Luego de haber sido desalojados de sus territorios, los integrantes de la Comunidad India Quilmes (CIQ) decidieron movilizarse a la ciudad. Primero realizaron un escrache al juez Juan Carlos Peral, quién avaló el desalojo de unas 40 familias de la CIQ de un terreno situado en Colalao del Valle, y luego marcharon a Plaza Independencia.
Exigen que se respete la ley 26160. Acompañaron comunidades de toda la provincia.
El último jueves, por orden del juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, y sin preaviso de ningún tipo, 80 oficiales de infantería y montada desalojaron de sus territorios en Colalao del Valle a unas 40 familias de la Comunidad India Quilmes (CIQ). El sábado la CIQ volvió al lugar y recuperó sus terrenos.
En la mañana de ayer, integrantes de la CIQ, acompañados por la Comunidad Indiígena de El Mollar – Tafí del Valle, el Pueblo de Tolombón Nación Diaguita, Fogón Andino y ANDHES, se movilizaron frente al Juzgado Civil de Documentos y Locaciones. Allí realizaron un escrache contra el juez de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quién desconociendo la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad, avaló el desalojo.
Al canto de “queremos justicia” y “ni un metro más…la tierra es nuestra”, exigieron que se cumpla con la ley 26160. Dicha normativa ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el termino de cuatro años. Cabe destacar que en nuestra provincia ya se esta haciendo el Relevamiento Territorial de las tierras tradicionales.
“Venimos a decir basta de injusticias, basta de jueces corruptos que reciben plata de los terratenientes. Queremos vivir dignamente en nuestra pachamama, en nuestras tierras”, afirmó Caro, integrante de la CIQ.
El juez Peral no quiso recibir a los delegados de la Comunidad, a quiénes hizo esperar una hora. Luego de ese tiempo, indicó a la policía que notifique que solo recibiría a un abogado. “Nos discriminan, nos persiguen y encima no nos quieren recibir”, denunció José Díaz, de la Comunidad.
Daniel Carlorosi, abogado del área de Pueblos Indígenas de ANDHES y representante de la CIQ, se reunió con Peral. “El juez mantiene su postura de que no se aplica la 26160 porque no había posesión antes de diciembre. Pero no toma en cuenta que se está haciendo una regularización dominial y que para el derecho Indígena no tenés que probar los actos posesorios como lo requiere el derecho privado. Tiene que juzgar desde el Derecho Indígena”, explicó.
Luego de permanecer casi dos horas frente al juzgado, se movilizaron a Plaza Independencia. Allí fueron convocados por el Secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse, quién indicó que están elaborando un amicus curiae, en conjunto con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) para presentar en la justicia.
Sin embargo, no garantizó que se frenaría un futuro desalojo, por lo que la CIQ continuará en estado de alerta.
– CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
