La movilización de los afectados, sumada a la intervención de la concejal Josefa Cardozo (PO) y del abogado de Derechos Humanos Hernán Mascietti frenó el desalojo de 750 familias en un predio de 12 manzanas en San Ramón de la Nueva Orán. La crisis habitacional en Salta es parte de una profunda crisis social, económica y política.
El desalojo que debía producirse ayer en Orán en cumplimiento de una orden judicial finalmente se frenó, pero este nuevo incidente puso una vez más en evidencia la crisis de vivienda que se vive en la provincia, sobre todo en los mayores centros urbanos.
Si en Orán no hubo desalojo a pesar de la orden judicial que lo disponía, en la ciudad de Salta la policía desalojó con violencia a los vecinos asentados en San Expedito en contra de resoluciones judiciales. Sobre el mediodía de ayer el Partido Obrero denunció en un mitin realizado en la Plazoleta 4 Siglos que detrás del violento desalojo del asentamiento de la ciudad de Salta hay «intereses inmobiliarios». Uno de los afectados tomó la palabra para decir: «No tenemos dónde ir. Pedimos justicia, una vivienda digna». Militantes de Derechos Humanos y miembros del Partido Obrero no pudieron impedir la violenta represión que se desató en San Expedito. Hubo vecinos lesionados. Una mujer perdió el embarazo. Nenina Lescano (DDHH) y Diego Toro (concejal del PO) fueron detenidos. En su intento de proteger a una familia el diputado Claudio del Plá rodó por el suelo y perdió sus lentes. Medio centenar de personas fueron detenidas.
Según el gobierno el desalojo se hizo por el bien de los moradores debido a que la cercanía de unos piletones de líguidos cloacales los exponía a la contaminación. El diario El Tribuno (propiedad del gobernador) anunció que los desalojados firmaron un convenio con Familia Propietaria que soluciona sus problemas de vivienda. Pero el diputado obrero Pablo López dice que sólo hay una vaga promesa de que en 20 días tratarán de reubicarlos. Una de las alternativas es un predio próximo al basural San Javier, lo cual los expondría a una situación contaminante más grave de la que los funcionarios dicen haberlos librado.
En San Ramón de la Nueva Orán el conflicto se planteó a partir de la ocupación por parte de familias sin vivienda de un predio de 12 manzanas, ubicadas en la zona sur de la ciudad, cerca de los cañaverales lindantes con el ingenio San Martín del Tabacal. Una orden judicial había decidido el desalojo en una de esas manzanas que había sido entregada a un particular que la donó al municipio para la construcción de una escuela. Otra manzana fue -al parecer- vendida dos veces, lo que habría configurado una situación de estafa. «Luego se libró una orden para el desalojo de otras seis manzanas y finalmente de todo el asentamiento», le dijo desde Orán a Salta 21 un militante del Partido Obrero.
Cuando se esperaba que se produjeran en Orán escenas similares a las que se vivieron en San Expedito, el desalojo fue -por el momento- impedido. Los afectados protagonizaron una marcha que reunió a cerca de un millar de personas. La concejala Josefa Cardozo, del Partido Obrero, realizó gestiones en el municipio para frenar la represión. «Como siempre ocurre en estos casos el intendente Barberá se borró, no se lo pudo encontrar por ningún lado, no sabemos si está en Orán», denunciaron militantes del PO. El abogado Hernán Mascietti presentó 600 amparos en la Justicia para frenar la represión y advirtió sobre la presencia de niños que podrían resultar lesionados en el transcurso de la acción policial. La Justicia no admitió esos amparos con la excusa que eran «demasiados» y que ya se había tomado la decisión política de no reprimir, tal vez considerando que la medida podría ser contraproducente en medio de una campaña electoral. «Esto no es algo que vaya a verse bien acá en Orán, donde el 60% de las viviendas han sido levantadas en forma irregular ya que no existe una política habitacional planificada», explicó un dirigente vecinal.
