Los cambios en la Justicia impulsados por la Presidenta fueron recibidos negativamente en los distintos bloques legislativos, que cuestionaron la falta de menciones de la inflación y la inseguridad.
Cautela y desconfianza por una eventual ofensiva para colonizar el Poder Judicial fueron las primeras reacciones que predominaron entre los legisladores de la oposición, tras conocer el paquete de proyectos de ley para «democratizar la Justicia» que anunció ayer la presidenta Cristina Kirchner.
En lo que hubo unanimidad de criterios fue en las duras críticas por la falta de mención y reconocimiento de fenómenos como la inflación y la ausencia de propuestas para reactivar la economía.
«Vamos a analizar todos los proyectos porque tenemos desconfianza de un gobierno que modificó el Consejo de la Magistratura y banca a un juez como [Norberto] Oyarbide», sentenció el jefe del bloque de senadores radicales, José Cano (Tucumán) sobre la reforma judicial.
En la misma sintonía se expresó el diputado Claudio Lozano (FAP-Capital), quien compartió «como título general» la idea de «democratizar la Justicia» y eliminar «privilegios inaceptables» del Poder Judicial, pero dijo que quería ver los proyectos porque «este gobierno nos tiene acostumbrados a decir una cosa y después a hacer otra distinta».
Más crítica fue la diputada Paula Bertol (Pro-Capital), quien aseguró que elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular «es politizar la Justicia. No es correcta la elección popular, es muy riesgoso y sería antijurídico».
Las mismas dudas planteó Ricardo Gil Lavedra (Capital), presidente del bloque UCR de la Cámara baja, para quien ese tipo de elección «sujetará el Consejo de la Magistratura a las mayorías». Algo similar opinó Lozano, quien dijo que habría que separar los comicios nacionales de la elección de los consejeros. «Deberían elegirse aparte porque se podría derivar en que quien conduzca el Gobierno termine conduciendo completamente el Consejo de la Magistratura», alertó.
«Está bien fomentar la transparencia y la responsabilidad del Estado, pero la reforma al Consejo de la Magistratura y la creación de las Cortes de Casación repiten el camino de Santa Cruz: tener una justicia propia que le obedezca igual que sus diputados y senadores que votan sin mirar», aseguró Alfonso Prat-Gay (CC-Capital).
El senador Samuel Cabanchik (ProBaFe-Capital) manifestó sus dudas sobre el proyecto de reglamentación de las medidas cautelares. «Es cierto que hay un abuso de las cautelares, pero en estas cosas a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad», advirtió.
Para la diputada Bertol, en tanto, ese proyecto «tiene nombre y apellido: el Grupo Clarín» y la disputa por la constitucionalidad de la ley de medios. No obstante, la legisladora también reconoció que «no se puede estar trabando una cuestión de fondo por cuestiones de forma, por lo que hay que reglamentarlas».
En donde hubo unidad de criterio fue en la queja por la ausencia de anuncios económicos y del reconocimiento de la inflación. «Me parece que brilló por su ausencia un tema que es una preocupación real de los argentinos», se quejó Cabanchick.
«No dijo absolutamente nada de la inflación. Los ciudadanos argentinos que tienen problemas de seguridad e inflación deberían venir a vivir al mundo que Cristina nos dio en el discurso», ironizó Cano.
Molesto, Lozano aseguró que «venir al Congreso con los números del Indec es casi una provocación», y criticó a la jefa del Estado porque «no habló del hoy, que es hablar del estancamiento de la economía, de la inflación y del deterioro del poder adquisitivo». «Lo grave de esto es que el Gobierno no está proponiendo nada, lo único que tiene para proponer es el pasado», insistió.
Por último, el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) caracterizó el de Cristina Kirchner como «un discurso con demasiadas omisiones». «La Presidenta no habló de la corrupción, que provocó la tragedia de Once; del conflicto docente, que afecta a millones de chicos, y omitió decir que la Nación se apropia del dinero de las provincias violando la ley de coparticipación», sentenció.
Voces de advertencia y preocupación
La oposición fue dura con el discurso presidencial
«La corporación camporista se va a hacer cargo de las cámaras de casación para garantizar impunidad».
ELISA CARRIÓ – Diputada de ARI
«Es cierto que hay un abuso de las cautelares, pero en estas cosas a veces es peor el remedio que la enfermedad».
SAMUEL CABANCHIK – Senador de Probafe
«Los argentinos que tienen problemas de seguridad e inflación deberían venir a vivir al mundo de Cristina».
JOSÉ CANO – Senador de la UCR
«La Presidenta no habló de la corrupción, que provocó la tragedia de Once, ni del conflicto docente».
RUBÉN GIUSTINIANI – Senador del Partido socialista
– Por Gustavo Ybarra – La Nación
La Justicia, el último límite para el autoritarismo
El mensaje de Cristina Kirchner ante la Asamblea Legislativa constituyó el preludio de una mayor degradación institucional.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el viernes el 131° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un mensaje en el que, una vez más, manipuló a su antojo los datos estadísticos, omitió referirse a problemas acuciantes como la inflación y sembró el camino hacia una mayor degradación institucional con el anuncio de su proyecto para «democratizar» la Justicia, que sólo encubre sus autoritarias intenciones de someter a los magistrados independientes a los designios del Poder Ejecutivo.
