Orán y la tragedia de una raza con «la piel que quema»

El Informe de la ONG Defensa Indígena nos muestra una realidad dramática de las comunidades aborígenes del departamento Orán, muy distinta a la de los informes oficiales. Hacinamiento, miseria, desarraigo. Niños desnutridos abandonados en el barro.

Informe de Defensa Indígena [1] respecto de la situación territorial (Leyes 26160 y de desmontes) de las comunidades indígenas del Departamento Orán

San Ramón de la Nueva Orán, 16 de Agosto de 2008

Introducción.

Importancia e inmediatez.

Creemos que este informe es muy importante, ya que muestra una realidad distinta a los informes oficiales. La mayoría de los informes individuales que se ven aquí han sido escritos por las mismas comunidades en un encuentro realizado al respecto en la UNSa (delegación Orán) el día sábado 16 de agosto de 2008, otras por conocimiento de Defensa Indígena Orán.

El presente informe ha tratado de dar preponderancia a las comunidades, su gran mayoría, que permanecen invisibles a los ojos de la Nación y del público en general, por lo que algunas más conocidas (como Tinkunaku, con sus reclamos legítimos y conflictos latentes) estarán casi excluidas del presente informe.

Otras comunidades no han participado del encuentro (en el caso de Barrio Evita, cuyas autoridades están accidentadas en este momento), sin embargo hacemos una reseña de lo que verdaderamente conocemos y nos consta; otras comunidades no conocemos su realidad, pero intuimos que sufren lo que casi todas: el conflicto de tierras y el sufrimiento de no saber donde van a ser excluidos el día de mañana.

La ley 26160.

Creemos, y por ello lo presentamos, primeramente al INADI (NdR: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), que el Estado Argentino no quiere cumplir con sus obligaciones internacionales[2] y nacionales[3], por ello ha implementado la ley 26160, para excusarse de la obligación de medir y escriturar las tierras.

Esta ley, creemos, es puramente formal y todo su “cumplimiento” se basa en informes oficiales sobre los conflictos más conocidos de tierras. A casi dos años de la ley, miles de comunidades no tienen conocimiento si esta ley se irá (ni como exigir su cumplimiento) a cumplir sobre sus tierras urbanas o rurales. Sin embargo, lo que estamos aplicando (judicialmente) ya en tres casos en Orán es la parte de suspensión de los desalojos para las comunidades de Barrio 17 de Octubre, Barrio Caballito y Barrio Mitre de la ciudad de Orán.

Comunidades urbanas:

Podemos decir con altísimo grado de certeza que, de esta ley, quedarán afuera todas las comunidades urbanas de la provincia de Salta, por lo menos.

El drama –o tragedia, si es más correcto- de las comunidades urbanas[4] es inconmensurable: primero porque están desarraigados[5] no solo de tierras donde son de origen, sino de su propia soberanía alimentaria[6] de sus costumbres religiosas respecto de la tierra, de su idioma[7], su cultura de cuidar la tierra, la de sentirse extranjeros en otro lugar y con ellos el chicanismo o tumanquismo de renegar las nuevas generaciones de su propia cultura y sentirse de una raza con “la piel que quema”.

A más de ese infierno, las comunidades urbanas no tienen títulos de propiedad de sus tierras y, en su mayoría, están siendo desalojados con procesos avanzados en ese orden (la Comunidad de Barrio 17 de Octubre tiene 7 sentencias de desalojo de más de cinco familias cada una).

Las familias indígenas que se asentaron en estos terrenos han ido creciendo pero no han progresado ni se han “acriollados” por lo que siguen sin poder progresar en términos occidentales y se fueron amontonando en esos pequeños terrenos (a veces 4 familias en un terreno de 5 x 10 metros, ver Cua Cuariño Ge Zenta), y es otro infierno dentro del infierno que significa la ciudad para ellos.

Muchas veces estas comunidades están determinadas por los caciques políticos (cacique en el sentido de burocracia política, Max Weber Que es la burocracia, ed. Pléyade 1965) y no se interesan en la vida comunitaria (que permanece latente) y solo se preocupan por el plan jefe de hogar, por el bolsón municipal y por las becas educativas del INAI (NdR: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)y así algunos de sus presidentes actúan como punteros políticos.

