Durante los cinco años de gestión como presidente de Uruguay, José Mujica donó 550.000 dólares de su sueldo, informó hoy el propio mandatario. «Sabemos que con estas cosas no cambiamos el mundo, pero sentimos y multiplicamos nuestro compromiso con la sociedad», expresó en una de sus cadenas radiales semanales.
Lo donado fue destinado al Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos, creado en mayo de 2010 y que recibió 400.000 dólares, «en efectivo y en equipos», y el resto fueron aportes partidarios al gobernante Frente Amplio (FA) «porque significa una obligación moral y ética», sostuvo Mujica.
El mandatario, que dejará el cargo el 1 de marzo, criticó la «menguada» solidaridad social en su país. «Las empresas privadas tienden a pedir alivios fiscales para colaborar en lo social. En el fondo, indirectamente, nos damos cuenta de que esa ayuda social tiene poco de privada y bastante de pública«, dijo Mujica.
«Por desgracia, allí donde el Estado no interviene regulando de alguna manera, el reparto de la riqueza que se genera espontáneamente en el devenir del mercado tiende a concentrarse y esa concentración, si la dejamos así, nos crea dos sociedades: una que progresa fantásticamente y multiplica todo su acervo y otra que va quedando al costado del camino», agregó el presidente uruguayo.
Por eso defendió la necesidad de políticas sociales que «son instrumentos que tratan de forzar un poco la distribución de la riqueza que se genera para evitar los males de una concentración excesiva y hacer viable la tonalidad global de la sociedad».
El salario mensual de un presidente en Uruguay ronda los 12.000 dólares, cifra que Mujica declaró que no necesita en su totalidad para vivir.
En mayo de 2010, a poco más de dos meses de asumir el cargo, Mujica declaró la emergencia socio-habitacional por la situación de extrema precariedad en que se encontraban cerca de 15.000 familias uruguayas.
El decreto dio nacimiento al Plan Juntos «como una herramienta necesaria para contribuir desde el Estado y con la mayor celeridad posible a hacer efectivo el derecho de la población más vulnerable a una calidad de vida y hábitat dignos, imaginando y construyendo participativa y solidariamente un mejor futuro».
– La Nación
