A presentarse en la IV Jornada Los Terciarios hacen Historia que debió haberse celebrado el 17 de octubre de 2012, pero que insólitamente hubo de suspenderse por la toma de los Colegios por parte de los alumnos secundarios en protesta por los programas de estudio.
Ilustración, Reformismo y Contra-ilustración en la Argentina liberal. Los letrados doctorados en la Universidad de Buenos Aires (1852-1920) y la imperiosidad de una Tercera Ilustración.
– Por Eduardo R. Saguier y Joaquín E. Meabe
Índice
Introducción
Orígenes de esta investigación
Descripción y análisis de un hallazgo bibliográfico reciente
Diferenciar la Primera Ilustración de la Segunda Ilustración
Desconcertante fraseología sobre la esfera pública
Desinterés del poder público en desarrollar la infraestructura científica del país, pieza clave de la Tercera Ilustración argentina
Introducción
El interés de esta ponencia se orienta a compartir con ustedes la gestación, el desarrollo y las rutinas de averiguación e interpretación así como las derivaciones teóricas de un trabajo de campo que consistió en relevar y contextualizar diferentes fuentes documentales éditas e inéditas, que los que se han ocupado de la construcción de la nacionalidad y de la historia de la educación superior en la Argentina simplemente la han pasado por alto.
En ese curso de trabajo la masa documental y el detalle de su secuencia evolutiva ha impuesto un cauce de averiguaciones puntuales y paralelas destinado a desentrañar la historia y la biografía de centenares de académicos y profesionales (juristas, médicos, ingenieros y filósofos), egresados de la Universidad de Buenos Aires, desde Caseros (1852) hasta la Reforma Universitaria de 1918.
Tanto en las obras como en los desempeños de estos académicos, observados desde una nueva perspectiva, queda en descubierto el extraordinario rol con el que contribuyeron a forjar el imaginario institucional en el que se edifica la agenda de la sociedad liberal, el estado de derecho y la nueva sociedad civil secular que finalmente enmendó el espacio republicano al reemplazar en 1916, con desigual alcance, el orden conservador que le precedió.
En este extenso segmento de nuestra vida histórica sobresale como fenómeno cultural un singular conglomerado que bien cabe caracterizar como una colosal empresa ilustrada, cuya función pedagógica conecta las interacciones y las expectativas de los ciudadanos a través de una amplia y variada producción intelectual, localizada en la universidad, que aparece como el agente formador de una agenda, en la que se descubre el sentido y el alcance de las pautas transformadas luego en preceptos de derecho positivo, del nuevo estado nacional.
El resultado de todo esto, en el nuevo estado nacional de la segunda mitad del siglo XIX, muestra una compleja interacción entre las nuevas ideas que alborotan la época y la nueva suma de oportunidades y expectativas de la sociedad civil que se transforma al ritmo de la inmigración y de los adelantos científicos y técnicos.
Dentro de ese escenario se gestan conflictos ideológicos, alimentados por circunstancias de todo tipo que operan como marchas y contramarchas en el seno de la elite académica argentina cuyo resultado genera un antagonismo histórico entre una corrientes liberal ilustrada, republicana y reformista y otra orientación contra-ilustrada y clerical, que alimentó un imaginario autoritario, antirrepublicano, decididamente hostil a la democracia representativa y a la reforma universitaria a la que no han sido extrañas las manipulaciones ideológicas de la historia misma cuya retórica sirvió a la pedagogía pseudos-patriótica de los sucesivos golpes militares y a la agenda de las intervenciones gubernamentales en las universidades nacionales cuya perversa acción destructiva todos conocen.
Esta enorme masa de cursus honorums y de producción letrada, cruzada con eventos históricos críticos (1871, 1880, 1890, 1904), comentados por la prensa diaria, entraña una compleja y heterogénea urdimbre de vocaciones, parentescos, padrinazgos, publicaciones académicas, filiaciones ideológicas y científicas, y orígenes sociales, geográfico-provinciales y político-religiosos, que revelan la lenta y prolongada construcción de generaciones de intelectuales, correspondientes a ese emergente conglomerado ilustrado que se dio en el espacio de las provincias unidas desde los tiempos virreinales, y que marcó la formación de una sociedad, una nacionalidad y un estado moderno, que definimos como la II Ilustración Argentina (1852-1904), seguida por una Ilustración Reformista (1904-1930).
Sin embargo, en el trasfondo de estas gestaciones y conflictos ideológicos fueron germinando, alimentados por circunstancias exógenas y endógenas, numerosos elementos que coadyuvaron a gestar en la elite académica argentina una fuerte corriente contra-ilustrada y anti-reformista, que terminó por desatar la serie de golpes militares e intervenciones gubernamentales en las universidades nacionales por todos conocida.
Nuestra presentación constituye un segmento acotado, pero que es parte de una obra mayor en curso, en el que se informa acerca de los orígenes históricos de la investigación, el desagregado de los cauces por lo que transcurre la historia de las crisis académicas argentinas, sus implicancias teórico-historiográficas y los condicionantes políticos de la misma.
Orígenes de esta investigación
En cuanto a los orígenes de esta investigación debemos señalar que en mi caso particular remonta sus orígenes a toda una vida, pues el drama de la construcción histórica de la sociedad argentina la iniciamos hace casi medio siglo indagando primero en la estructura económica (tierra, crédito y mano de obra), para luego pasar a estudiar las estructuras políticas, militares y culturales, ninguna de las cuales logró responder enteramente nuestros interrogantes más acuciantes. Y en el caso de mi colega Meabe se remonta a un doble camino en la historia material del derecho, desde los orígenes del derecho en la antigua Grecia y la justicia del más fuerte, para luego volcar las determinaciones de esa secuencia evolutiva en el escenario puntual de la sociedad argentina y en el más acotado de su evolución jurídica.