El discurso presidencial, que se extendió a lo largo de más de tres horas y media, comenzó con un prolongadísimo balance de la gestión gubernamental. Pero sorprendió que ese imprescindible resumen no estuviera centrado en lo ocurrido a lo largo del último año, como se estila en esta clase de mensajes, sino que tomara en general los últimos diez años, desde la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada. De este modo, la primera mandataria probablemente evitó que quedaran en evidencia los retrocesos registrados en materia socioeconómica de su propia gestión presidencial.
Llamativamente, fatigó al auditorio con un festival de cifras nominales, que poco sentido tienen si no se comparan con el fuerte crecimiento de la inflación producido en los últimos años. Y en ningún momento se refirió a este problema, que carcome el bolsillo de los sectores más desprotegidos de la población con un 25% de crecimiento en 2012; tampoco se refirió a la retracción que viven importantes sectores de la economía, como la construcción y el mercado inmobiliario, o a la caída de los niveles de inversión privada, que contrasta con el aumento que experimentan muchos otros países de nuestra región.
Ni una palabra dijo sobre la desafortunada política cambiaria inaugurada el año pasado, que restringió la libertad de los ciudadanos y el derecho de propiedad, con un cerrojo sobre el mercado que generó más desconfianza en el país y acercó a la Argentina al modelo chavista.
La incertidumbre que caracteriza hoy el escenario económico no encontró respuestas en la Presidenta, quien por el contrario sólo se empeñó en ratificar que está dispuesta a desafiar una decisión del poder judicial estadounidense en la causa que enfrenta al gobierno argentino con los llamados «fondos buitre», al tiempo que dio cabales muestras de su alineamiento con el denominado eje bolivariano.
En materia de seguridad, subrayó que, desde 2003, el presupuesto nacional en esa área pasó de 2900 millones de pesos a más de 23.000 millones y que el número total de efectivos de las fuerzas nacionales de seguridad aumentó de 75.000 a poco más de 100.000. Cifras que dan cuenta de un absoluto fracaso: gastamos cada vez más y los argentinos se sienten cada vez más indefensos.
Sobre el particular, la jefa del Estado instó a «hablar en serio de la seguridad» y a no utilizarla como instrumento político, tras lo cual habló de las responsabilidades de la Justicia y de las policías provinciales, «porque la seguridad -dijo-, inclusive por la propia Constitución, es atinente a cada gobierno de provincia».
Allí es, justamente, donde surge el debate sobre la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. Pues, si éstas, como viene señalando el gobierno nacional, son las verdaderas responsables de bregar por la seguridad de sus propios habitantes y también de pagar los sueldos de los docentes, con más razón debería replantearse el actual esquema de coparticipación federal, en tanto actualmente el Estado nacional se queda con tres de cada cuatro pesos de la recaudación nacional total.
La Presidenta dejó para el final su tan promocionado proyecto de «democratización de la Justicia», que como señaláramos ya en esta columna editorial, es tan sólo un eufemismo para que el Poder Ejecutivo pueda dominar a los jueces.
Entre la batería de iniciativas legales anunciadas, mencionó la necesidad de que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo y de que, entre los académicos y científicos que deben ocupar lugares en ese órgano, pueda haber profesionales de otras disciplinas diferentes del Derecho. Además, abrió la puerta para una modificación más profunda sobre el número de integrantes de cada sector, lo cual le permitiría al oficialismo, con su actual mayoría en el Congreso, buscar nuevos artilugios para dominar el cuerpo encargado de la selección y el disciplinamiento de los magistrados.
Anunció también un proyecto para la creación de Cámaras de Casación en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo federal y en lo previsional y laboral, lo cual habilita la hipótesis de que lo que busca el Poder Ejecutivo es dilatar o frenar las numerosas causas promovidas por jubilados por actualización de haberes, cuyas sentencias son en gran parte incumplidas por el Gobierno.
La idea de imponer el tributo a las ganancias a los jueces podría ser apoyada en circunstancias en que la AFIP no sea, como lo es en la actualidad, un organismo que responde al Poder Ejecutivo y es empleado como arma de presión política contra quien exprese sus diferencias con el oficialismo kirchnerista. En un contexto donde la Presidenta parece dispuesta a pulverizar a todo aquel que no se le somete, puede imaginarse el enorme dispositivo de presión sobre los jueces que pasaría a tener la Casa Rosada con esa reforma impositiva.
El peligro de que se profundice la degradación institucional está a la vista, al igual que el riesgo de que la fuerza gobernante avance hacia la suma del poder público. Quienes tienen el deber de administrar justicia deberán entender que se han convertido en el último límite a los abusos de un poder que, sin pausa, viene avanzando contra principios esenciales de nuestro sistema republicano y contra la prensa libre, en su afán de ir por todo.
– Fuente: La Nación
