norma inaplicable con cuatro votos a favor y uno en contra.
Tras la decisión tomada por la máxima instancia judicial se archivarán todas las causas judiciales abiertas en las que no hay militares involucrados debido a que prescribieron.
Según el tribunal ley interpretativa de la Caducidad, dos de sus tres artículos son inconstitucionales por lo que no puede aplicarse en forma retroactiva.
Esta normativa, denominada ley 18.831, restableció en el artículo 1 el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, del 22 de diciembre de 1986.
Asimismo, determinaba que no se computara plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de dicha norma.
Por último declaraba que los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Según la Comisión para la Paz (2000-2003), la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en el país.
El gobernante Frente Amplio, la central sindical PIT-CNT, y agrupaciones de familiares de víctimas de la violación de los derechos humanos expresaron su rechazo a la decisión de la Suprema Corte y convocaron a una masiva “marcha en silencio” para este lunes 25.
“Por Verdad y Justicia nos concentramos en silencio”, reza el escueto comunicado de estas agrupaciones políticas, sindicales y de derechos humanos.
Igualmente, el Gobierno de Uruguay le ha otorgado reparaciones económicas, desde 2010 hasta la actualidad, a unas 277 familias que fueron víctimas de la dictadura que vivió este país entre 1973 y 1985, siguiendo una ley que fue aprobada por el Ejecutivo en el año 2009.
– Libre Red
Preocupación en la ONU
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó el domingo su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucionales artículos de una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles.
«Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país», expresó la Alta Comisionada, citada en un comunicado del organismo.
«Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional», añadió.
– Noticias Terra
