El domingo 5 de mayo la impunidad y el poder se cobraron la vida de Carlitos Galván, un pibe de 6 años de la comunidad Qom en Castelli, Chacra 7, provincia de Chaco.
Los compañeros que forman parte del MPR Quebracho y la organización TOBA-QOMPI en la CTD Aníbal Verón vienen luchando allí para erradicar un basural ilegal ubicado en sus tierras, frente a las casas de autoconstrucción que ellos mismos ganaron y levantaron.
Carlitos Galván, hijo de Nancy Galván y Mariano Gómez, fue aplastado y muerto por un camión que llevaba basura a ese depósito ilegal, aún después de que se realizaran múltiples denuncias. Denuncias que nunca fueron escuchadas.
El intendente de Castelli, Alberto Nievas, venían mintiéndoles a los compañeros y evadiendo el reclamo. Los compañeros lograron conseguir una audiencia con Capitanich, viajaron más de 300 km hacia Resistencia pero nunca fueron recibidos. Recién hace pocos días, cuando lo cruzaron en Sáenz Peña, el gobernador de Chaco les aseguró que el dinero para trasladar el basural fue girado al intendente que al parecer desvió los fondos.
Nievas es socio político del gobernador. Las responsabilidades son compartidas. Alimentar los acuerdos políticos con delincuentes como este intendente Nievas o grupos empresarios que ganan a costa de la miseria, sólo reproduce la mierda.
Recientemente Imer Flores de 12 años fue asesinado a golpes en enero de este año, en la localidad de Villa Río Bermejito. En la vecina provincia de Formosa las agresiones también se multiplican.
No hay nada nuevo en todo esto.
Por un lado existe el poder de los grandes intereses económicos vinculados a las actividades de los agronegocios, que buscan expandir su incidencia sobre las tierras de los pueblos originarios y campesinos. Esos oligarcas y grandes empresarios siempre utilizaron sus guardias blancas a la luz de la impunidad que les otorga la complicidad de las autoridades de gobierno y la policía, para reprimir y asesinar a quienes resisten el despojo de sus tierras.
Por otro lado se trata también de la existente situación de postergación, proscripción y olvido en la que están sumidos tantos argentinos a lo largo y ancho del país, quienes se encuentran a merced de la voluntad de los gobernantes que controlan las provincias a su gusto y antojo. Como en Castelli, donde la ausencia del estado, la impunidad y el desamparo se cobraron la vida de un pibe de apenas 6 años, que jugando frente a su casa fue aplastado por un camión que llevaba una carga hacia el basurero ilegal largamente denunciado. Pero fueron denuncias que nunca nadie escuchó. Porque quienes denunciaban eran los pobres. Y encima de pobres, indios. Los de siempre, los que debemos pagar con dolor la inacción, la impunidad y los abusos que afrontamos a diario en la pelea por tener una vida digna.
Denunciamos también a la prensa que hace oídos sordos, a quienes sólo le interesan las denuncias que provienen de los sectores pudientes o integrados, y nada le importa el dolor de los despojados.
Los principales responsables de esta situación son el gobernador Capitanich y el intendente Nievas, quienes deben responder por lo ocurrido, son los responsables de que nadie pague por estas muertes, responsables de la impunidad.
– Argenpress
