Tras 15 años de explotación, se convirtió en la mejor prueba de la megaminería: los propios estudios de impacto ambiental hechos por la empresa confiesan cómo afecta a la región, no mejoró la vida del lugar y se multiplican las protestas. El Estado se unió a las corporaciones.
Bienestar económico, desarrollo local y cuidado ambiental. Son las principales promesas de las empresas mineras, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales. Es lo mismo que prometió hace 18 años Minera Alumbrera, cuando comenzó su instalación. Los vecinos creyeron y, tras quince años de extracción de cobre y oro, rechazan la megaminería porque confirmaron en primero persona que no llegó el trabajo prometido, se acumulan las denuncias por contaminación y, en una nueva etapa de la política minera, se acentuó la represión contra los vecinos que rechazan la actividad. Bajo la Alumbrera, ubicado entre los diez principales yacimiento de cobre del mundo, es el caso testigo de una actividad tan millonaria como cuestionada que, en los últimos ocho años, aumentó 1500 por ciento.
Las promesas
Andalgalá es la tercera ciudad en importante de Catamarca, fundada el 12 de julio de 1658, hace 354 años. En octubre de 1994, y de la mano del presidente Carlos Menem, comenzó la instalación de Minera Alumbrera para explotar el yacimiento que pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el estado nacional, que conforman la sociedad Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El 31 de octubre de 1997 comenzó su etapa extractiva.
El yacimiento está en manos de la suiza Xstrata (50 por ciento) y las canadienses Goldcorp (37,5) y Yamana Gold (12,5). Según datos de la misma empresa, el yacimiento se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro.
Sus promesas iniciales: un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad, escuelas, 6000 puestos de trabajo, protección del medio ambiente.
La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8.200 puestos laborales. Las asambleas ambientales de la zona lo desmienten. Incluso el ex intendente prominería José Eduardo Perea (venció su mandato en 2011 y asumió como senador provincial) reconoció que sólo 50 vecinos de Andalgalá trabajan en el yacimiento1.
Marcelo Giraud es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, integra también la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y es coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina”. En base a los “Informes de Sostenibilidad” anuales de la propia empresa, detalla:
– Entre 2002 y 2005 la empresa declara exportaciones por 2.580 millones de dólares (un promedio de 647 millones anuales).
– En 2005 los envíos al exterior alcanzaron los 897 millones.
– 2007: 1.558 millones de dólares.
– 2008: 1.249.573.893 dólares.
– 2009: 1.203,7 millones de dólares.
La empresa publicita que, para operar el yacimiento, invirtió 1300 millones de dólares. Muy cerca de la cifra que obtuvo en un sólo año de operación (2008).
En 2010 la empresa declaró exportaciones por 1.590 millones de dólares (a un promedio del precio de dólar a 4,30 pesos: 6.837 millones de pesos). La Provincia recibió en 2010, según la empresa, 674 millones de pesos (9,8 por ciento de lo exportado), de lo cual las regalías son sólo 140 millones de pesos (dos por ciento de lo exportado).
En cuanto a regalías municipales, las últimas cifras difundidas por la empresa corresponden a 2009. El municipio de Belén percibió 5,8 millones de pesos (1,53 millones de dólares, a un dolar que cerró el año a 3,79 pesos), el 0,12 por ciento de lo exportado. Andalgalá recibió en 2009 12,6 millones de pesos (3,32 millones dólares): el 0,27 por ciento de lo que Alumbrera exportó ese año de las montañas catamarqueñas.
En octubre de 2009, con trece años de explotación de Alumbrera, el municipio de Andalgalá declaró oficialmente la “emergencia económica” por la “grave” situación financiera. Cumplió así la regla que se repite en toda Latinoamérica: todos los municipios con megaminería son pobres.
Contaminación
Alumbrera acumula denuncias, y pruebas, de contaminación:
– Dique de colas. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de alto, llamado dique de colas. Héctor Oscar Nieva es ingeniero en minas y era inspector de calidad ambiental del gobierno provincial cuando en 1997 detectó que el dique de colas tenía filtraciones hacia las napas subterráneas. La empresa lo negó. Nieva denunció que fue separado de su cargo y luego realizó un estudio maestría en la Universidad de Nancy (en Francia), en el cual confirmó las filtraciones. La empresa finalmente reconoció las pérdidas, pero argumentó que los estudios son erróneos (aún hoy en su página de internet cuestiona a Nieva, pero reconoce las filtraciones). Alumbrera instaló un sistema de retrobombeo por el cual, según promete, la contaminación que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño.
