El próximo jueves, Mauricio Macri recibirá la banda presidencial de Argentina, el bastón de mando… y unos cuantos desafíos imprevistos. Que el líder de Cambiemos, la coalición de partidos antikirchneristas que ganó las elecciones del 22 de noviembre, iba a gobernar un país con turbulencias económicas ya se sabía.
El próximo presidente de Argentina tendrá que enfrentar una elevada inflación (11% según el actual gobierno, 26% según consultoras privadas), un descontrolado gasto público, la desaceleración económica, un conflicto con un grupo de tenedores de deuda –los holdouts o fondos buitre– y las reservas de divisas extranjeras en el Banco Central bajo mínimos.
Lo que no esperaba Macri es que a los pocos días de ser elegido presidente le iba a llegar otra tanda de problemas.
Menos dinero para pensiones
El más sorpresivo de todos vino con un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que días después de la elección de Macri declaró inconstitucional un sistema por el cual el Estado central argentino retenía un 15% de impuestos a las provincias para financiar el pago de las pensiones.
Es decir, la Corte manda al gobierno a devolver a las provincias entre US$5.000 y US$8.200 millones (la diferencia varía según las estimaciones hechas por consultoras privadas). Y a acordar las condiciones y el plazo del pago en sólo 120 días.
Y aunque el fallo se refería solo a una disputa con los territorios de Santa Fe, San Luis y Córdoba –que fueron los que litigaron ante la Corte Suprema–, la presidenta decidió extender la medida al resto de las provincias.
A través de un decreto de necesidad y urgencia, Cristina Fernández de Kirchner decidió, a pocos días de dejar el poder, reducir drásticamente la cantidad que el gobierno de Macri recibirá para financiar el sistema de jubilaciones y pensiones.
El gobierno de Fernández defendió que había que «igualar la situación de las provincias», aunque reconoció que la medida complicará el pago de ayudas sociales.
«Desde el punto de vista del flujo, usted pierde algo así como $100.000 millones (de pesos) por mes con ese 15% que no va a tener. Por lo cual, el flujo no va a alcanzar para cumplir con la responsabilidad del pago de las jubilaciones», dijo el jefe de gabinete de la presidenta, Aníbal Fernández.
Según Macri, con estas medidas «queda claro que la presidenta no quiere colaborar» con la transición.
«El decreto que sacó es realmente querer extrapolar un fallo específico para tres provincias al resto de las jurisdicciones que tienen distintos tipos de convenios y han hecho renunciamientos en función de otros beneficios que le ha dado el propio Gobierno», lamentó.
El presidente electo se había quejado antes de la falta de colaboración del gobierno kirchnerista en el cambio de mando, algo que el actual ejecutivo rechaza.
Más gasto público
También por decreto, Cristina Fernández decidió aumentar el gasto público del Estado en más de $US14500 millones, los que se utilizarán para subsidiar la electricidad, cubrir gastos de ministerios o financiar el programa Fútbol para Todos, entre otros.
Esto es un 10% más de lo previsto en los presupuestos aprobados en octubre.
El gabinete de la mandataria asegura que se trata de una medida necesaria para financiar las partidas presupuestarias.
Pero con esto, Macri tendrá que afrontar un déficit mayor de lo estimado hace sólo dos semanas.
Además de una abultada cartera de empleados públicos, con más de 300 nuevas direcciones de Estado creadas en el último año, un gesto que despierta las sospechas del gabinete de Cambiemos.
Y con el pase a planta permanente de más de un centenar de trabajadores que hasta hace sólo unos días trabajaban de manera temporal para el Estado.
Según el diario La Nación, entre las elecciones primarias de agosto y las presidenciales de noviembre se sumaron hasta 2.500 empleos públicos.
Mientras, en la provincia de Buenos Aires, que actualmente está gobernada por el rival de Macri en las elecciones, el oficialista Daniel Scioli, también se intuyen problemas.
El equipo de la gobernadora electa, María Eugenia Vidal, del partido de Macri, asegura que el gobernador saliente no dejó garantizado el pago de los aguinaldos de Navidad a los trabajadores bonaerenses, un asunto espinoso en la vida política y económica de Argentina cada vez que llega diciembre.
Suba de precios
Y en mitad de esta tumultuosa transición, otro reto para la administración que llega: precios aún más altos.
En las últimas semanas, tras la victoria del candidato de Cambiemos, los argentinos han empezado a pagar más por productos como el pan o la carne.
Según la Unión de Consumidores de la Argentina, el precio de la canasta básica subió un 25% en el último mes y medio.
En esta ocasión es el gobierno de Cristina Fernández el que acusa al equipo de Macri de provocar esta subida con sus propios anuncios económicos.
Aunque sin citar la palabra «devaluación», el presidente electo ha dicho que sus políticas lograrán tener un «dólar de equilibrio», o lo que es lo mismo: una cotización entre el tipo de cambio oficial actual (que ronda los 9,5 pesos) y el que se consigue en el mercado clandestino (a unos 15 pesos).
Y el nuevo gobierno prometió modificar el sistema de retenciones a la exportación de productos agrícolas, lo que según algunos economistas podría afectar al precio del trigo y otros cereales en el mercado interno.
El oficialismo asegura que estas propuestas han hecho que empresarios y comerciantes apliquen desde ya alzas en sus precios y anunció multas a quienes especulen con el precio de los productos.
«(Las empresas) dicen que como va a haber una devaluación, van a tener en cuenta ese aumento para cuando vayan a comprar una nueva mercadería», asegura el ministro kirchnerista de Economía, Axel Kicillof.
«Se aplican multas ante los que estén incumpliendo», sostiene el ministro.
«Me dicen: ‘pero qué querés que haga, si ya han anunciado una devaluación'».
– Ignacio de los Reyes – BBC Mundo
