Así lo destacó la ONG La Casa del Encuentro, que además denunció que buscan a 700 mujeres desaparecidas luego de ser introducidas en las redes de trata de personas, 25 de ellas en la Ciudad de Buenos Aires.
Nightclub, boliches clase C, whiskerías, o locales privados. Bajo cualquiera de estos formatos funcionan, habilitados o no, 5000 prostíbulos en el país donde permanecen secuestradas víctimas de las redes de trata de personas, según denunció la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Sus integrantes apuntaron además sobre un crecimiento en los últimos dos años de la demanda por parte de los “clientes prostituyentes” de adolescentes de entre 13 y 17 años.
“No podemos calcular la cantidad de personas que hay en cada prostíbulo. Desde La Casa del Encuentro acompañamos a las familias de 700 mujeres introducidas en las redes de trata que aún están desaparecidas, de las cuales 25 son de Capital. El 70% de esas mujeres y niñas son argentinas, una tendencia contraria a lo que pasa en el resto de los países, donde hay mayor explotación de migrantes. Eso sucede porque la Argentina es un país de origen, tránsito y destino. Acá las mujeres son engañadas y secuestradas, trasladadas dentro del territorio nacional, pero además llegan mujeres extranjeras porque es un país con alta demanda”, especificó Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro.
En la actualidad, La Casa del Encuentro está trabajando junto al Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires en el armado de un protocolo para asesorar a los funcionarios de esa área sobre cómo recibir denuncias de explotación sexual vinculadas a este delito.
Según explicó la Asesora General Tutelar, Laura Musa, la idea es extenderlo luego a las fiscalías y comisarías, una propuesta que contaría con el aval del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano.
“En los relatos de las personas asistidas empezamos a percibir comentarios que nos hablaban de situaciones de explotación comercial sexual infantil, e incluso de trata. Por eso pensamos que era necesario tener un equipo entrenado por esta ONG que realizó las investigaciones más serias y eficaces, de modo que los fiscales se puedan hacer cargo de las denuncias”, explicó Musa.
En esa línea hoy también están trabajando la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), dependiente de la Procuración General de la Nación y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambas instituciones elaboraron un protocolo de capacitación para los integrantes de los Ministerios Públicos Fiscales del país que, según anunció a Tiempo Argentino el fiscal a cargo de la UFASE, Marcelo Colombo, esperan aplicar a modo de ensayo antes del mes de junio en la Capital Federal. “Apuntamos a reparar las malas interpretaciones, preconceptos y prejuicios con los que se interpreta la ley y las malas prácticas de la justicia al momento de recibir declaraciones”, explicó Colombo.
“Todo esto ayuda a impedir que se descarte la presunción de ese delito, pero para combatirlo verdaderamente es indispensable que se reforme la ley y se conforme un Programa Nacional de Lucha Antitrata para que todos los organismos de gobierno funcionen en forma en unificada y con presupuestos adecuados”, sentenció Túñez.
– Tiempo Argentino