Nieva no es un “antiminero”, como suele llamarse despectivamente a los ambientalistas, incluso cree que la minería metalífera es necesaria. El reciente declaraciones radiales 2, Nieva aseguró que, ya en 1997, el dique “perdía por todos lados”, afirmó que la empresa “nunca lo reparó” y explicó que el dique de colas “se conecta hidráulicamente con la cuenca del río Vis Vis (…) Es un hecho gravísimo y lo van a padecer las generaciones futuras”. Destacó que en las filtraciones hay presencia de metales pesados.
– Gendarmería Nacional tomó muestras de agua del canal DP2 (transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucumán, que baja a Santiago del Estero y termina en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba) por denuncias presentadas ante el fiscal federal de Tucumán, Antonio Gómez. Gendarmería confirmó “un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos”. Otro estudio de Gendarmería en marzo de 2004 confirmó la presencia de cianuro en agua (0,0008 miligramo por litro). En abril de 2007 la propia Secretaría de Minería de la Nación reconoció en un informe que Minera Alumbrera contaminaba: confirmó que el canal DP2 presentaba alto contenido de metales: “Las mediciones realizadas indican que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de SDT (sólidos disueltos totales), sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados. A lo largo del curso y con el aporte del agua superficial y subterránea de la zona puede observarse un notable incremento en las concentraciones de SDT, sulfatos, hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable. El impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental. La intensidad del mismo resulta alta, de extensión regional, permanente y parcialmente reversible. El riesgo de ocurrencia es cierto y el impacto se califica con un valor de 7, que representa un impacto medio”.
“La causa por contaminación ya lleva doce años. Es inaudito. Y se debe a la complicidad entre el poder económico y el Poder Judicial y político. Hay sobradas pruebas de contaminación, pero hay una clara denegación de justicia”, denunció el fiscal federal Gómez a MU.
– Agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de personas. Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
– El producto bruto que obtiene Alumbrera es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004, el 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.
– Drenajes ácidos. Es uno de los grandes problemas de la megaminería a nivel mundial. Los drenajes ácidos ocurren naturalmente, pero son magnificados como consecuencia de la minería. Se producen cuando los minerales que contienen sulfuros presentes en la roca se exponen al aire o al agua, convirtiéndose en ácido sulfúrico. Este ácido puede disolver metales pesados (plomo, zinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio) presentes en la roca y en los residuos o colas hacia el agua superficial y subterránea. Producen una contaminación grave, pueden viajar largas distancias río abajo y se producirán aún cuando la mina haya cerrado. Alumbrera remueve por día 300.000 toneladas de roca
A confesión de parte
El Informe de Impacto Ambiental (IIA) que Minera Alumbrera presentó para comenzar a operar es un documento repleto de datos técnicos, lectura laberíntica y 14.000 fojas. Horacio Machado Aráoz es licenciado es ciencia política, docente de la Universidad Nacional de Catamarca y autor de numerosos artículos científicos respecto de las consecuencias de las consecuencias de la magaminería. Machado analizó el Informe Ambiental de Alumbrera, y cita textual:
– “La calidad del agua superficial y subterránea será modificada en el cañón del río Vis Vis (…) Las fuentes de contaminación consideradas en el modelo fueron el dique de colas y la pila de roca estéril.” (Minera Alumbrera, IIA 1998, Pág. 17).
– “La calidad de agua continuará siendo afectada después del cierre de la mina, debido a los drenajes de las colas y de las rocas estériles considerando una vida útil de la mina de 20 años y, según los modelos de simulación realizados, el impacto se reducirá significativamente 50 años después del comienzo de las operaciones mineras” (Página 23).
