El gobierno jujeño (Argentina) aseguró que no había comunidades originarias en las zonas de explotación y que las demandas ya fueron “satisfechas”.
El máximo tribunal argentino escuchó a 33 comunidades y a los funcionarios provinciales sobre la explotación de estratégicos minerales existentes en la puna. El país posee extensos recursos de litio, considerado el “oro blanco” por sus amplios usos en las tecnologías avanzadas que precisa el mundo.
Las comunidades originarias salteñas y jujeñas reclamaron el miércoles 28 de marzo, en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, su «participación» en el proceso de «exploración y explotación» de litio y borato en la puna.
Por su parte, los representantes del estado jujeño replicaron que la demanda ya fue satisfecha «con holgura», y pusieron como ejemplo que cuando se concesionó la explotación de boratos, los pueblos originarios tuvieron «participación en la evaluación del impacto ambiental».
Ante el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros judiciales Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el representante de las comunidades Liborio Flores y la abogada Alicia Chalabe pidieron «una consulta libre, previa e informada sobre las obras» previstas para los procesos de exploración y explotación de los recursos naturales.
Las abundantes reservas de litio en Argentina hicieron que el Congreso Nacional y los gobiernos de Jujuy y Salta lo declararan mineral estratégico. Nada se dijo en la declaración de la consulta a los dueños originarios de esas tierras.
Derecho cultural
Las comunidades originarias que habitan las Salinas Grandes sostuvieron que les fuecercenado el derecho a la participación prevista en la Constitución Nacional y las leyes para la concesión de permisos de exploración y explotación minera en esas áreas. El énfasis fue puesto para «preservar la identidad cultural» de los pueblos originarios.
En tanto, el fiscal de Estado de Jujuy, Alberto Miguel Matok, defendió las políticas del gobierno y consideró satisfecho el reclamo de las comunidades.
La audiencia fue seguida en un salón del cuarto piso del Palacio de Tribunales por dirigentes políticos y sociales, entre ellos el ex diputado Luis Zamora y el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
En las afueras del recinto, decenas de integrantes de 33 comunidades originarias, varios de ellos con atuendos típicos, acompañaron la audiencia.
“No existían comunidades”
El fiscal de estado jujeño, Alberto Matuk, aseguró a los ministros de la Corte que “en Salinas Grandes en esos tiempos de concesión, no existían comunidades en la zona de explotación de las empresas de borato”.
La audiencia se abrió con la exposición del referente indígena Liborio Flores, quien recordó que “nuestro territorio de Salinas Grandes (que ocupa Salta y Jujuy) ha sido históricamente utilizado por los pueblos andinos, de la puna, de valles y siempre ha sido para nuestro pueblos un recurso importante de sobrevivencia”.
Las comunidades originarias de la puna realizan, de modo artesanal en los salares, extracción de sal para, la cual, mediante trueque, cambian por otros productos para sus subsistencia. En la zona prácticamente no existe agricultura y la ganadería se limita a camélidos en razón de la extrema aridez y sequía.
A su turno el representante de la provincia también descartó que las futuras explotaciones contaminen y hasta que impacten negativamente en el ambiente. Matuk aseguró que “no hubo consulta porque no hubo permiso de exploración y de explotación de litio en la zona”.
“De borato sí, pero con anterioridad y en la única mina de borato (fuera de la zona que se denuncia), que hoy está sin actividad, se consultó a las comunidades”, continuó. El funcionario, sin mencionar fuentes, planteó que “en Salinas Grandes en esos tiempos de concesión no existían comunidades en la zona de explotación de las empresas de borato”.
El encargado de llevar a la audiencia la voz de la provincia sostuvo que no se están haciendo exploraciones para la extracción de litio.
Consulta
Las comunidades originarias que habitan las Salinas Grandes aseguraron que, por parte de los gobiernos provinciales, les fue cercenado el derecho a la participación prevista en la ley para la concesión de permisos de exploración y explotación minera en esas áreas.
Según la abogada representante de las comunidades, Alicia Chalabe, estas no tienen información oficial sobre los proyectos mineros, pero que en los sitios Web de las empresas figura información sobre autorizaciones para exploración de litio y borato.
Ante el máximo tribunal de justicia la abogada representante de las 33 comunidades originarias demandantes insistió en que lo que piden es el cumplimiento del derecho a consulta previa, que contempla en convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos originarios:
“La participación que se pide es desde antes que se desarrolle cualquier actividad de producción. Entonces se dice que antes, durante, y después de que se solicite la exploración o que se decida la explotación. Todo este proceso, cuando se decide la extracción de un recurso natural donde habitan pueblos indígenas puede preverse, y debe cumplirse este derecho de consulta”, afirmó la abogada Alicia Chalabe.
