– Las declaraciones de sectores de la oposición y los pedidos de represión a las protestas.
– El traslado de la política social al ámbito judicial.
– El lugar de las organizaciones populares en el discurso dominante de los medios masivos.
– 28 de octubre de 2009
La nueva criminalización
– Por Claudia Korol, Maristella Svampa, Norma Giarracca, Roberto Gargarella, Adolfo Pérez Esquivel *
Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes de la UCR, Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social, en nombre de la “seguridad” de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Diarios como Clarín, La Nación y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes firmamos esta declaración no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que éstas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos. En el marco de los debates de los movimientos populares hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista.
Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina que cada vez que comienza a agitarse el “fantasma” de la “violencia” por parte de cierta dirigencia del sistema lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones.
Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o al asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la “guerrilla fabril”, que crearon el clima para la escalada golpista.
En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito, estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los ’90 hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas políticas de criminalización de los movimientos populares están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora y de sus representantes políticos y mediáticos.
* También firman Alejandro Grimson, Horacio Tarcus, Julián Rebón, Atilio Boron, Hernán Ouviña, Mario Pecheny, José Luis Coraggio, Ezequiel Adamovsky, Inés Izaguirre, María Teresa Sirvent, Alberto Binder, Patricia Agosto, Eduardo Rosenzvaig, entre muchos otros docentes e investigadores universitarios.
Una ola demonizadora
Por Marcelo Koenig *
Ni ángeles ni demonios. Los llamados “movimientos sociales” son una porción del pueblo. El 9 de octubre pasado, cuando el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron las organizaciones populares las que hicieron “el aguante” hasta la madrugada. Fue una fiesta. Esa ley, fruto de una larga pelea que tiene tantos años como este proceso democrático, veía la luz al fin, abandonando las tinieblas de la dictadura. Atrás había quedado el decreto firmado por Videla y Martínez de Hoz. En esos días, salvo para los monopolios mediáticos que defendían sus intereses económicos, las organizaciones sociales eran la “sociedad civil” que había impulsado la norma, discutido en los foros y estaba allí defendiendo su sanción en la calle.
Como cada vez que este gobierno promueve medidas que van en el sentido de construir un país más justo, más libre y más soberano, las organizaciones libres del pueblo –como les gustaba llamarlas al general Perón– están ahí para bancar. Así lo hicieron siempre que se disputó la distribución del ingreso, el fin de la impunidad, el rompimiento de las “relaciones carnales” y el avance sobre el capital financiero, como sucedió con la nacionalización de los fondos de las AFJP y la redefinición del rol del Estado en la economía.
El discurso único de los oligopolios mediáticos los llama “piqueteros K”, pero la historia de los movimientos populares es anterior al proceso político encabezado por Néstor Kirchner. Estos movimientos son, en gran medida, los que rompieron la invisibilidad a la que el neoliberalismo condenaba a millones de compañeros desocupados en la década del ’90, los que sostuvieron en cada barrio la olla popular, el merendero y el apoyo escolar, cuando el Estado fue puesto en función de los intereses del capital. Son los que resistieron en las calles la entrega del patrimonio nacional, la destrucción del aparato productivo, la flexibilización laboral y la precarización del trabajo, en ese proceso que arrojó a la pobreza y la exclusión a millones de argentinos. Y son también los que mantuvieron viva la esperanza de que era posible volver a reconstruir la Patria después de la devastación del genocidio dictatorial y la avanzada oligárquica del menemismo.
Estos militantes populares pusieron toda su vida, su tiempo, su esfuerzo y su cuerpo para que podamos volver a soñar con un país para todos. Y fueron sus organizaciones las que les pusieron nombre y apellido a los sectores que excluyen al pueblo: el capital especulativo y los grupos económicos transnacionales, los monopolios locales, los gorilopolios, la partidocracia claudicante, la oligarquía del agronegocio sojero y los intelectuales cipayos, antinacionales y antipopulares.
Con estos enemigos enfrente, no debería sorprender la denostación cotidiana y permanente a la que son sometidos los actores públicos de esas organizaciones populares. No por casualidad, todos esos intereses y sus representantes las señalan como el demonio que trae “crispación”. No sorprende que los empleados y las viudas de los oligopolios agredan, mientan y estigmaticen a la militancia. Es evidente que en nuestra sociedad hay grupos que han decidido demonizar a las organizaciones populares y también es evidente que están dispuestos a legitimar la represión y la exclusión política de los sectores sociales y políticos que buscan una Patria sin excluidos ni privilegiados.
Por eso, vemos con preocupación cómo se miente impunemente sobre la dirigente Milagro Sala y la organización Túpac Amaru. Vemos con preocupación la celeridad con que se impulsó la renuncia del compañero Emilio Pérsico a la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, ante una situación familiar desgraciada. Así lo expresamos en una carta dirigida a la ministra Alicia Kirchner: “Vemos con preocupación cómo desde los medios masivos de comunicación monopólicos se ha desatado una fuerte campaña de demonización de las organizaciones sociales. Estamos convencidos de que no hay gobierno popular sin organizaciones populares dentro del Estado. En este sentido, Pérsico expresa acaso la responsabilidad más alta dentro de nuestro ministerio de un referente de organizaciones sociales. Aceptarle la renuncia lesiona, sin duda alguna, la relación entre aquellos que con convicción propia apoyamos este proyecto nacional y popular”.
La respuesta ante esta ola demonizadora no es simple. Se trata de incentivar la búsqueda de articulaciones con otros sectores de nuestra sociedad para evitar el aislamiento al que nos quiere empujar la derecha económica, política y mediática. El encuentro –y ésta es una de nuestras certezas– ha de darse en la profundización de los cambios necesarios para construir la Patria que soñamos y que nos merecemos como pueblo.
* Director de la Casa Cultural del Peronismo Revolucionario, director de la revista Oveja Negra, profesor de Teoría del Estado (UBA).
– Fuente: Página 12
