¿Podemos seguir permitiendo que la gente ignore todas las arbitrariedades o sinrazones que se hacen en nombre de la gestión pública? ¿Tenemos que vivir arrodillados, mendigando nuestros derechos y justicia?
Como represalia y persecución, por reclamar formalmente derechos y mejoras de condiciones laborales de seguridad e higiene de hace aproximadamente 10 años, se ha iniciado un Sumario Administrativo, ordenado por el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas (y que la asesora legal de la D.G.R.: Dra. Elsa Roldán, solicita groseramente el traslado sin justificación a otra repartición, mediante un sumario inválido, improcedente, de nulidad absoluta), a seis compañeros de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, algunos de los cuales forman parte de una Comisión por mandato de asamblea y otros con expresa tutela sindical.
Esto surge después del accidente que tuvo Miguel Rojo: fractura de los dos tobillos, el derecho con doble fractura, y lesión rodilla izquierda. Como consecuencia de haber sido atropellado de atrás por un vehículo en el medio de la ruta, sin la mínima seguridad (reiteramos, reclamo de hace 10 años). En el Puesto de Control de El Naranjo, entre otros.
Entendemos que más allá de las diferencias que pudiera haber entre los trabajadores, fruto de las argucias de funcionarios y conniventes, los que más conscientes estamos de estos derechos irrenunciables, no debemos seguir permitiendo premeditados avasallamientos, violencia laboral, destrato discriminatorio y daños irreparables, a la dignidad no sólo de los trabajadores, sino incluso de nuestras familias. En nombre del derecho constitucional, normas internacionales con rango constitucional, y jurisprudencias de plena vigencia, existen sólidos argumentos para alegar, para defender, demostrar y justificar nuestras peticiones y probar las persecuciones. Probar que pretenden cambiar la realidad con la falsedad. Más aún, el motivo que se esgrime (arguyen responsabilidades a estos compañeros, que en nada tiene que ver con el patrimonio del Estado, sino de los trabajadores), no sólo que es infundado, que raya con la insolencia, sino que es grosero de nulidad absoluta. Sencillamente tenemos que ejercer esos derechos universales, hoy llamados Derechos Humanos.
Debemos explicar los fundamentos justos, racionales, de buena fe, a la sociedad. A ese Tribunal que significa la Opinión Pública. El abuso de los funcionarios es proporcional al desconocimiento del tema de la población. Debemos persistir en nuestros propósitos ajustados a derecho. Así, no nos consideremos víctimas, sino victoriosos. Una vez más se demuestra que no existe el respeto al derecho o al Estado de Derecho por los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta y en este caso el Ministerio de Finanzas o la Dirección de Rentas en particular. ¿Podemos seguir permitiendo que la gente ignore todas las arbitrariedades o sinrazones que se hacen en nombre de la gestión pública?
Muchas veces los impíos violentos y prevaricadores, de acciones entenebrecidas que desprecian y desvalorizan el Estado de Derecho, atestados de toda injusticia, perversidad y malicia, aborrecedores del bien o de la verdad; manipulan o sojuzgan, no porque son precisamente ecuánimes y valientes, sino porque los oprimidos, también muchas veces somos temerosos para defender nuestros derechos. No revelamos estos conceptos en tono de confrontación, sino sincero y de razonabilidad. Cada vez (por sumisión o miedo), vamos cuidando, una forma de decir, lo poco o nada (derechos) que nos va quedando, además de las humillaciones. ¿Tenemos que vivir arrodillados, mendigando nuestros derechos y justicia?
Preguntamos, incluso a los incrédulos o funcionales (que hoy son usados, y mañana echados por la borda): ¿Es irracional, el reclamo de derechos y medidas de seguridad mínima hace virtualmente 10 años? ¿Por estos motivos reales, es justa la represalia y persecución, de la cual forman parte los funcionales? Valoremos nuestra autoestima. Comprometámonos a reflexionar y actuar en consecuencia.
Recientemente se sostuvo: “Una injusticia hecha en perjuicio de uno solo, es una advertida amenaza contra todos”.
Más aún, ¿estas amenazas, no son consumadas, literales y reiteradas violaciones de derechos, el Estado de Derecho y la dignidad humana? ¡Dios nos guarde de los violentos y prevaricadores y se haga su voluntad!
– Miguel Rojo y Sergio Zamboni, Sec. Gral. y Sec. Adjunto respectivamente de la ATAP