– Respecto del impacto del proyecto sobre los sistemas hídricos y la disponibilidad de agua extraída del ecosistema local, el propio Informe de Impacto Ambiental elaborado por la empresa reconoce: “La superficie de la cuenca Amanao se reducirá en un 27 por ciento (de 60.500 hectáreas a 44.165) por la presencia del Dique de Colas (…) La excavación de la cantera afectará el drenaje subterráneo hacia el río Vis Vis (…) Parte del flujo subterráneo del río Vis Vis será interceptado por un sistema de retrobombeo. Para los ríos Santa María y Nacimientos, cuyo aporte subterráneo es afectado por el bombeo de los pozos de producción de Campo del Arenal, ha sido una disminución (sic) del aporte igual a 0,75 por ciento y 6,6 por ciento respectivamente, entre los 10 y los 20 años de bombeo. Esto se debería traducir en un descenso del nivel de la freática en las cercanías de ambos ríos no mayor de 0,5 metros” (Página 16).
– Respecto a la extracción de aguas del acuífero del Campo del Arenal, Alumbrera señala: “En la zona del Campo del Arenal, la depresión máxima del nivel freático que será provocada por los pozos de producción de agua ha sido estimada en 4 -5 metros en los primeros años y en 14 – 22 metros después de 20 años (…) Esto provocará el secado de los 4 pozos artesanales cercanos a la Ruta 40, utilizados para abrevadero de animales” (Página 19).
Machado tiene un hablar pausado, tranquilo, y un tono bajo, pero acaba de escuchar a la gobernador Corpacci afirmar en un canal porteño que “Alumbrera no contamina”. Machado cambia de tono y resume: “¿La señora gobernadora algunas vez se tomó el trabajo de leer el Informe de Impacto Ambiental de Alumbrera? Esta modalidad de explotación tiene un gravoso impacto ambiental mundialmente reconocido. El propio Informe Alumbrera da cuenta de la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas que provoca esta explotación; la disminución de cuencas hídricas, la depresión de acuíferos, reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, destrucción de hábitas, a afectación de la flora y la fauna”.
La Gobernadora nombró a su esposo, Miguel Ángel Mercado, al frente del Ministerio de Producción, donde en la práctica reporta la Secretaría de Minería provincial. Y ubicó al tío de éste y ex esposo de Alicia Kirchner, Armando “Bombón” Mercado, en el directorio de YMAD (la contraparte nacional de Alumbrera). Bombón Mercado es sindicado como el referente político del kirchnerismo en Catamarca.
El desencanto
En 2003 tuvo repercusión nacional Esquel y su rechazo a la minería. En 2004, cuando este redactor visitó por primera vez Andalgalá, había (al menos) tres posturas: aceptación a la minería, rechazo y, una intermedia, aceptación pero con más ingresos para el municipio. Sí había coincidencia que la minería no había aportado beneficios a la comunidad. Las voces críticas iban ganando espacio, pero era difícil percatar si eran mayoría.
Pero a la falta de trabajo y el escaso impacto local de la megaminería se sumaron dos hechos que conmovieron Andalgalá. A fines de 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero de oro, plata, cobre y molibdeno en manos de la canadiense Yamana (accionista de Alumbrera) y publicitado como tres veces más grande que el yacimiento en explotación. El agravante: se ubicará a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región (el Blanco, Candado y el Minas). El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día.
En marzo de 2010 se conoció que el gobierno provincial había otorgado el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarían sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. La beneficiada era la empresa Billiton Argentina BV, perteneciente al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países.
El documento oficial de la Secretaría de Minería de Catamarca era claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Era el párrafo textual del escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que llevaba la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.
El proyecto se llamó “Pilciao 16” y la documentación oficial (expediente 770B2005) confirmaba la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesaban 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucraba 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La movilización popular, y la lluvia de críticas al gobierno provincial, hicieron dar marcha atrás con Pilciao 16. La voracidad minera fue ganando voces críticas.
Democracia minera
José Eduardo Perea fue electo intendente de Andalgalá en 2003. Durante la campaña que lo llevó al ejecutivo municipal había prometido un plebiscito para decidir qué hacer con el yacimiento Agua Rica. Pero ni bien fue electo cambió de parecer: “El pueblo debe decidir, de eso estoy seguro pero es que todavía no está preparado porque desconoce el tema”, afirmó perea a este redactor en 2005 3. Cuando se le preguntó cuándo estarán preparados para votar el plebiscito los mismos electores que lo llevaron a ser intendente, dijo no saber.
En abril de 2004, y sin esperar al Intendente, los pobladores del pequeño paraje de Choya (en el departamento de Andalgalá) rechazaron el proyecto de Agua Rica por los riesgos ambientales que podría causar con la contaminación del agua y el aire. Lo hicieron mediante un documento al que adhirió un 80 por ciento de la población.
