Luego de la lucha llevada adelante por los trabajadores de la zafra de El Tabacal en 2012, donde reclamaron por aumento de salarios, contra la precarización laboral y los despidos, y de haber sido brutalmente reprimidos por la policía del gobierno de Urtubey, el gobierno en alianza con la justicia de Salta, avanzó un paso más en su ofensiva contra los trabajadores y delegados combativos que pelean por sus derechos.
En medio de la negociación paritaria del sector, comenzó el juicio llevado adelante contra Martín Olivera, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, a quien le quitaron los fueros sindicales en medio del conflicto, acusado por violación de domicilio durante el paro que se desarrolló durante el año 2011 en la planta industrial, por haber entrado a la fábrica y al campo a comunicar el paro junto a otros dirigentes sindicales en el cambio de turno.
El Tabacal tiene toda una tradición explotadora. Propiedad del Presidente del Partido Conservador en los ’30, Robustiano Patrón Costas, desde hace 12 años es propiedad de capitales norteamericanos, la Seabord Corporation. La empresa se jacta de la calidad de su azúcar “Chango” y los modernos procesos de producción, mientras mantiene a los trabajadores con sueldos de hambre, fundamentalmente los trabajadores contratados para la zafra, quienes se encuentran en condiciones terriblemente precarias.
Esta causa se enmarca en la creciente criminalización de la protesta del gobierno nacional y los gobiernos provinciales como el de Urtubey, que inician causas y procesamientos contra delegados y sindicatos combativos, utilizando métodos como el denominado “Proyecto X” o los infiltrados policiales que realizaron espionaje dentro de El Tabacal, como reconoció el propio oficial Retamar, durante la audiencia.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) venimos llevando adelante una gran campaña contra la criminalización de la protesta social, que ya cuenta con más de 5000 luchadores con causas penales abiertas a nivel nacional, y que han tenido su máxima expresión en la condena a cadena perpetua de los trabajadores petroleros de Las Heras, quienes peleaban contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral y fueron condenados sin prueba alguna y en un proceso que contó con vejaciones y torturas.
En nuestra región encontramos los procesamientos de 13 dirigentes del SEOM, las causas contra dirigentes azucareros de Ledesma y contra los integrantes de diferentes pueblos originarios judicializados por reclamar por sus tierras.
Para hacer frente al plan económico hecho en base a un ajuste, con tarifazos en los servicios esenciales y topes en las paritarias, los trabajadores han salido a responder con organización y fuertes medidas de lucha como fueron los casos de las huelgas de los docentes de Salta, y como han demostrado los trabajadores que en el marco del gran paro del 10 de abril, al que adhirieron millones, realizaron cortes y sostuvieron piquetes a lo largo de todo el país, enfrentándose a la gendarmería.
La respuesta del gobierno ha sido una profundización de las medidas reaccionarias y ataques a los sectores que se organizan y salen a luchar, impulsando un proyecto en contra de derechos democráticos elementales como es el derecho a la protesta, la denominada “ley antipiquetes”.
Es necesario que desde los organismos de derechos humanos, sindicatos combativos, cuerpos de delegados, agrupaciones estudiantiles y organizaciones políticas y sociales nos pronunciemos en apoyo y solidaridad a cada una de estas luchas y sigamos exigiendo el cese de la persecución, espionaje y el cierre de las causas contra los trabajadores y luchadores sociales de todo el país.
– CeProDH