Analizando esta compleja secuencia descubrimos las sucesivas crisis universitarias (1871, 1904) que acontecieron durante esa etapa que denominamos, con todas las reservas del caso, Segunda Ilustración (1852-1904), a la que le sigue la Ilustración Reformista (1904-1930). Y, por cierto, allí encontramos, en una extensa variedad de testimonios, todo un conglomerado de sujetos y productos intelectuales cuya trama interactiva pone de manifiesto los nexos entre el nuevo orden republicano y el dispositivo instituyente con el se construye la pedagogía básica de adaptación a los mecanismos de trato de la nueva sociedad civil económica y de interiorización de las reglas, cuyo extenso y desigual debate pauta toda la etapa en la que se establecen y consolidan las instituciones troncales del derecho representado por los códigos de fondo.
Estos fenómenos, hasta ahora no estudiados en el detalle de su anclaje y su trama histórica y operativa, han dejado su huella no solo en los documentos académicos; y, por cierto, basta observar de una manera apropiada la prensa diaria de la época para descubrir las conexiones que tornan inteligible aquella pedagogía de adaptación que asciende en creciente grado de complejidad desde los tratos puntuales registrados en los contenciosos a los mas amplios y extensos de la vida cívica. En ese escenario de interiorización adaptativa una de la claves para la inteligibilidad del segmento estudiado se localiza en el seno de las estructuras académicas de la incipiente institución universitaria, donde sobresale el Departamento de Jurisprudencia que será luego retitulada como Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Descripción y análisis de un hallazgo bibliográfico reciente
En esa línea de trabajo nuestra presente ponencia va a estar centrada alrededor de la descripción y análisis de un hallazgo bibliográfico reciente (pero que fue publicado hace casi un siglo, en 1920, por los Talleres Gráficos del Ministerio de Agricultura), así como en torno de los avatares metodológicos para la transformación de dicha fuente y la consecuente construcción del cuadro documental que ha servido de apoyo a esta investigación. Ese hallazgo, por otra parte, no fue un hecho casual ni accidental y vale la pena destacarlo porque, al rastrear las fuentes de la actividad universitaria, y al explorar los archivos en los que se documenta el desempeño de ese conglomerado de individuos que en el seno de la universidad tematizan las pautas, luego transformadas en preceptos positivos, esa obra era justamente la clave de registro que estaba esperando ser utilizada como la llave de una puerta que conduce a la bóveda central del edificio que habita aquel singular conglomerado ilustrado.
Esta clave de registro es un verdadero monumento documental, que nos propusimos transformar enteramente para que fuera posible su implementación historiográfica. Se trata de la obra de un santafesino de filiación política radical, el Ing. Marcial Rafael Candioti, consistente en un texto con una veintena de capítulos críticos, que se desarrollan a lo largo de unas 400 páginas, seguidos por un erudito apéndice que cuenta con el registro de ocho mil (8000) tesis listadas cronológicamente a lo largo de otras 400 páginas, y todo bajo el prolongado e insípido título de Bibliografía Doctoral de la Universidad de Buenos Aires y Catálogo Cronológico de las Tesis en su primer centenario, 1821-1920.
Cabe señalar que dichas ocho mil tesis fueron donadas, en su testamento, por Marcial Candioti a la Biblioteca Nacional, una década después de haber publicado su obra formalizándose la entrega tres años después de su fallecimiento, acaecido en 1928. Pero la gestión de Gustavo Martínez Zuviría, conocido con el seudónimo de Hugo Wast, un destacado escritor antisemita estrechamente ligado a la jerarquía eclesiástica argentina, en esa época y durante un cuarto de siglo Director de la Biblioteca (se prolongó ininterrumpidamente hasta 1955), en lugar de mantener reunidas las tesis en su totalidad en un solo espacio dentro de la Biblioteca, que pueda ser habilitado para el público especializado, las dispersó en el extenso fondo bibliográfico de la institución, dotando a cada una de las mismas con un número de inventario, una ubicación física y un número topográfico distinto. Esta diseminación física y topográfica, nada inocente por cierto, que puede ser caracterizada como una clara desinformación, que defraudó en la práctica bibliotecaria el objetivo de la donación, atentó contra la posibilidad de trabajar con uniformidad y seriedad metodológica ese inmenso caudal bibliográfico; actitud nunca hasta hoy rectificada, la cual ha sido un factor decisivo para alimentar la increíble indiferencia hacia el libro de Candioti.
Aunque cuesta mucho creerlo, esta obra medular, y nunca premiada, casi no ha sido explotada por nadie en el ámbito de las ciencias de la educación, la ciencia política y la historiografía del derecho, salvo casos muy aislados como el de Federico Palma en su biografía de Juan Eusebio Torrent de 1941 (que nos dio la pista para ubicar la obra [Palma, 1941]) y más recientemente Zimmermann (1995), quien la aprovechó sólo para hacer unos cálculos matemáticos de los egresados en cada una de las carreras, periodizando las mismas en tres etapas. Halperín Donghi (1962) no pudo ignorar la existencia de esta obra pero, misteriosamente, la omite en su tan mencionada Historia de la Universidad de Buenos Aires, así como sus seguidores (Buchbinder, 1997; García, 2010), y también algunos otros que se enmarcan en esa línea aunque no hayan sido sus discípulos (Hurtado, 2010), de lo que resulta que casi todos los trabajos que giran en torno al desenvolvimiento de la universidad argentina y al desarrollo del conocimiento científico terminan quedando al margen de la principal base heurística que permite avanzar en el examen de detalle del periodo crucial de la formación del imaginario institucional de la nación.
