El pasado 18 de junio de 2011 en la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo) nos reunimos distintas organizaciones de la región del chaco salteño, de los departamentos San Martin y Rivadavia.
El pasado 18 de junio de 2011 en la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo) nos reunimos distintas organizaciones de la región del chaco salteño, de los departamentos San Martín y Rivadavia.
En dicha reunión se constituyó la Coordinadora de Tierra formada por:
Sra. Lucia Ruiz por la organización Campesina Unión y Progreso, Sr. Alfredo Riera por la organización Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Sr. Antolin Soraire por la Asociación Campesinos de Los Blancos, Sr. Ricardo Ponce por la organización Campesinos Unidos, Sr. Ubaldo Cruz por la organización Defendiendo lo Nuestro, Sr. Alfredo Areco por la Unión de Pequeños Productores y Campesinos Norteños (Lote Fiscal 7 Tartagal) y la Sra Elba Cruz por la Asociación de Productores Ganaderos del Norte.
Los objetivos de nuestra coordinadora son los siguientes:
1) Apoyar las luchas por el reconocimiento de los derechos posesorios de las familias campesinas, en tierras fiscales o privadas de los depto. San Martin y Rivadavia.
2) Mantener la defensa de los recursos naturales de nuestro monte chaqueño.
3) Ser el canal de dialogo con el gobierno provincial: ministros de las diferentes áreas y diputados y senadores provinciales.
La constitución de esta coordinadora es nuestra reacción social y política ante la total falta de respuesta del Sr. Gobernador Dr. Juan Manuel Urtubey, el Ministro de Desarrollo Económico Dr. Julio César Loutaif, el Ministro de Gobierno Dr. Pablo Kosiner, respecto a la angustiante situación en la que se encuentran las familias campesinas del Chaco Salteño, ya que a 8 meses de la aprobación por unanimidad la Ley 7658 que frena los desalojos, no ha sido reglamentada para poner en vigencia el Programa de Regularización Dominial, siendo el encargado de reglamentarla el Ministerio a cargo del Dr. Loutaif. Este desinterés por asegurar los derechos de nuestras familias, por parte del gobierno provincial, no tan solo desconoce el compromiso asumido al sancionar la ley sino es contrario a la decisión presidencial de solicitar el inmediato tratamiento del proyecto de Ley de propiedad de la tierra.
Esta falta de compromiso de las autoridades gubernamentales, provoca que las familias campesinas sigamos sufriendo los embates y la violación de nuestros derechos por parte de la jueza de Tartagal la Dra. Ana María De Feudis, que sin importarle la vigencia de esta ley la semana pasada firmó una nueva orden de desalojo contra la familia de nuestro compañero Alfredo Riera, que hemos tomado conocimiento se llevara a cabo este jueves 18 de agosto de 2011.
La Sra. jueza insiste en provocar la perturbación de la paz social en nuestra región, al desconocer la vigencia de una ley que fue sancionada por las autoridades democráticas de nuestra provincia, como quedó demostrado en los momentos de tensión social vividos en el intento de desalojo de la familia Riera el pasado 26 de mayo o la tensión social que provoco la orden de desalojo de esta jueza que firmo en el mes de abril contra la familia de Don Yapura que vive desde hace más de 30 años en el Lote Fiscal 7 al norte de Tartagal.
La actitud de esta jueza no es nueva ya que venimos denunciando desde hace más de 2 años su animosidad y su total falta de imparcialidad cuando se trata de juicios contra las familias campesinas, ya que como hemos dicho en muchas oportunidades en más de 30 fallos de juicios de desalojos nunca resolvió reconociendo los derechos posesorios de una familia campesina, todo lo contrario siempre sus fallos fueron favorables a las empresas que realizan negociados inmobiliarios con nuestra tierra.
Por ello la semana pasada la coordinadora en reunión con los asesores legales de las distintas organizaciones que la integran resolvió remitir los antecedentes de la intervención de la Dra. De Feudis en las causas de las familias campesinas, especialmente los de las familia Riera y Yapura, a los fines de que se analicen, dichos antecedentes, para presentar un eventual pedido formal de juicio político ante las autoridades que correspondan.
– PRENSA A.P.P.CH.S
