En vísperas de celebrarse el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918), y tras un cuarto de siglo de venir sufriendo una abrumadora telaraña administrativa, legislativa y judicial, concebida para burocratizar y domesticar la vida científica argentina, el nuevo gobierno no puede ni debe en este ámbito clave del devenir histórico perder la iniciativa política, debiendo formular un programa reformista que profundice las libertades académicas y salga en defensa de una golpeada comunidad, en cuya lastimada intimidad “los dolores que quedan son las libertades que faltan”.
MIEDO ASFIXIANTE Y ESPIRAL DE AUTOCENSURA Y SILENCIO EN LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR ARGENTINA
El actual sistema imperante en la ciencia argentina, agravado con la desopilante confirmación en su cargo del Ministro Barañao, pone en peligro las libertades fundamentales de investigación, pensamiento, expresión y asociación, valores supremos en la jerarquía del estado-nación moderno, heredados de las luchas por la libertad de conciencia libradas en Europa durante las guerras de religión y durante la gestación del absolutismo ilustrado, que también se dieron en América Latina bajo los eufemismos de resistencia a la “extirpación de idolatrías” y de crisis político-religiosa por la expulsión jesuítica.
De todas esas libertades fundamentales que asomaron con la creación del estado-nación moderno se fueron engendrando otras libertades más concretas y específicas conocidas como de segunda o tercera generación, tales como las libertades de cátedra, enseñanza, agremiación, prensa, información y sufragio, las que a su vez contribuyeron en la formación de la opinión pública, en el fortalecimiento institucional de una justicia independiente, una educación laica y un periodismo de investigación, y en la producción de saberes independientes de los aparatos del estado y de la iglesia, para cuya protección se defendió activamente en todo el siglo XX la autonomía universitaria, en Argentina como también en el resto de América Latina (Aragón Reyes, 1995).
El que las autoridades ministeriales de CyT (Agencia o ANPCyT, CONICET, CONEAU, SPU) hayan atentado durante el último cuarto de siglo contra esas libertades e instituciones históricas como la autonomía universitaria y el laicismo, que tantos sacrificios costaran al pueblo argentino (Reforma Universitaria de 1904 en Buenos Aires, y de 1918 en Córdoba, gestación del CONICET por Bernardo Houssay en 1958, y resistencia contra la Noche de los Bastones Largos, 1966, que derivó tres años después en el Cordobazo, 1969 y en la posterior caída de la dictadura de Ongania), malversando y direccionando U$S 1240 millones de dólares de un préstamo del BID, para beneficio personal y directo de funcionarios del estado (medio centenar de Coordinadores de la Agencia, medio centenar de miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET, y decenas de funcionarios de la burocracia universitaria), no se puede permitir que la gran prensa lo oculte, ni debe quedar impune en la justicia federal penal de Comodoro Py (a la que se le habrá de solicitar la nulidad de la sentencia), ni tampoco en el Consejo de la Magistratura (donde se debería juzgar los magistrados que archivaron la denuncia). Cabe consignar que estos funcionarios públicos incursos en la apropiación de subsidios han sido una ultra-minoría del 2% sobre una masa total de seis mil Investigadores de Carrera del CONICET (ver Obsecuencia de los Jueces al Poder Político en Argentina o un caso paradigmático de nulidad en el Fuero Penal Federal, 2012).
Abonando la gravedad del caso, debemos tener en cuenta que en medio de la creciente decadencia del estado-nación moderno, a la comunidad científica argentina le fue impuesta en la década del 90 una maquiavélica legislación –heredada y nunca modificada por el Kirchnerismo– originada en el estado mayor del Banco Mundial (que sustituyó a la UNESCO luego de la caída del Muro de Berlín), consistentes en la creación para cada país de América Latina de una Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) destinados a homogeneizar la titulación académica del continente. Asimismo, y por influjo del populismo local, la Ley de Educación Superior (LES) de 1994 humilló la citada autonomía usando de instrumento a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU); y gestó en el CONICET un grotesco simulacro de democracia interna mediante el Decreto 1661/96 (ver Desigualdad Obscena en la Educación Superior Argentina, 2009).
Con las malversaciones y direccionamientos de los U$S 1240 millones de dólares del BID, que la Agencia administró en perjuicio de la infraestructura científica del país (laboratorios, bibliotecas, bases de datos, plataformas digitales, autopistas de información, etc.), sumado a las acreditaciones forzadas en materia de planes y programas de estudio (maestrías, doctorados) que manipuló la CONEAU, la comunidad científica ha venido perdiendo su autonomía esclerosando sus líneas de investigación y ha venido siendo aplastada por un miedo asfixiante; ha sido anarquizada y dividida por una espiral de autocensura, silencio y represalias sistemáticas (verdadera jaula de hierro al decir de Max Weber); y ha visto acrecentado a niveles sin precedentes los grados de endogamia docente universitaria (consultar la lucha librada por Charles W. Eliot contra la endogamia universitaria norteamericana).
Más aún, pese al desmoronamiento de la Modernidad y del mundo bipolar, en la educación superior argentina no se han revisado las prácticas coercitivas y punitivas que han transformado a los docentes-investigadores del país en meros controladores del saber (bonificados por la SPU con incentivos categorizados en cinco escalas); ni se ha revisado la infraestructura comunicacional que sigue sin conectarse con las plataformas digitales del mundo (Raúl Madrid, 2013). Y en cuanto a la dimensión espacial (Mercosur y Unasur), la educación superior argentina sigue reducida a sus viejas fronteras nacionales sin esperanza alguna de redimensionar a escala regional lo que el actual proceso de globalización imperiosamente exige.
