La estabilidad de los que más tienen

El Gobernador ha remitido a la Legislatura Provincial un proyecto de ley que, irónicamente, ha denominado de “estabilidad jurídica”. Pregona que con esta iniciativa se promoverán inversiones en la provincia y se mantendrán y ampliarán las existentes.

Desde los despachos del senador capitalino Fernando Yarade se dispararon correos electrónicos en pos de instalar la “buena nueva” y en la cúpula urtubeysta se anticipó que propagarán la idea a todos los estamentos gubernamentales del país. El proyecto padece vicios groseros en los terrenos jurídico y político, aunque la obediencia legislativa amenaza con darle curso.

Urtubey quiere garantizar sus contratos a los inversores para el supuesto de que los términos actuales se modifiquen en forma “adversa” por imperio de una o algunas de las normas provinciales o municipales que hayan sido identificadas en los contratos como determinantes de la inversión. En caso de aprobarse la ley, éstos tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas pautas por el término de duración del contrato respectivo.

La adversidad, para el gobernador, tiene una sola cara y no se compadece con la de quienes deben soportar con mayor estoicismo la crisis. Los pobres no pueden especular ni con dólares ni con inversiones sobre mercados amenazados por la recesión. Cuesta pensar que en el medio de semejante desfasaje financiero –cuyas secuelas todavía no tienen previsión- se busque blindar a quienes más tienen, mientras que la ecuación económica del 40% de los hogares pobres de Salta no tenga mayores contemplaciones.

Aplicar el verbo “mantener” nos remite automáticamente a empresas como Fundación Santa Tecla o La Plumada S.A., a las que no solamente se les otorgaron tratamientos diferenciales y hasta diferimientos y exenciones impositivas, sino a las que ahora se las excluirá de las normas de ajuste financiero que involucran incremento de tributos y autorización para que las concesionarias de servicios públicos aumenten sus tarifas en porcentajes considerables. Los estamentos sociales más bajos deberán asumirlos y sacrificar otro porcentaje de sus raquíticos ingresos que, ni estirados, logran pagar la canasta básica mensual.

Desde la órbita jurídica también puede pregonarse que existe repugnancia con la Carta Magna. Las únicas cláusulas intangibles son las que instauran principios, derechos y garantías en la zona pétrea de la Constitución. Vedar la aplicación ecuménica de una ley futura importa –a no dudarlo- violar el trato igualitario al que obliga el artículo 16 de la Constitución Nacional y asignarle ultraactividad prohibida.

Los pequeños y medianos empresarios no podrán contar con estos beneficios, puesto que el esquema prevé como requisito esencial que con la inversión se garanticen al menos 100 puestos de trabajo. Hace poco más de un año CENCOSUD, en medio de una maraña de permutas y sospechadas gestiones, comprometía 400 puestos de trabajo y disimulaba los vicios esgrimiendo la contribución a disminuir la tasa de desempleo local. Hace apenas unos días informó que la obra se paralizará hasta que la tormenta financiera se aleje. Acaso alguien puede hacer valer este incumplimiento como causal para deshacer contratos que afectan gravemente el erario público? Los intermediarios ya cobraron sus comisiones y siguen ocupando despachos de funcionarios.

Preocupa, también, que el trámite para acogerse al privilegio esté en manos de la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta creada por decreto Nº 751/08. No es conveniente que sea el hermano del gobernador quien esté al frente de este particular organismo y deba elegir quienes invertirán en la provincia en condiciones que relajan la transparencia y el control. Esto no resulta una elucubración abstracta. El artículo 12º establece que estos contratos, en razón de su especialidad, se encuentran excluidos del régimen de la Ley de Contrataciones Provincial (Ley 6.838) que exige, en determinados casos, transitar por la licitación o el concurso de precios y que de la competencia nos beneficiemos todos con el precio más conveniente.

La mayoría de las empresas que tienen a cargo la concesión de servicios públicos o logró contratos millonarios de obra pública, debieron pasar por el peaje de funcionarios romeristas que ahora responden al urtubeysmo. Las cláusulas, tal como se formularon, habilitan para que también se incorporen al trato diferencial, luego de que fueron galvanizadas por la sospechosa benevolencia de la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN).

De sancionarse el engendro, los ataques judiciales podrían chocar con una Corte de Justicia que ahora explica los motivos de su ampliación y desnuda los apuros por forjar mayorías adictas. Hace rato que el tercer poder no ofrece garantías con la excusa de que estas cuestiones, por su contenido político, no pueden someterse al arbitrio de los jueces.

Lejos de garantizar estabilidad jurídica, la intención del Gobernador la compromete a niveles insondables. Puede equipararse a la institucionalización del lobby empresarial que a partir de ahora se concentrará en la esfera familiar del mandatario. Para quienes sufrimos la vigencia del acomodo, seguirá pendiente la tarea más importante para restablecer la seguridad jurídica que aleja a los inversores serios: Erradicar la corrupción que anida en el “gobierno del cambio”.