Otros autores sin embargo, la han aprovechado mejor, como se advierte en el caso de Vicente Osvaldo Cutolo (un historiador heterodoxo distanciado de la Academia Nacional de la Historia) que incluso llega a convertir la obra de Candioti en la fuente central inspiradora de los siete densos volúmenes de su Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. Cutolo cita a Candioti profusamente pero, en rigor, hace un uso bastante limitado de la fuente, a la que utiliza de manera exclusiva para apoyar la información biográfica, desaprovechando así las demás vetas y pistas de averiguación que ofrece su complejo y ordenado catálogo de tesis doctorales y de los diversos contextos de inserción y carrera de los individuos enlistados.
Por nuestra parte, para el mejor aprovechamiento de este singular catálogo cronológico debimos haber volcado sus referencias a una base de datos desagregada como Excel. Sin embargo, el avance de la investigación así como la necesidad de estudiar la fuente progresivamente impuso, a su vez, un procesamiento con el programa Word.
En este reordenamiento sistemático, para el desagregado temático seguimos el cauce marcado por el desigual desenvolvimiento histórico de las instituciones de la ciencia jurídica, reduciéndonos sólo a los tesistas doctorados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y sólo para la etapa que nace en Caseros y culmina con la Reforma Universitaria de 1918, cuya totalidad alcanza el número de más de tres mil (3300) tesis.
Semejante reordenamiento temático que se extiende a lo largo de ciento treinta (130) páginas, fue posible en principio merced a la riqueza conceptual de los títulos que trae cada tesis. Asimismo, tampoco excluimos la posibilidad de extender la investigación al estudio de los tesistas de Ciencias Médicas, cruzando las tesis sobre pandemias y epidemias con aquellas otras tesis jurídicas vinculadas con la salubridad y la asistencia pública. Más aún, prevemos incluso extender la investigación al cruce entre las tesis doctorales en Ingeniería, que tratan sobre puentes, caminos, canales y líneas ferroviarias, telegráficas y postales, con aquellas tesis jurídicas relacionadas con las comunicaciones y el transporte público.
En principio, el reordenamiento siguió el moderno criterio inaugurado por Bourdieu de los campos del conocimiento (Lahire, 2005). Para ello debimos separar el derecho público del privado, donde cada uno de ellos se llevó la mitad del repositorio, alrededor de unas mil seiscientas tesis.
El desagregado básico que divide el derecho en público y privado responde a la realidad misma del proceso formativo de nuestro derecho que sigue la línea de la transformación que arranca con la Expulsión de los Jesuitas (1767) y que tiene su consagración en la Revoluciones Americana de 1776 y Francesa de 1789 y en el Código Napoleón de 1804. Solo a partir de la Revolución Americana de 1776 cabe hablar de moderno estado de derecho y solo con el Código Napoleón se consagra el nuevo orden civil de la sociedad burguesa que impone el principio de autonomía de la voluntad que constituye la médula de todo el derecho privado moderno que avanza pari pasu con el desarrollo del capitalismo industrial.
El retraso de nuestra sociedad en orden a la relación entre derecho, economía y vida cívica se percibe solo cuando se examina la matriz instituyente que se esfuerza por consagrar un orden de doble vía que de una parte excluya la violencia directa en la vida cívica y por otra garantice el espacio de reproducción de los tratos particulares bajo un dispositivo uniforme de reglas de derecho positivo que arbitran la diferencias en la sociedad civil y pautan los resultados por medio de instrumentos económicos propios del sistema de mercado que universalizan los valores y las prestaciones en juego.
Sea cual fuere la interpretación de la secuencia histórica de nuestra sociedad nacional está fuera de duda que solo a partir de 1853-60, cuando se establece la Constitución Nacional, se consolida el nuevo orden social cuyo imaginario institucional se expresa en el modelo republicano y liberal burgués que a partir de 1862 organiza el conglomerado legal cuyo desglose básico viene dado por la dicotomía público-privado, que remite a la clara separación de los campos de la actividad sociopolítica y del desenvolvimiento de la vida civil y económica que se ajusta al patrón que Max Weber identificó como tipo racional-legal (Weber, 1973).
Con esta perspectiva, desagregamos en el derecho público los sub-campos del derecho constitucional con 571 tesis o el 33% de su totalidad, del procesal (administrativo, civil, comercial y penal) con 376 tesis o el 24%, del penal con 247 tesis o el 15%, del administrativo (electoral, fiscal) con 210 tesis o el 14%, y del internacional público con 141 tesis o el 5%. Y en el campo del derecho privado, desagregamos los sub-campos del derecho civil, laboral, agrario, marítimo y minero. Los derechos civil y comercial, por cierto los campos más ricos y numerosos en instituciones jurídicas alcanzaron un total de 303 y 372 tesis respectivamente. Estos últimos fueron a su vez desagregados en las sub-instituciones jurídicas de contratos (obligaciones) con 109 tesis, derecho de familia (matrimonio, divorcio) con 120 tesis, sucesiones (legítimas, forzosas e intestadas) con 254 tesis, derechos reales con 54 tesis, derecho de autor con 30 tesis, y derecho internacional privado con 76 tesis.
Una vez reordenada y desagregada la totalidad de los títulos de las tesis, nos propusimos indagar en cada una de ellas la identidad particular de cada tesista. Es decir, volcamos en el cuadro documental, el apellido y nombre, la provincia de origen, el cursus honorum, y la información bibliográfica existente de cada uno de ellos, posterior o anterior a su tesis doctoral. La provincia de origen es de lo más relevante, por cuanto con excepción de Córdoba, ninguna provincia contaba con universidad propia. En ese sentido, la UBA concentraba el interés vocacional de todo el interior del país, y hasta de los países limítrofes, pues contamos con numerosas tesis de graduados paraguayos, bolivianos y orientales o uruguayos. Los egresados de los colegios nacionales, sembrados en cada cabecera de provincia en tiempos de Mitre, concurrían en su inmensa mayoría a Buenos Aires, instalándose en algo así como colonias provinciales.