Por suerte en estos últimos tiempos se está dando una especie de redención de esa situación en la que ya han sido desplazados indígenas punteros tales como Raúl Mena, Diego Sandalio y Basilio Tolabí, entre otros.

La situación de las comunidades urbanas es de suma riesgosidad, por lo que es fácil ver niños muy desnutridos y prácticamente abandonados en el barro (ver foto de la niña Tamara Arabe de la Comunidad de Barrio 6 de Enero, foto tomada en marzo de 2007), también debido a que ya no tienen el sistema tradicional de salud y alimentación que han tenido en las zonas rurales.

Comunidades Rurales:

Lo explicado de las comunidades sobre las comunidades urbanas, es el futuro de las comunidades actualmente rurales, el infierno.

Los capitales que impulsan la expansión de la frontera agropecuaria no quieren perder ni un centímetro de su suelo e invierten mucho más de lo que éste vale para invadir terreno que todavía no está en su posesión.

Para ello tiene un elemento con el cual movilizan sus topadoras, todos los instrumentos legales y, cuando ellos no alcanzan, la corrupción administrativa de funcionarios, como por ejemplo la actual Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia.

Lo que hacen las empresas comúnmente (ver Tinkunacu, Las Juntas, Kolla Guaraní, Iguopeigendá) es comprar la tierra con habitantes originarios adentro, tomarlos de empleados en negro y luego echarlos de las tierras.

Cuando estos se resisten, pasan las topadoras sobre las construcciones para que no queden pruebas (Las Juntas, Iguopeigendá) a la vez que empiezan a comprar con amenazas las voluntades dentro de la comunidad (Estación Tabacal, Iguopeigendá, Kolla Guaraní), cuando éstas plantean alguna suspensión judicialmente (Iguopeigendá, Kolla Guaraní) mandan a terceros a usurpar las tierras de la comunidad para crear conflictos internos.

Es así que la Iguopeigená, aún con la posesión de 237 hectáreas, tiene diez usurpadores dentro de sus tierras, todos mandados por la Seaboard Corporation, 45 causas penales y un juicio reivindicatorio en el que el Estado se ha lavado las manos.

No es difícil contestar entonces por qué sólo el 5% de las comunidades en el departamento Orán (y tal vez en salta) son comunidades que están habitando en sus tierras originales (rurales) y la gran mayoría sufriendo hacinamiento en un medio que no les es natural y sí es hostil (urbanos).

Desconfianza en la Administración Pública de la provincia de Salta.

¿Cómo podemos confiar en que la ley se efectivizará por una provincia que estuvo siempre del lado del exterminio?.

Si para muestra sobra un botón, damos dos ejemplos de tal vez millones de acciones de exterminio en los últimos cinco años.

Un ejemplo es del IPPIS[8] y el otro de la Secretaría del Medio Ambiente de Salta. Uno pertenece a la administración de Juan Carlos Romero y el otro ejemplo a la administración de Juan Manuel Urtubey[9].

El IPPIS en el año 1995, para finalizar con el conflicto de Lakha Honhat (350.000 hectáreas), una constelación de comunidades wichis y tobas del Río Pilcomayo, hizo un plesbiscito que es nulo. Ahora nos piden que confiemos en el IPPIS para que nos midan y escrituren nuestras tierras.

El otro ejemplo es más reciente y se trata de las comunidades Roberto García Cacique, El Traslado y El Escrito, que tienen un litigio contra el estado para que se les escriture la tierra (Amparo Nº 1271/6 Juzgado Federal de Orán) en un estado avanzado y ya a punto de finalizar con dos estudios antropológicos favorables a la comunidad.

La empresa El Alamo, de capitales Tejanos, recibió el permiso de desmonte de 30.000 hectáreas, por el gobierno de Romero dos días antes que entrara en vigencia la ley de desmontes, gracias a la gestión del abogado de la Empresa Sergio Usandivaras.

Cuando asumió el gobierno de Urutubey, la Secretaria del Medio Ambiente de la Provincia, Dra. Catalina Buliubasich, paralizó el permiso de desmonte.