Perea fue intendente durante ocho años de Andalgalá, hasta diciembre de 2011, cuando fue electo senador provincial. Nunca llamó a plebiscito.
Sí lo hizo, aún con la oposición de Perea, el Concejo Deliberante de Andalgalá. En marzo de 2010 llamó a un plebiscito vinculante para que el pueblo decida, el 25 de mayo de ese año, si aceptaba o rechazaba Agua Rica. La empresa a cargo del yacimiento, Yamana Gold, denunció que era “inconstucional” que el pueblo decida. El gobierno provincial apoyó a la empresa, y también lo declaró “ilegal e inconstitucional”.
La Asamblea Vecinos por la Vida fue tajante: “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”.
Argumentos
Decenas de pueblos cordilleranos rechazan la megaminería. Empresas y funcionarios alegan que “la gente no está informada” y que los “ambientalistas tienen posiciones dogmáticas”. Intelectuales y periodistas orgánicos al Gobierno respaldan esa línea argumentativa, que subestima el conocimiento de los pueblos.
“Se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, afirmó la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para rechazar dineros provenientes de Alumbrera. La resolución 1308 del Consejo Superior, de diciembre de 2009, focaliza en las consecuencias sociales, ambientales y aclara: ”La problemática socioambiental no sólo involucra dimensiones económicas y técnicas, sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las comunidades”.
La Universidad Nacional de Río Cuarto también rechazó dinero de Alumbrera. En su fundamentación, destaca: “No puede dejarse de lado el análisis de los dramas medioambientales que están probados en la zona de operaciones de dicha minera”.
El 16 de febrero pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario votó por unanimidad una resolución de rechazo al modelo extractivo, con especial hincapié en los agronegocios y la megaminería: ”Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, provocan los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio.”
Etapa represiva
En diciembre de 2009, cuando el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, los vecinos cortaron un camino vecinal que es paso obligado hacia el futuro yacimiento. Allí nació la Asamblea El Algarrobo, que tomó el nombre del árbol que les dio cobijo.
El 15 de febrero de 2010, por la noche, sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial y grupos especiales de infantería. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. La bronca derivó en concentración masiva en la plaza central de Andalgalá y pueblada. El Justicia suspendió el proyecto hasta que exista “paz social”.
En enero de este año, en paralelo a la pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera. Como nunca antes, se dieron cortes coordinados y selectivos (sólo afectaba a los camiones mineros) en Tinogasta, Belén, Andalgalá y Santa María.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
El jueves 9 de febrero, en un discurso público, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó una puesta en escena con un “trabajador” minero que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas. La Presidenta remarcó que su interlocutor (Armando Domínguez) no era dirigente política, ni era de la empresa Barrick Gold, sino un simple “trabajador”. Pocas horas después, los medios de comunicación dejaron al descubierto que Domínguez era dirigente del PJ de Olavarría, sindicalista del gremio minero y que había sido interventor del gremio en San Juan, donde cerró filas con Barrick Gold para acordar salarios en el yacimiento Veladero.
En el acto que quedará en la historia de los bloopers políticos, la Presidenta reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
Sólo nueve horas después, el viernes 10 de febrero a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
Ningún funcionario nacional repudió la represión (como tampoco sucedió cuando asesinaron en Formosa al qom Roberto López ni cuando mataron en Santiago del Estero al campesino Cristian Ferreyra).
“No creemos que el Gobierno quiera un debate serio ni sincero. La Presidenta y los gobernadores reciben a los empresarios mineros y a nosotros, que somos los primeros afectados, nos reprimen, allanan nuestras casas como si fuéramos terroristas y nos llevan presos”, graficó Cecilia Carrizo, 33 años, integrante de la Asamblea El Algarrobo.
El 15 de febrero, impulsado por el Gobierno Nacional, se conformó la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro respaldo a la actividad minera. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta de conformación).
Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, en los últimos ocho años aumentó un 664 por ciento la exploración minera y precisó que existen 600 proyectos en estudio. El informe oficial “La minería en números” (de 2009), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
– Por Darío Aranda
* Artículo original publicado en el Periódico MU de la Cooperativa Lavaca (marzo de 2012). www.lavaca.org
– Fuente: Rebelión