Entre el total de trescientos ochenta y tres (383) tesistas procedentes de las provincias, que pudimos detectar, comprobamos que Salta encabezaba el conjunto con sesenta y cuatro (64) tesistas o el 16%, siguiéndolo Santa Fé con sesenta y tres (63) tesistas o el 16%, Corrientes con cincuenta (50) tesistas o el 12%, Mendoza y Córdoba con treinta (30) tesistas o el 9% cada una, San Juan con 23 tesistas, Santiago del Estero con 16 tesistas, Uruguay con 16, Catamarca con 15, Jujuy con 10 tesistas, y Paraguay con ocho (8). Según un testimonio de época, “En el ambiente estudiantil se notaba una marcada separación: porteños a un lado, provincianos al otro”. Entre estos últimos, se destacaba la ausencia de los tucumanos. A juzgar por la opinión de Coviello (1943), los tucumanos Ernesto E. Padilla, Juan B. Terán y otros “…formaron siempre rancho aparte con los porteños. Este concepto de superioridad de los tucumanos sobre el resto de los provincianos, que hacía, seguramente del prejuicio porteño, contribuyó a acentuar la idea de orgullosos “estirados”, de poco cordiales que ha habido siempre sobre los habitantes de esta provincia” (Coviello, 1943).
Asimismo, encontramos la forma de hallar la identidad de los padrinos de cada tesista. Como la totalidad de las tesis se encuentra en el fondo bibliográfico de la Biblioteca, nos fue posible consultar a través de su Catálogo Online, la información correspondiente a su topónimo, que nos permitió detectar aquellas tesis que contaban con numeración sucesiva y consultar así las que se encontraban encuadernadas en volúmenes que compilaban más de una tesis. Con esa numeración topográfica nos fue posible consultar in visu la totalidad de los volúmenes compilados que reúnen más de medio millar de tesis, lo cual constituye la muestra que nos permitió rescatar el número de páginas de cada tesis, la identidad de los replicantes y padrinos (padre, tío, abuelo) de cada tesista, y las tres (3) proposiciones finales exigidas al tesista, tal como lo demandaba el Reglamento del Doctorado.
Si bien la inmensa mayoría de los tesistas posee un solo padrino, se dieron también varios casos de un par de padrinos. Los padrinos, cuya cantidad suma en nuestra muestra un par de centenares, repiten su padrinazgo, y ello abonó la posibilidad de elaborar un cuadro alfabético de padrinos y ahijados. El record de ahijados lo llevan muy pocos, destacándose entre ellos Manuel Obarrio, quien alcanzó en nuestra muestra una docena de ahijados; seguido por Manuel Quintana, quien alcanzó el número de once ahijados; y Leandro Alem y Pedro Goyena, quienes totalizaron siete ahijados, y Manuel Florencio Mantilla con cinco. Hubo padrinos que lo fueron de un solo ahijado, como el caso de Bartolomé Mitre con Osvaldo Magnasco, pues Mitre era muy exigente en cuanto a la calidad del ahijado. Por cierto, si tuviéramos la totalidad de los padrinos, la frecuencia de estos padrinazgos aumentaría.
Por lo general, padrino de tesis era el pariente doctor más próximo de cada tesista. Luis Sáenz Peña apadrina a su hijo Roque. Miguel García Fernández a sus propios hijos Miguel y José. David Tezanos Pinto a su sobrino Martín Torino. Miguel Navarro Viola a su hijo Alberto. José Antonio Ocantos a su hijo José Antonio. Mariano Demaría a su futuro yerno Antonio Robirosa. Y el Pbro. Juan M. Terrero a su sobrino Juan N. Terrero. Se daban también relaciones de docencia y vecindad provincial. El correntino Juan E. Torrent apadrina a sus comprovincianos Benigno Martínez y J. Alfredo Ferreira. El salteño Pedro Nolasco Arias a sus comprovincianos Nicanor Toranzos y Angel M. Ovejero y a su sobrino Aniceto Latorre. El salteño Victorino de la Plaza apadrina a tesistas cordobeses como Benigno Ocampo, Manuel Peña y José Echenique. También existían entre los padrinos y los padres de los ahijados relaciones de reciprocidad, algunas de larga data. Vicente Fidel López apadrina a Miguel Cané (h) y a Francisco Ramos Mexía; y Juan María Gutiérrez a Lucio V. López. Y en algunos casos hemos podido detectar relaciones de clientelismo político, como fueron los casos de Leandro Alem, Manuel Quintana y Bernardo de Irigoyen. Aquellos tesistas que carecían de parientes académicos apelaban por lo general a los académicos más notorios, estableciéndose así una competición por ver quien era capaz de lograr la aceptación de los más famosos. Este requisito académico se fue diluyendo a partir de la rebelión estudiantil de 1904, que fue a Buenos Aires lo que la de 1918 fue a Córdoba.
Respecto al cursus honorum de cada tesista, comenzamos con la provista por los diccionarios biográficos existentes, que detallan los cargos políticos, judiciales, docentes y profesionales que ocuparon en el transcurso de sus vidas, codificando al margen de cada biografía dichos cargos. Iniciamos la indagación con la obra de Cutolo, por ser la más detallada y completa, incorporando en el cuadro documental su tomo y la página correspondiente. Pero como Cutolo detiene su registro en aquellos biografiados que fallecen antes de 1930, fue preciso incorporar los biografiados en el Diccionario Biográfico Contemporáneo Ilustrado de Fontenla Facal (1919), en el Quien es Quien en la Argentina (1939), editado por Guillermo Kraft, y en el Diccionario Histórico Argentino de Piccirilli, Romay y Gianello (1954), dotando a cada una de estas fuentes con una abreviatura identificatoria distinta, la C para Cutolo, la doble F para Fontenla Facal, la Q para el Quien es Quien, y la P para Piccirilli et. al..
