Ante la proximidad del Día Mundial por el Derecho de Acceso a la Información, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta su informe Un mal balance: los datos personales como barrera al acceso a la información en la Argentina.
El trabajo (ver adjunto) sistematiza los argumentos jurídicos desarrollados en cinco casos judiciales en los que la ADC cuestionó la utilización por parte del Estado de la Ley de Protección de Datos Personales para negar, de manera arbitraria, el acceso a información claramente pública.
En efecto, en los últimos tiempos hemos detectado que las autoridades recurren cada vez más a la Ley de Protección de Datos Personales para negar información pública. Sostienen que cuando la información solicitada sea “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” quien solicita la información debe demostrar tener un interés legitimo en acceder a la misma. De acuerdo a la investigación Un derecho débil (ver adjunto), difundida por la ADC en mayo pasado, ella es la principal excusa invocada por la autoridades para negar información en el orden federal. Y es el producto de una errónea interpretación del ordenamiento jurídico vigente.
Como consecuencia de ese diagnóstico, la ADC diseñó y llevó adelante una estrategia de litigio estratégico tendiente a cuestionar las razones ofrecidas por el Estado ante los tribunales. Para ello, buscó y tomó casos de interés público en los que el Estado invocaba estas razones para negar información. Así, patrocinó a la periodista Mariel Fitz Patrick y a los legisladores Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido –este último, recientemente– en amparos en defensa de su derecho constitucional a acceder a información pública. En los últimos dos casos, además, se cuestionó la afirmación del poder ejecutivo de acuerdo a la cual los diputados renuncian a su derecho constitucional de acceso a la información pública al acceder al Congreso de la Nación.
Los casos mencionados forman parte de una estrategia de litigio que tiene por objeto garantizar judicialmente el acceso a la información. Esperamos, además, que los tribunales locales se comprometan con una visión robusta del derecho de acceso a la información como lo hizo la Corte Suprema en el caso ADC c. PAMI, en diciembre de 2012. El máximo tribunal tiene en sus manos otro caso llevado adelante por la ADC en el que se cuestionaba –justamente– el uso de los datos personales como barrera al acceso a la información. Un pronunciamiento del tribunal sobre esta cuestión permitiría destrabar un conflicto interpretativo que, hoy en día, impide la plena vigencia de un derecho fundamental en una comunidad democrática.
En el documento Un mal balance, la ADC sistematiza los argumentos jurídicos utilizados en los casos mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, se hace un un breve repaso por los cinco casos judiciales que integran nuestra estrategia de litigio. El trabajo es complementario de la investigación Un derecho débil: investigación sobre el acceso a la información pública en la Argentina, dado a conocer en mayo pasado.
Esta agenda de trabajo de la ADC se vincula con la necesidad de no retroceder en materia de acceso a la información. En el día mundial por el acceso a la información, que se celebra cada año el 28 de septiembre, se vuelve necesario recordar –una vez más– que avanzar en este agenda exige una ley nacional de acceso a la información que se adecue a los estándares internacionales que rigen en la materia.
– ADC.org