A la Dra. Catalina Buliubasich se le pidió la renuncia.

Este permiso tiene lugar en las tierras de la comunidad. La nueva secretaria del Medio Ambiente levanto la suspensión del permiso y, en menos de un mes y medio de gestión, fue a la comunidad (a más de 500 kilómetros y 10 horas de viaje) DOS veces a pedirle a la comunidad que acepten un trato con la empresa y que les aseguraba trabajo en el desmonte de sus propias tierras, lo que consiguió (solo la firma del cacique) luego de secuestrar y presionar al cacique en la ciudad de salta, cuestión denunciada hoy.

El abogado Sergio Usandivaras es hoy funcionario del gobierno de Juan Manuel Urtubey.

El INAI nos pide que confiemos en el gobierno de Salta ¿cómo?.

Ya se ha pedido varias veces (dos de la parte guaraní de Orán y varias por el pueblo Kolla) que el gobierno de la provincia no intervenga en
estas mediciones ni procesos de la ley 26160 y ley de desmontes, pero el gobierno nacional avanzó y logró el convenio por el cual nos controla la personería jurídica con todos los conflictos que ya tuvimos (comunidad el Tabacal conflicto de la reunión del 26 de febrero de 2004, donde la Seaboard Corporation eligió el presidente de la comunidad).

[1] Defensa Indígena es una Organización No Gubernamental dedicada a defender los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, sus Pobladores y Comunidades, tanto en los abusos de los gobernantes y empresas, como en el despojo de sus tierras tradicionales.

Viene trabajando en esa dirección desde el año 2003 y está integrada por miembros y dirigentes de comunidades indígenas, con asesoramiento de profesionales de distintas áreas: abogacía, ciencias políticas, medicina, ciencias de la educación, ingenieros.
Actualmente está presidida por Vicente Rivero (Comunidad Campo Chico), vicepresidenta Gumercinda Mónica Romero (Comunidad Estación El Tabacal), secretaría Flavia Vilca (Angosto del Paraní), prosecretaría Gregorio Martinez (Comunidad Caballito), Fiscalizadores Ines Quiroga (Comunidad Mitre) y Rosa Perez (Comunidad Estación), Tesorera Gregoria López (Comunidad Iguopeigendá), protesorero Luis Segundo (Comunidad 9 de Julio), Vocal Marta Barrientos (Comunidad 17 de Octubre).

[2] C169OIT, CDDHH SJ Costa Rica

[3] leyes 23.302, Constitución Nacional, ley 24071

[4] comunidades indígenas que viven en la ciudad

[5] en la gran mayoría de los casos por la fuerza y por la expulsión que significa la expansión de la frontera agropecuaria, cfr. Gastón Gordillo, El Río y la frontera, 2003, Byblos

[6] los wichis de La Unión, dpto. Rivadavia Bda Sur, comen lo que recolectan de los basureros de la ciudad

[7] nunca se cumplió la educación bilingüe y su más grande enemigo es la discriminación que YA han sufrido: Los guaraníes (tanto de la ciudad de Orán como en la Misión San Francisco me he encontrado con esta historia) de una edad entre 50 y 60 años NO QUIEREN enseñar a sus hijos el idioma guaraní ni que lo aprendan pues ellos sufrían en la propia escuela violencia y discriminación por parte de las maestras que los castigaban y les decían delante de todos “no hablen ese dialecto de borrachines” (en orán, por obra del Ingenio, se conoce al idioma guaraní como un “dialecto” para no darle categría de idioma).

[8] Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, creado por ley 6373 de la provincia, suplantada por la ley 7121.

[9] Ver Comunicado de la Red de Derechos Humanos en http://www.salta21.com/spip.php?article832

Nota de Redacción: El Informe de Defensa Indígena es extenso y detallado. Dado su interés periodístico, pero también su importancia en lo que hace a lo antropológico, lo social, lo histórico, lo cultural y lo político, decidimos publicarlo completo, en tres partes. La primera, publicada en esta nota, es la parte general introductoria. La segunda mostrará la situación de comunidades aborígenes de distintas localidades del departamento de Orán. La tercera se refiere a comunidades asentadas en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.