Como se da la existencia de numerosos tesistas homónimos, estos diccionarios nos permitieron incluir en el listado el apellido materno de cada uno, de modo de identificar aquellos que eran padres, hermanos, hijos, nietos o primos, lo cual ha posibilitado reconstruir la existencia de verdaderas dinastías jurídicas (e.g.: Brea; O´Farrell; Beccar Varela; Romero y Rosa; Holway, Baqué y Canale, etc.). En cuanto al cursus honorum, cada uno de los cargos desempeñados en vida fueron codificados con abreviaturas: el de Juez con la J, el de camarista con la TJ, el de diputado provincial con la DP, el de senador provincial con la SP, el de convencional constituyente con la CC, el de diputado nacional con la DN, el de senador nacional con la SN, el de interventor federal con la I seguida por la identidad de la provincia intervenida, el de docente universitario con la Du, y así sucesivamente. Por cierto, lo más relevante, a los efectos de esta investigación, son los cargos judiciales y docentes, los cuales se realimentan mutuamente, y nos permiten cruzar esta información con la producción letrada de cada uno de ellos.
En efecto, la información personal más relevante del punto de vista de la sociología de la ciencia jurídica era la de aquella producción letrada que dichos tesistas publicaran en vida con posterioridad o anterioridad a su tesis doctoral, en especial sus elementos republicanos, secularizadores y modernizadores, lo que nos permitirá destacar en cada disciplina jurídica el contrate evolutivo entre los juristas más emblemáticos: en Derecho Civil Segovia, Colmo, Salvat y Borda, en Derecho Penal los doctores Moreno, Soler y Cabral, y en Derecho Constitucional González Calderón, Sánchez Viamonte y Bidart Campos.
A dichas obras fue posible rescatarlas consultando el Catálogo Online de la Biblioteca Nacional, para luego incorporarlas al cuadro documental con el año de publicación incluido. En esta producción letrada fueron apareciendo numerosas revistas y publicaciones periódicas tales como la Revista de derecho, historia y letras (1898-1923), la Gaceta del Foro (1916-1938) y la Revista Argentina de Ciencias Políticas (1910-1920). La reconstrucción de este repertorio bibliográfico individual, que alcanza a unas 300 obras o un 10% del total de los tesistas, nos permitió evaluar los avatares del interés intelectual de cada tesista. Se dieron vocaciones diferentes, alcanzando la mitad el géneros jurídico, y el resto los géneros literario, histórico, teatral, filosófico, antropológico, poético, o autobiográfico. A su vez, entre los tesistas doctorados en jurisprudencia que continuaron incurriendo en el género jurídico se desagregaron treinta (30) tesistas, o el 20%, volcados al Derecho Civil; veinte (20) tesistas, o el 15%, volcados al Derecho Penal; once (11) volcados al Derecho Comercial; y ocho (8) al Derecho Administrativo.
La totalidad de la producción letrada nos habilitó también para intentar caracterizar la totalidad del período histórico investigado. El Catálogo Online nos ha permitido a su vez prolongar la investigación hasta el mismo año 1930, y eventualmente hasta 1945, pues en el formulario electrónico, al indagar por cada figura o institución jurídica, se rescata en cada disciplina la identidad nacional o extranjera de los nuevos juristas que fueron apareciendo en el mercado editorial, información que incluye su extensión en el número de páginas y el nombre de la firma editorial respectiva.
En el interés por caracterizar este largo período histórico de casi setenta (70) años, que culmina con la crisis del 30, tropezamos con las recientes obras historiográficas centradas en la primera Ilustración Europea, especialmente en la Ilustración Radical de Jonathan Israel, centrada en la figura de Spinoza. La lectura y análisis de esta obra excepcional nos alentó a postular la hipótesis de la existencia en el Río de la Plata, de una segunda Ilustración, que irrumpió en la historia a renglón seguido de Caseros, Cepeda y Pavón (1852, 1862), y que se extendió hasta la revuelta reformista de 1904, seguida por una Ilustración Reformista que se prolonga hasta el golpe de estado de 1930.
Diferenciar la Primera Ilustración de la Segunda Ilustración
Para entender entonces este fenómeno histórico-cultural en América Latina es preciso distinguir la Primera Ilustración de la Segunda. La Primera Ilustración, en su versión moderada, aconteció en la segunda mitad del siglo XVIII, impulsada por la metrópoli colonial española, y se caracterizó por la expulsión de la Orden Jesuítica, y por un régimen burocrático controlado verticalmente por la corona, extendiéndose su impacto hasta los prolegómenos de la Revolución de Mayo. La Segunda Ilustración, por el contrario, se caracterizó por su naturaleza radical y vernácula, aunque legataria del Código de Napoleón, por la adaptación de un régimen profesional y político extremamente emulador, competitivo y receptivo de la inmigración y la cultura europea, pese al fraude político-electoral entonces sistemáticamente extendido, y por la secuela de una Ilustración reformista.
Sugestivamente, en las nociones de sociabilidad política y espacio público, heredadas de Habermas y desarrolladas para la primera mitad del siglo XIX por Guerra, Chartier y González Bernardo de Quirós, estas consideraciones sobre la vida académico-universitaria están ausentes. Son en Argentina, a fines del siglo XIX, los tiempos de Mi Hijo el Doctor, ejemplarmente retratado por Florencio Sánchez, un oriental Blanco pero acérrimo crítico del caudillo rural populista Aparicio Saravia, reseñado por David Viñas en varias de sus obras. El análisis detallado de esta producción letrada ilustrada, nos permitirá detectar los elementos anti-ilustrados y anti-reformistas, es decir aquellos elementos anti-republicanos, anti-secularizadores y anti-modernizadores que aceleraron el deterioro y postrer derrumbe de la elite liberal.
