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sábado, septiembre 26, 2020

Orden de desalojo contra Alfredo Riera

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El hecho ya no sorprende. Pero no por eso deja de indignar. La reciente orden de desalojo contra Alfredo Riera dictada por la jueza Dra. Ana María De Feudis a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial de 1ra Nominación en Tartagal, vuelve a poner sobre el tapete un tema central para los Agricultores Familiares de la Argentina: la cuestión de la tierra.

Alfredo Riera es presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, que a su vez integra el Foro Nacional de Agricultura Familiar. En el año 2009, fue una de las voces campesinas que se hizo oír ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando fueron convocados para hablar del desmonte… Nada es casualidad. La orden de desalojo destila un aroma revanchista muy conocido por los sectores vulnerados del país. Pero no se trata solo de un espíritu de venganza, sino de amedrentar, de quebrar moralmente a los demás campesinos para que no reclamen aquello que les pertenece por derecho: vivir y trabajar la tierra en la que nacieron ellos, sus padres y sus abuelos.

El caso de Riera constituye, desde esta visión, un caso paradigmático. Se trata de un campesino organizado, del presidente de una organización, de uno de los delegados del FONAF que discute y participa en la elaboración de las políticas públicas para el sector, y de un ciudadano que dio testimonio ante la Corte Suprema.

Hace dos años, Riera y su familia fueron sobreseídos de una denuncia penal por usurpación. Sin embargo, se le inició un interdicto (fuero civil) que fue a parar a donde paran siempre estos juicios en el Chaco Salteño: al juzgado de la Dra. Ana María De Feudis. El fallo de primera instancia y el posterior fallo de la Cámara establecieron que los campesinos debían abandonar sus tierras pese a que en sede penal el informe de inspección ocular dice “conforme lo observado en el lugar se constata que las tierras fueron cedidas a los Sres. Riera desde hace 65 años aproximadamente, que el lugar cuenta con un corral de 50 metros de largo dividido en dos cuadros y un potrero encerrado con ramas de aprox. 1 km de largo hecho hace muchos años y que fue reforzado hace como 3 o 4 años, se adjunta croquis ilustrativo del lugar”.

Inmediatamente Alfredo Riera inició un juicio de prescripción adquisitiva, pues su familia habita esas tierras desde hace 90 años.

En la notificación del desalojo que le hizo llegar el juez de paz hace unos días, se afirma que Alfredo Riera pidió 20 días de plazo para retirarse del lugar, lo cual es absolutamente falso. Riera no pidió plazos ni tampoco firmó la nota: “dejo constancia que el Sr. Alfredo Riera se niega a firmar, aduciendo que tiene que hablar con su abogado”, dice el juez en la notificación que sólo firman él y los dos policías que lo acompañaban.

De prosperar la actual situación, en 10 días Riera y su familia deben abandonar las tierras que habitaron 90 años. Esas tierras, poco cuesta imaginarlo, pasarán pronto a engrosar las ya numerosas hectáreas de algún empresario con ánimos de plantar soja, reemplazando así a una familia comprometida con la soberanía alimentaria y territorial de la Argentina, por un especulador al que le da lo mismo producir soja o comprar acciones en la bolsa, y que por ese motivo ningún compromiso puede tener con el ambiente, la fertilidad del suelo, la pureza del agua y la conservación de los bosques.

No hubo ningún intento por encontrar una solución negociada, una salida consensuada. Se está expulsando a un agricultor familiar de su tierra, de su medio de vida, pero también de su historia y de su cultura.

Al parecer, “diálogo” y “consenso” son términos a los que alude el poder económico concentrado y sus servidores políticos, mediáticos y judiciales cuando ven amenazados sus privilegios, pero no reparan en tales sutilezas para avasallar los derechos de los sectores populares.

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