Titularidad de tierras en Cafayate y necesidades habitacionales en la provincia.
En la última sesión, el diputado de Cafayate Román Villanueva (UCR), manifestó su preocupación por el conflicto que existe en su departamento por el cual se ven afectados los intereses de la comunidad Diaguita-Calchaquí en cuanto a la titularidad de las tierras de “El Divisadero” y en lo que hace a la destrucción de restos arqueológicos. Requirió la inmediata intervención de las máximas autoridades del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.
Al respecto dijo a medios periodísticos de la Capital: “el conflicto de las tierras de El Divisadero es una situación delicada, existen dos problemáticas graves, por un lado se discute la titularidad de las tierras y por el otro, si una extensión que tiene abundantes riquezas arqueológicas debe ser sometida al estricto control de la provincia por disposiciones de la ley 7071 Sistema Provincial de Áreas Protegidas. La ministra de Justicia deberá intervenir para destrabar el conflicto y el ministerio de Ambiente deberá actuar para proteger los tesoros arqueológicos, debemos tener en cuenta que esta problemática también reveló los niveles de desmontes que existen en el Departamento Cafayate”.
Por otro lado el legislador radical expuso la situación de los pobladores de Tolombón y de las tierras que el gobierno pretende seguir vendiendo sin respetar a los lugareños en cuanto a la adquisición de las mismas, sobre el asunto sostuvo: “las autoridades provinciales pretenden hacer creer a los tolombeños que hace falta una nueva ley para que ellos puedan acceder a las tierras, hay que ser claros en esto, el gobierno se comprometió en el año 2010 a asesorar a productores del lugar y a facilitar el acceso a tierras; ahora, pretender dilatar aún más las cosas, la ley y la reglamentación sobre Tolombón son muy claros, el gobierno no está cumpliendo con lo asumido, lo cual es muy grave y revela los intereses ocultos que hay sobre este tema”.
En otro orden de ideas Villanueva puso en evidencia que la reciente inauguración de la “Escuela Infantil 4.834 Cafayate” se llevó a cabo sin el correspondiente Decreto de Creación y Funcionamiento, lo que implica una situación de precariedad administrativa y jurídica, puesto que un instrumento legal permite organizar los recursos humanos, los contenidos curriculares y brindar el marco jurídico necesario en caso de reclamos administrativos o judiciales. En este sentido el diputado pidió que se acelere el Expediente nº 158- 16678-11 que está demorado en las oficinas administrativas del ministerio de educación.
Por último, el diputado manifestó su postura en cuanto a la regulación y ordenamiento de la política habitacional en la provincia sostuvo que “muchos legisladores que hoy se rasgan las vestiduras por la implementación de planes de viviendas fueron los que durante doce años mandaban a infantería a desalojar terrenos y nunca propiciaron mecanismos justos de adquisición de viviendas, desde la época de Menem que existían necesidades habitacionales, en esa época muchos miraban para otro lado mientras continuaba la fiesta del uno a uno, habría que hablar con más responsabilidad sobre el tema, cada uno de los legisladores sabe cómo actuó en el pasado”.
– Foto tomada de Diario Territorio