El nuevo enfoque de la ilustración de los siglos XVII y XVIII proveída por Israel (2012), al desagregar el bloque ilustrado mostrando al mismo tiempo el desarrollo paralelo y problemático de una ilustración radical con otra moderada permite percibir la función de la primera ilustración en nuestro territorio (probabilismo, rigorismo, agrarismo), que avanzó con desigual y contradictorio empuje en el desmantelamiento del antiguo régimen y que estuvo personificada en las figuras de Juan Baltasar Maziel y Manuel José de Labardén (Probst, 1946).
La primacía del resultado negativo asociado a la acción de desmantelamiento todavía no ha sido estudiada en detalle debido quizá a la asincronía de la trama que enlaza el derecho y la vida cívica y económica, signada por el consecuente desorden metanastásico que al tiempo que consagra nuevas estructuras de mando al mismo tiempo mantiene los dispositivos de derecho anclados en el antiguo orden, sin poder articular dispositivos pacíficos de trato arbitral para los individuos (Meabe y Saguier, 2009). Queda como una tarea o cuenta pendiente el examen de detalle de aquella primera ilustración cuya función deberá juzgarse con arreglo a una nueva inspección de detalle de los campos en controversia y de los contradictorios imaginarios en formación.
Esta sinóptica bastará de momento para dejar claramente establecida la diferencia entre esa primera Ilustración y la otra que denominamos Segunda Ilustración, seguida por la Ilustración Reformista, y que pone de manifiesto funciones positivas en la construcción del imaginario institucional republicano que solvente culturalmente el estado de derecho edificado sobre la nueva dicotomía público-privado y el nuevo orden racional legal. En este nuevo orden se desglosa la sociedad civil económica que va a ser detalladamente servida en los estudios de derecho por el precipitado de desarrollos puntuales en los que se registra la progresiva construcción y evolución del derecho así como sus marchas y contramarchas que se conectan con las nuevas ideologías y el desborde de pujas sociopolíticas a las que no son ajenos las demandas y los cambios en la vida social a lo largo del segmento que hemos sometido a especial averiguación.
Desconcertante fraseología sobre la esfera pública
Entre estas nuevas ideologías y consideraciones irrumpió la noción de esfera pública, confusamente elaborada por Jürgen Habermas. A ello se sumaron los comentarios que al respecto formularan Craig Calhoun, Charles Taylor y Geoff Eley sobre su equiparación con la gestación de la sociedad civil y la incidencia de los procesos modernizadores de movilidad, industrialización, urbanización, ilustración, codificación, comodificación o mercantilización de bienes o ideas, y publicitación o informatización de documentos, libros y expedientes en los repositorios, archivos y bibliotecas públicas.
Asimismo, irrumpieron como vicarias de esas orientaciones las obras recientes de François-Xavier Guerra sobre el espacio público, la publicidad y la sociabilidad política, y la de Roger Chartier sobre la incidencia de la Ilustración y la lectura en el despertar de la Revolución Francesa; así como la inmensa bibliografía reciente acerca del impacto de la descolonización de Asia y África y de los espacios coloniales de la ex Unión Soviética en la construcción de sus respectivos espacios públicos (sobre la India la obra de Berglund; sobre Indonesia la obra de Florian Pohl; sobre África la obra de Assié-Lumumba, sobre el espacio intelectual árabe la obra de Hamzah; sobre las redes marítimas asiáticas y la esfera pública colonial la obra de Frost, y sobre la ex Unión Soviética la obra de Kuzio).
No hace al caso, a propósito de ese conglomerado intelectual, introducir aquí una polémica teórica, pero, tampoco es posible pasar por alto que toda una suma de contrucciones filosóficas, sociológicas, económicas, jurídicas y hasta psicológicas, a lo largo del siglo XX han llevado a cabo un desafortunado intento de reflotar aquella ilustración moderada de los siglo XVII y XVIII insistiendo en poner delante del bosque de los hechos el árbol de la racionalidad, científica o no científica, que bajo las mas diversas formas argumentales elaboran constructos, noúmenos o artefactos abstractos (vg. el ser para la muerte, las condiciones formales de la experiencia, la fraseología de los modos de producción, las falsaciones, la Grundnorm, las Pattern variables, las entificaciones, los trascedentales comunicativos o transformacionales, la rule of recognition, la original position, etc) solo agregan una pesada y, a veces, desconcertante verbalización que no es más que retórica profesoral como bien lo señala Castoriadis con implacable crudeza (Castoriadis, 2008).
No obstante toda esta muy profusa desconcertante y, de ordinario, desorientadora bibliografía, el buen sentido, el indispensable respeto a los hechos y la apropiada conexión entre teoría y práctica sirven de oportuno correctivo para la reformulación teórica que viene necesariamente impuesta por la exigencia de inteligibilidad que solo resulta posible cuando se cuenta con un dispositivo apropiado que permita caracterizar los hechos históricos en su genuina perspectiva, para poder así percibir aquello que es crucial y constitutivo de la secuencia misma. En especial el correctivo de los hechos en toda su compleja e irregular manifestación es un presupuesto de cualquier registro histórico y no parece posible alcanzar la inteligibilidad de una secuencia si no se puede desglosar el material para descubrir su trama y sus conexiones significativas (Meabe 1999).
Este problema teórico, que hace ya algunos años fuera planteado por Bermejo Barrera (2009) al demandar un psicoanálisis del conocimiento histórico en la línea del psicoanálisis complementarista de Devereux (1973), pone el pasado en una plataforma compleja donde los diversos campos convergen, se cruzan y reproducen articulando interiorizaciones y pautas que luego se proyectan como reglas de adaptación que marcan límites y rupturas como la que tiene lugar en el derecho post-napoleónico.
Se imponía entonces de cara a nuestras averiguaciones, un indispensable deslinde de límites y rupturas que solventan el nuevo orden republicano enmarcado en la sociedad civil económica, la economía de mercado y el orden escalar de clases donde el derecho se edifica desde la autonomía de la voluntad y no como precipitado del poder concentrado del estado que, en la etapa pre-napoleónica, condensa en su seno la totalidad de la ley (Meabe, 1994).
