La Corte de Justicia de Salta anunció que a partir del 16 de octubre comenzó a funcionar el “Programa Piloto de Tribunales de Drogas” en dos juzgados provinciales.
Este mecanismo es impulsado en distintos países de la región por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Los Tribunales de Tratamientos de Drogas son presentados como oportunidades para buscar soluciones alternativas al encierro respecto de las personas que cometieron delitos relacionados con drogas.
Sin embargo su enfoque y forma de funcionamiento se enmarcan en las políticas de criminalización del consumo de ciertas sustancias y la estigmatización del las personas consumidoras. Tanto en el mundo como en nuestra región, esta tendencia está siendo crecientemente revisada, y se plantea la necesidad de separar las situaciones de consumo de la órbita judicial, ya que esta política fortalece la discriminación de ciertos grupos y su etiquetamiento como amenazas sociales. Los TTD plantean una respuesta estatal problemática en relación a hechos delictivos: al generarse un sistema paralelo de justicia, dos persona que cometieron un mismo delito, podrían correr suertes distintas.
Al mismo tiempo, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 planteó un escenario de ampliación de derechos para las personas con padecimientos mentales. Dentro de ese grupo, se incluye el abordaje de las adicciones. Desde el campo de la salud mental y sobre la base de estos conceptos, la lógica segregativa imperante en los TTD vulnera el principio de igualdad y no discriminación, y resulta contrario y por tanto regresivo, al paradigma legal vigente volviendo a la lógica del estigma y la exclusión social.
En este sentido, la Ley es contundente al afirmar que los tratamientos en salud mental, así como la decisión de una internación son, exclusivamente, recursos terapéuticos. Por tanto, el seguimiento judicial sobre los tratamientos resueltos por los TTD, resulta contrario a este mandato. Por otro lado, la oferta de una rehabilitación supervisada judicialmente contrasta fuertemente con la ausencia de opciones públicas de tratamiento sanitario a adicciones como el consumo de alcohol, de drogas legales e ilegales para personas que no están en contacto con el sistema penal.
Las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas en la región no sólo se han mostrado ineficaces, sino que tienen graves efectos negativos, en especial si se les analiza desde un enfoque de derechos humanos. Los TTD constituyen una instancia más de cristalización de la asociación entre droga y delito que simplifica las causas complejas de los fenómenos de criminalidad relacionados con las drogas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entiende que avanzar en las cuestiones pendientes de la revisión de la actual ley de estupefacientes, y la elaboración de un plan integral y abarcativo de prevención y tratamiento de las adicciones -de acuerdo a los principios establecidos por la ley nacional de Salud Mental- serían opciones socialmente más respetuosas y eficaces frente a esta problemática.
– CELS
