La ADC advierte que las presuntas presiones oficiales recibidas por empresas para suspender avisos publicitarios en medios de comunicación pueden configurar supuestos de censura indirecta. Estas prácticas pueden acarrear consecuencias negativas para el trabajo periodístico y comprometer el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, generan una coacción financiera sobre los medios. La ADC informó a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH sobre esta situación.
(Buenos Aires, 12 de abril de 2013) – La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifiesta su preocupación ante las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre presuntas presiones oficiales recibidas por distintas cadenas de supermercados y electrodomésticos para suspender los avisos publicitarios en medios de comunicación. La ADC advierte que presiones oficiales de este tipo pueden configurar pueden significar un supuesto de censura indirecta , prohibido expresamente por la Convención Americana de Derechos Humanos. La ADC envió una carta a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informando sobre esta situación.
En su artículo 13.3, la Convención sostiene que: “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agrega en su principio 13 que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Las empresas pueden decidir pautar o no pautar debido a diferentes razones; lo que es inadmisible es que el Estado interfiera en dichas decisiones como una forma de castigar a determinadas publicaciones por razones editoriales o políticas. Dichas prácticas pueden acarrear consecuencias negativas para el trabajo periodístico y perjudicar la calidad del debate público, comprometiendo seriamente el derecho a la libertad de expresión.
Además, la presión del gobierno para no pautar en medios gráficos genera una coacción financiera sobre dichos medios, que ven cercenadas de manera ilegítima sus fuentes habituales de ingresos. En algunos casos, esto puede llevar a situaciones extremas de ahogo económico, con la consecuente afectación para la libertad de expresión.
Finalmente, dichas prácticas se insertan en un contexto preocupante en el cual el Estado continúa haciendo un uso discriminatorio y poco transparente de la publicidad oficial , mientras sigue sin legislarse sobre la materia. Estamos hablando de sumas exorbitantes de dinero, que crecen de manera exponencial año tras año, y que son canalizadas de manera arbitraria a los medios afines al gobierno y a otros creados y financiados íntegramente a costa de los recursos fiscales aportados por el gobierno por medio de las asignaciones de publicidad oficial. La ausencia de un marco regulatorio apropiado, que ponga límite a la actual situación de discrecionalidad y discriminación en el manejo de la pauta oficial, no hace más que agravar el problema. Cabe recordar que tanto la Corte Suprema como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtieron en numerosas oportunidades acerca de la necesidad de regular el reparto de los recursos publicitarios estatales, de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión. El Congreso de la Nación tiene una deuda en la materia, y el Poder Ejecutivo la obligación de cumplir las sentencias judiciales.
En un año electoral, la ADC considera impostergable la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial. Las asimetrías en el acceso a recursos para publicidad electoral, generados como consecuencia del uso excesivo de pauta estatal por parte del gobierno de la nación y de las restricciones financieras que la normativa electoral impone a los partidos políticos, generan una gravísima distorsión en la competencia electoral.
– Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