En ese horizonte de investigación toda una línea de discursos, edificados en la plataforma hobbesiano-kantiana de la ilustración moderada, ha resultado por completo inepta para comprender la ruptura provocada a comienzos del siglo XIX por el Código Napoleón, alimentó en el siglo XIX alemán un creciente cientificismo jurídico, y multiplicó en el siglo XX una suerte de revival racionalista.
No hay que olvidar que el prejuicio de la ilustración moderada representada por Kant y retomado en Prusia y los principados alemanes por Savigny, recicla la ontología jurídica como ontología histórica, sin historia real como bien a lo ha señalado Paul Koschaker que catalogó a ese vicio alemán de la cientificidad como professorencht schule (Koschaker, 1953; Meabe, 1999).
Asimismo, al pasar por alto el hecho de que el derecho no es una ciencia sino una técnica dependiente de la ética material de cada circunstancia histórica y de cada sociedad concreta, aquellas orientaciones criticadas mas arriba terminan cayendo en una suerte de vicio esencialista y cientificista reproducido luego en la escuela de Ihering y en la de Stammler, acerca de todo lo cual Weber desarrolla una critica despiadada en su Wissenschaftslehre (Weber, 1973). Incluso varios de los más importantes aciertos de Marx terminan enervados como ocurre en el caso de Althusser, Poulantzas y sus seguidores, cuya fraseología estructural solo sirve para alejarnos de los hechos. Y en la misma línea de deficit teórico se inscriben las escuelas neokantianas y toda esa suma de plataformas pre-napoleónicas que nutren las construcciones abstractas de Kelsen, Hart y Rawls así como sus secuelas analíticas que, a veces reemplazan a Kant por Wittgenstein lo que solo agrega todavía mayor confusión a la necesaria inteligibilidad del derecho.
Poca duda cabe de que en ese revival racionalista del siglo XX convergen las escuelas neokantianas, los diversos existencialismos, el propio marxismo salvo la excepción de Lucien Goldmann (Goldmann, 1955), y ese irregular conglomerado formado por las Escuelas de Frankfurt y Viena. Sus integrantes (Adorno, Horckheimer, Marcuse y Habermas) lo mismo que los de la escuela Austriaca (von Hayek, Popper) y la propia corriente de los Annales (Braudel, Romano) que colocan su anclaje teórico, en lo que hace a las relaciones entre derecho, economía y vida cívica, en un marco que exhibe una completa y total desatención de la crucial ruptura de comienzos del siglo XIX, heredera de la ilustración radical de los siglos XVII y XVIII.
Todas esas filosofías y teorías rezagadas ven lo privado desde lo público y no alcanzan a percibir la fenomenal reversión registrada primero por Benjamín Constant, y por Hegel y Kierkegaard en la primera mitad del siglo XIX, luego complementada por Nietszche en la segunda mitad de ese mismo siglo XIX y finalmente perfeccionada de modo diverso por Guglielmo Ferrero, Alexandre Koheve, Leo Strauss, Eric Voegelin, Lucien Goldmann y Cornelius Castoriadis en el siglo XX.
Y, desde ya la teoría de Habermas que sigue la línea inicial de la Escuela de Frankfurt y la del primer Benjamin va en una dirección que para el estudio de la relación entre derecho, economía y vida cívica, resulta casi estéril porque en su matriz misma no es más que una reformulación del modelo marxista que ignora precisamente el rasgo diferencial de la sociedad civil económica que construye la esfera privada como ámbito de clausura de la interiorización de las reglas de trato de los individuos (contratos, sociedades, matrimonios, etc.).
El primero que abre la vía para la comprensión de ese ámbito es Constant y los que advierten la relevancia de Constant son Georg Jellinek primero y luego Guglielmo Ferrero. El último que capta la parte de la trama que lleva a la auto-reproducción de ese ámbito de clausura es Castoriadis. El derecho opera en ese ámbito de manera creciente y la despolitización que se advierte desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo después de la caída del Muro y del derrumbe del socialismo real sintoniza en esa línea que presume ser el Estado Homogéneo Universal, definido por Koheve y regido por el punto de equilibrio conocido como el Óptimo de Pareto.
En todos estos autores la dicotomía público-privado es una dicotomía revertida respecto del pasado pre-napoleónico. Por el contrario el esquema de Habermas y toda esa línea teórica se encuentra anclada en ese pasado pre-napoleónico que mira la sociedad desde el ámbito de lo público. Es el caso de Kant y de Rousseau, a los que Constant revoca de manera implacable. La tradición que arranca de Hobbes y que culmina en Habermas vive la ilusión de un mundo irreal que solo existe en el trascendental hobbesiano-kantiano. Esa combinación de Hobbes y Kant, que ha sido posible gracias a Rousseau y a los alemanes que no leyeron bien la Fenomenología del Espíritu (entre ellos el propio Marx), desapareció cuando el Nuevo Estado Constitucional de Derecho de la Revolución Americana universalizó en la segunda mitad del siglo XIX, con la Guerra Civil, la doctrina de la autonomía de la voluntad, consagrada por el Código Napoleón.
Hegel lo advierte cuando señala en la Fenomenología que con la batalla de Jena en 1806, que impone el Código Civil napoleónico de 1804 en Prusia y Austria y en todos los principados Alemanes e Italianos, se entierra definitivamente todo un pasado de la humanidad que él llama historia y que no es sino una crónica (esa historia no es la historia como reconstrucción del pasado sino la historia como secuencia uniforme de la evolución social de la humanidad que se clausura en 1806 en Jena).