Y con la irracional privatización de la educación superior y la gestación de pseudo-universidades en los municipios del con-urbano y su delictiva implementación para consumar malversaciones de los caudales públicos, la educación superior argentina ha quedado como rehén de un fatigado mandarinato académico, de cuyas responsabilidades como encubridores de todo este contubernio administrativo, legislativo y judicial tampoco escapan los empresarios propietarios de la gran prensa escrita y televisiva, que por cierto deben ser también llamados a indagatoria por la justicia federal de Comodoro Py, para absolver posiciones y de esa forma aclarar sus grados de responsabilidad penal (ver Obsecuencia de los Jueces al Poder Político en Argentina o un caso paradigmático de nulidad en el Fuero Penal Federal, 2012).
A este kafkiano aquelarre académico se suma el atentado a la libertad de información que la gran prensa vino a consumar. En ese sentido, los millonarios fondos del BID (antes de la crisis del campo ocurrida en 2008), prestados a través de la llamada Agencia (organismo endogámico que tiene colonizado al CONICET y a las propias Universidades Públicas), fueron otorgados en calidad de subsidios de investigación (de seis dígitos cada uno), entre otros a específicos y notorios colaboradores de la gran prensa (Luis Alberto Romero, Marcos Novaro, G. Burucúa, C. Altamirano, M. Svampa, V. Palermo, etc.), lo que hizo que estos últimos hubieran mantenido –hasta cobrar el subsidio en ventanilla– un lucrativo y oportuno silencio, para luego paradójicamente reconvertirse en nuevos cortesanos del poder, tal como lo hicieron algunos de estos últimos en la reciente visita a Macri del 13 de diciembre de 2015 (Romero, Novaro, Palermo).
Para ocultar esa complaciente y venal claudicación moral y política, dicha gran prensa censuró a lo largo de una década la denuncia penal que se inició en 2005 en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (con testimonio entre otros del jurista Roberto Gargarella) y a su ocasional denunciante, ocultó el pasado delictivo del Ministro Barañao en la gestión de la Agencia (SECyT) denunciada en 2009 ante el Fuero Federal Penal de Comodoro Py (Juez Martínez de Giorgi y camaristas Irurzun, Cattani y Farah), y logró merced a la generosa pauta publicitaria de la industria transgénica y oleaginosa (v.gr Monsanto), que este Ministro gozara de muy “buena prensa”, al extremo de ser últimamente confirmado en sus funciones ministeriales.
Con estos mecanismos escamoteadores y ninguneadores, conocidos en toda América Latina como “operaciones de prensa”, y en la jerga como periodismo amarillo, y que llevan como argot en Argentina la palabra “chivo”, en Perú y Colombia “mermelada”, y en Venezuela “cepillo” o “palangre”, los empresarios propietarios de medios habrían estado también involucrados en delitos de acción pública (soborno, cohecho, peculado), a los que la justicia federal penal debería abocarse de oficio para que no queden impunes. Como lo ha aseverado Norma Morandini en su artículo “Una conciencia sin cláusulas”, publicado en La Nación del 4 de diciembre de 2015, la información de orden público (incluida la información judicial) no es patrimonio exclusivo de los editores de la gran prensa, sino que debe extenderse a todos, incluidos los lectores y espectadores, quienes deben estar convenientemente informados y protegidos contra toda discriminación y censura, y deben contar con el consabido derecho a réplica.
Más gravemente aún, la comunidad científica ha sido testigo de qué manera un pequeño núcleo de periodistas (Leuco, Nora Bär, etc.), y de intelectuales mediáticos (Kovadloff, Sarlo, etc.), sobre-representados en los grandes medios de prensa, ha elogiado al Ministro Barañao, alegando falsamente representar a la comunidad científica, sin que esta última haya sido jamás consultada al respecto, y sin que el periodista Leuco le concediera a los que cuestionaron estas anomalías mediáticas derecho a réplica alguna (La Nación, 24 de noviembre de 2010, bajo el título “Intelectuales, la tierra fértil del kirchnerismo”, el 24 de abril de 2014, y el 26 de septiembre de 2015).
Como el penalmente acusado Ministro Barañao es co-propietario de un conocido laboratorio (Biosidus), la comunidad científica tiene derecho a creer que tal Ministro es además vocero de los otros laboratorios que integran la industria transgénica y oleaginosa. Le cabe también a la comunidad científica afirmar que la pauta publicitaria procedente de la industria transgénica está estrechamente vinculada con la apología y el panegírico que se ha difundido en beneficio del Ministro cuestionado, y con la consiguiente confirmación del mismo en el nuevo gabinete nacional del presidente Macri.
Recapitulando, y en vísperas de celebrarse el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918), y tras un cuarto de siglo de venir sufriendo una abrumadora telaraña administrativa, legislativa y judicial, concebida para burocratizar y domesticar la vida científica argentina, el nuevo gobierno no puede ni debe en este ámbito clave del devenir histórico perder la iniciativa política, debiendo formular un programa reformista que profundice las libertades académicas y salga en defensa de una golpeada comunidad, en cuya lastimada intimidad “los dolores que quedan son las libertades que faltan”.
– Por Eduardo R. Saguier
www.er-saguier.org
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