Por su lado, Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que fue parte de las organizaciones que actuaron como Amicus Curiae (amigos del tribunal) apoyó la trascendencia del encuentro. Según Katz, el SERPAJ se presentó ante la Corte para interiorizarla de la situación de esas comunidades y para exigir que se cumpla la Constitución en lo que se refiere a que deben ser consultadas sobre el destino de sus tierras y las explotaciones que allí se realicen.
La abogada sostuvo que debido al valor del litio “no sería raro” que sin el amparo de la Justicia, las culturas ancestrales fueran arrasadas. “La Corte escuchó a representantes de las comunidades indígenas y del gobierno de la Provincia de Jujuy, que fuera demandado junto al Estado Nacional y la Provincia de Salta”.
“Preexistimos al estado”
Las comunidades expresaron en un comunicado: «Preexistimos al Estado, nuestros ancestros fueron los habitantes originarios. Sin embargo hemos aprendido a respetar al Estado, en un proceso que ha significado muchas veces asimilación, pérdida de identidad y de derechos”.
«Ahora estamos ante un nuevo escenario, porque hemos sido reconocidos como pueblos y nuestros derechos han sido jerarquizados. Queremos convivir en un estado de derecho, por eso exigimos que se efectivicen todos nuestros derechos y en particular los derechos a expresarnos, a participar, a opinar y a decidir la manera en la que queremos vivir. Tenemos una mirada particular del desarrollo, distinta a la visión occidental tradicional que está regida por el `tener más´ a cualquier costa, aún a costa de la propia identidad”, sostiene el comunicado.
«Nuestras comunidades sin sus tierras, sin sus salinas, sin sus ojos de agua, no serán, porque dejaremos de tener atributos que hacen a nuestra personalidad. Para poder defenderla necesitamos ser escuchadas, consultadas. Las comunidades no estamos dispuestas a desaparecer, no vamos a resignarnos a un genocidio silencioso. Vamos a defender nuestros derechos, porque defenderlos es defender nuestra existencia y nuestra cultura», expresaron los pueblos originarios.
El oro blanco
El hidróxido de litio tiene múltiples usos en las tecnologías actuales. Además de ser básico para las baterías de computadoras y celulares, se utiliza en las naves espaciales y submarinos para depurar el aire extrayendo el dióxido de carbono. Es un componente común en las aleaciones de aluminio, cadmio, cobre y manganeso empleadas en la industria aeronáutica civil y militar.
También tiene aplicaciones nucleares. Por esto es que las empresas de los países más desarrollados consideran que el litio cotizará más que el oro.
Sólo en la provincia de Salta, de acuerdos a datos de la Secretaría de Minería, las exportaciones de litio redituaron más de 20 millones de dólares, por la elevada cotización de un mineral cada vez más requerido para nuevas aplicaciones tecnológicas.
Las demandantes
Las comunidades participantes de la audiencia con la Corte Suprema son:
• Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos
• Comunidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito
• Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados
• Comunidad Aborigen de Aguas Blancas
• Comunidad Aborigen de Sianzo
• Comunidad Aborigen de Rinconadilla
• Comunidad Aborigen de Lipan
• Organización Comunitaria Aborigen “Sol de Mayo”
• Comunidad Aborigen de Pozo Colorado – Departamento Tumbaya
• Comunidad Aborigen de Santa Ana, Abralaite, Río Grande y Agua de Castilla
• Comunidad Aborigen El Angosto Distrito El Moreno
• Comunidad Aborigen Cerro Negro
• Comunidad Aborigen de Casa Colorada
• Comunidad Esquina de Guardia
• Comunidad Indígena Atacama de Rangel
• Comunidad Aborigen de Cobres
• Comunidad Likan Antai, Paraje Corralitos
• Comunidad Aborigen de Tipán
• Comunidad Aborigen Sayate Oeste, Departamento Cochinoca
• Comunidad Aborigen de Quebraleña Pueblo Kolla-Departamento Cochinoca
• Comunidad Aborigen de Santa Ana de la Puna
• Comunidad Aborigen Cochagaste
• Pueblo Kolla de la Provincia de Jujuy
• Consejo de Participación Indígena (CPI)
– El autor es Periodista- Directora de Norte Social