No es lo público lo que rige en la sociedad post-napoleónica sino la autonomía de la voluntad que segrega el orden civil y lo pone a disposición de los individuos bajo el régimen de libertad negativa tan bien explicado por Constant y posteriormente por Jellinek y Ferrero y más luego perfeccionado por Koheve y Castoriadis, y últimamente por Isaiah Berlin. En ese nuevo escenario el derecho es algo muy diferente a la ley y por eso Leo Strauss prácticamente concluye la historia del derecho natural con Rousseau. Sin embargo, Strauss no ha sabido ver en Hegel el horizonte de la nueva sociedad que lleva al mencionado Estado Homogéneo Universal.
Este no es un problema de erudición filosófica. Es un problema de inteligencia crítica de la matriz que rige la vida social en un marco en el que interactúan el derecho, y la vida económica y cívica. Nuestra investigación al colocarse en ese escenario de interacción y confrontación del derecho y la vida cívica y económica no puede ni debe entremezclarse en la jerga pre-napoleónica de todos aquellos que como Rawls o Habermas acumulan ingenio y citas para tratar de reciclar la esfera de lo público, que como tal es incompleto y vicario del nuevo imaginario social instituyente y, por cierto, no sirve para tornar inteligible lo que requiere un modo diferente de ver las cosas.
En realidad el mundo moderno ha revertido lo público en lo privado y el capitalismo es el desideratum de esa reversión como lo muestra muy bien Castoriadis. De manera que pensar lo público como un trascendental autónomo y buscar en los detalles con los que se etiquetan relaciones y modalidades es como buscar una aguja en un pajar. Ese empirismo abstracto es por otra parte lo que ha hecho fracasar al funcionalismo y lo que hace de la teoría de sistemas un mero juego de palabras. La cuestión no es ver como se aplica el dilema del prisionero sino la de describir la trama que regula los tratos posibles en una sociedad que no es colasionable en ese dilema del prisionero que no es más que un juego dentro de la teoría de los juegos. La sociedad y el derecho lo mismo que la vida cívica no opera como el dilema del prisionero y tampoco como un sistema auto-referencial al que se le debe asignar significado.
Desinterés del poder público en desarrollar la infraestructura científica del país pieza clave de la Tercera Ilustración argentina
Finalmente, y aquí probablemente lo más urticante de esta presentación, esta investigación se vio condicionada negativamente por el desinterés del poder público en desarrollar la infraestructura científica del país, una pieza clave de la denominada esfera pública y tarea insustituible si algún día se pretenda encarar la Tercera Ilustración argentina. En efecto, la pertinaz presencia en la sociedad civil académica de vicios pedagógicos, metodológicos y des-informativos que arrancan de la crisis del 30 así como el interés del poder político actual en imponer su propia versión del pasado histórico incurriendo en calendarios y panteones anacrónicos, hizo que nuestra voluntad por descubrir la etiología de estos vicios se acentuara.
Por cierto, esta larga etapa contra-ilustrada y anti-reformista no aconteció sin altibajos de toda índole. Si bien la presente etapa que padece la Argentina arranca con el Consenso de Washington (1990) y el Régimen de la Nueva Gerencia impulsada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el campo de la investigación y la docencia (1990), la anterior etapa del denominado Proceso no se inició el 24 de marzo de 1976, tal como lo pregona la actual historia oficial, sino que retrotrae su origen histórico al golpe del 28 de junio de 1966 y a la Noche de los Bastones Largos (VII-1966). Y en el campo de la cultura académico-universitaria tiene su inicio local en las denominadas Cátedras Nacionales (O´Farrell, Cárdenas, Carri, J. P. Feinman, H. González, etc.), que impuso la dictadura de Onganía para combatir a la izquierda a través de su Ministro del Interior General Francisco Imaz.
La malversación de más de mil millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por parte de la Agencia Nacional para la Promoción Científica o ANPCYT, a lo largo de más de una década (1997-2010), que recayó en centenares de proyectos personales de investigación, y una buena parte de los mismos en los propios funcionarios de la Agencia, coordinadores y co-coordinadores de la misma, es la más grave e ignorada de las corrupciones que padece el cuerpo político argentino. Por sus implicancias en la formación y la producción de la intelectualidad científica esta corrupción supera con creces en gravedad a todas las demás que se difunden en el candelero mediático, y por ello nos ha convencido que nuestro interés científico, focalizado en las estructuras académicas históricas, estaba y está excelentemente encaminado.
Más aún, el obsceno desinterés de las autoridades argentinas y su actual ministro Lino Barañao por informatizar electrónicamente las fuentes documentales inventariadas y archivadas y por desarrollar la infraestructura científica del país (archivos, bibliotecas, laboratorios, museos, etc. y escaneo y procesamiento informático de fuentes documentales) puso en alerta a la comunidad científica. El caso de la informatización del Archivo General de la Nación (AGN), debido al desinterés de dicha Agencia o ANPCYT por cumplir con esa tarea, el Poder Ejecutivo tuvo que subsidiar con apenas cuatro (4) millones de dólares la ingente tarea de informatizar los catálogos y los fondos documentales de dicho Archivo. Este desinterés logró la complicidad de la justicia federal (Cámara Penal incluida), la que ordenó el archivo de la denuncia interpuesta (que incluye como testigo falso a Carlos Cassanello, directivo de dicha Agencia). Sus pormenores y beneficiarios se pueden consultar online bajo los títulos de: Obsecuencia de los Jueces al Poder Político en Argentina, http://www.ellibrepensador.com/2012/08/03/argentina-obsecuencia-de-los-jueces-al-poder-politico/
y Humanistas subsidiados por el poder kirchnerista o Mandarinato académico mercenario http://argentina.indymedia.org/news/2011/12/805119.php
Toda esta larga lucha nos puso en evidencia la inmensa gama de tareas que han quedado aún pendientes de realización, entre ellas las que en esta presentación hemos puesto de relieve, todo lo cual nos confirma lo que reza el titulo acerca de la imperiosidad que acontezca en nuestro país un punto de ruptura con el proceso anti-iluminista y por consiguiente se logre generar una Tercera Ilustración.
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