La noche del 9 de junio de 1956 el general Juan José Valle encabezó una rebelión cívico-militar que tuvo sus bases en Buenos Aires, La Plata y La Pampa. Todo concluyó luego de unas pocas horas.
– Revista Zoom. 13 de junio de 2008
La trampa estaba preparada y la sed de escarmiento esperando salir a escena. Ese 9 de junio de 1956 un movimiento en contra de la dictadura del general Pedro Aramburu y compañía se ponía en marcha. Sólo había un pequeño detalle: las supuestas “victimas” sabían muy bien lo que iba a pasar. Y eligieron el juego más peligroso, el del gato esperando al ratón. Prepararon la ratonera y el resultado fue el esperado: sangre, rencor, traición y fusilamientos. No por nada la resistencia peronista llamaba a esta dictadura La Fusiladora.
El 12 de junio de 1956, el general Valle fue fusilado junto a otras veintiséis personas. Esto sólo serviría para profundizar los odios y los rencores de un país que silenciaba a sangre y fuego a la mayoría.
El comienzo de esta historia fue en el vapor-prisión Washington, anclado en el Puerto de Buenos Aires. Allí fueron a parar los militares peronistas presos, entre los que estaban los generales Valle y Tanco. Así se comenzó a gestar la conspiración para terminar con la persecución al peronismo; la restitución de la Constitución de 1949 y la libertad a los miles de presos políticos. Esta fue la síntesis del levantamiento que comenzó a tomar forma a principios de 1956. Los jefes del movimiento eran los generales Valle y Tanco y los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortínez, Ricardo Ibazeta y el capitán Jorge Costales.
La cronología de los hechos
Aramburu y Rojas sabían de la conspiración y tomaron la decisión de no abortarla para dar un peor remedio: el escarmiento a los autores de esta acción. Por eso el 8 de junio de 1956 son detenidos cientos de dirigentes gremiales para quitar base de sustentación al movimiento armado. Aunque Aramburu viajó ese día a Santa Fe dejó firmado el decreto 10.362 de Ley Marcial, y los decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 que daría los nombres de los que serían fusilados.
Valle y Tanco, en la clandestinidad, deciden lanzar la proclama revolucionaria, a las 23 horas del 9 de junio. A la hora del comienzo de una pelea en el Luna Park del zurdo Eduardo Lausse. La tarea estuvo a cargo del coronel José Irigoyen junto con el capitán Costales al que se sumaron varios civiles. La proclama iba a salir por una radio que debía colocarse en la Escuela Técnica N° 5 «Salvador Debenedetti» en Avellaneda. A las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. Esta sólo pudo ser escuchada en La Pampa, donde estaba el coronel Adolfo Philippeaux.
Otros lugares de la rebelión fueron: Campo de Mayo, por los coroneles Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortínez; el Regimiento II de Palermo, a órdenes del sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, con el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de la Plata, responsabilidad de Cogorno y el grupo de civiles que debía operar en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron y detuvieron Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión, y Rodríguez (a Troxler lo apresan antes). También hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe y, Río Negro. Salvo en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron atrapados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso para lograr apoyo y no tiene éxito. Mientras, el general Valle se oculta en la calle Corrientes, de la Capital, en la casa de Adolfo Gabrielli, ante el fracaso de la insurrección.
La Ley Marcial retroactiva
Los levantamientos fueron entre las 22 y las 24 del 9 de junio y la dictadura dictó a las 0:32 del 10 de junio la Ley Marcial, un decreto firmado por Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Osorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. En síntesis: el decreto tuvo carácter retroactivo, es decir fuera de toda norma jurídica.
Para coronar el atropello a las pocas horas firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. Los fusilamientos estaban planificados de antemano por el gobierno genocida de Aramburu. En la madrugada del 10 de junio, entre las 2 y las 4, se asesina a sangre fría a los detenidos en Lanús. Luego en los basurales de José León Suárez, el titular de la policía bonaerense, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, le ordena al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a 12 civiles, de los cuales siete logran huir pero cinco mueren.
Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga, será el «fusilado que vive» y la punta por donde Rodolfo Walsh reconstruirá genialmente la historia a través de “Operación Masacre”.
En Campo de Mayo, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumario donde se determina que los sublevados no deben ser fusilados. Pese a esto Aramburu ratifica su decisión y Lorio le exige que se lo ratifique por escrito. Así los genocidas firman el decreto 10.364 con la lista de once militares que deben ser ajusticiados. Este sería el único documento oficial, ya que no hay registros de los juicios sumarios.
El fusilamiento de Valle
Para que se respetara la vida de los sublevados, el 12 de junio Valle decide entregarse y es detenido por capitán de navío Francisco Manrique, el enviado de Rojas. A las 2 de la tarde de ese día es llevado al Regimiento I de Palermo donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido por el general Lorio.
De allí, Valle es derivado a la Penitenciaría Nacional donde es alojado en el sexto piso. A las 22:20 Valle fue fusilado por un pelotón cuyos nombres fueron guardados como un secreto de Estado para preservar la impunidad.
El 14 de junio, un día después del fin de la ley Marcial, el general Tanco y otros sublevados consiguieron asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Briere.
Sin embargo, los atropellos no terminarían ahí, ya que el jefe de la SIDE, general Domingo Quaranta, invadió la embajada para secuestrar a los asilados. Sólo la valiente intervención de Briere logró salvarlos.
El saldo de esta barbarie fue de 18 militares y 13 civiles fusilados. Comenzaba a nacer el terrorismo de Estado, ese que los genocidas del ‘76 llevaron a la perfección para la desgracia de miles de desaparecidos y del pueblo todo.
A 52 años de estos sucesos, se renueva la obligación de no olvidar lo ocurrido, para que no vuelva a pasar nunca más.
