La Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma, repudia los asesinatos de docentes, estudiantes y pobladores en el estado de Oaxaca, México. La salvaje represión de la Policía Federal a las protestas de la CNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se cobró 13 muertes, hay 25 desaparecidos y 64 maestros detenidos, junto a otros 15 líderes del magisterio por enfrentar una reforma educativa que precariza al docente, genera miles de despidos y descarga parte del financiamiento de la educación en las familias.
El desesperado intento del gobierno del presidente Peña Nieto de imponerla a sangre y fuego, muestra la ilegitimidad de una reforma que centra en los docentes y sus derechos para quitar responsabilidad al Estado y los gobiernos de la crisis de la escuela pública. Sin sustento pedagógico y con el pretexto de «elevar la calidad educativa», la reforma centra en una evaluación docente obligatoria como requisito para el ingreso al sistema educativo, para garantizar su permanencia, poder acceder a la promoción en el cargo o aspirar a un aumento en sus salarios. Todas premisas coincidentes con la política de Evaluación Educativa que aquí promueve el gobierno de Macri.
La Federación se solidariza con los maestros y pobladores en lucha; exige que cese la represión; la aparición con vida de los desaparecidos; la libertad de los detenidos; la atención a las familias de las víctimas; el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos y un diálogo efectivo que dé respuestas al reclamo de poner fin a esta reforma educativa flexibilizadora y privatista.
La FND se pone a disposición y promueve la realización de acciones internacionales, en el país y las provincias a realizar en forma unitaria. A la vez que advierte al gobierno de Macri – Cambiemos y a los gobernadores que desistan de toda pretensión de aplicar la anunciada “Evaluación de la Calidad Educativa” que implica políticas similares en nuestro país. Y reitera su reclamo por el cese del accionar represivo, la criminalización de la protesta, los procesos a luchadores, ataques al derecho de huelga y el intervencionismo gremial de gobernadores del PRO o el PJ-FPV en Tierra del Fuego, Chaco, Buenos Aires, Misiones o Santa Cruz.
– Buenos Aires, 22 de junio de 2016
