Ahora los demás responsables también deben ser juzgados y castigados.
Luego del primer e importante paso dado con la condena a prisión perpetua para el policía Darío Poblete, autor material del fusilamiento de Carlos Fuentealba, nuestra lucha por juicio y castigo para todos los responsables de este hecho, continúa con la exigencia de enjuiciamiento y cárcel para el resto de los policías y funcionarios políticos que diseñaron, ordenaron, dirigieron y participaron la represión de Arroyito propiciando el asesinato de nuestro compañero.
A lo largo del juicio oral y público al policía Poblete quedó claro que el fusilamiento de Carlos no fue obra exclusiva de un solo policía, sino que fue parte de un brutal operativo policial. Operativo al que Mario Rodríguez Gómez, uno de los jueces que dictó la sentencia, calificó de “inexplicable e irracional. Es que resulta incomprensible que luego de despejar la ruta y el puente de Arroyito con los primeros gases lanzados contra los manifestantes, la policía haya continuado la represión persiguiendo a las trabajadoras y trabajadores de la educación con disparos de gases y balas de goma, por el campo y por la ruta hasta más de 5 Km del lugar dónde iba a efectuarse el corte. Cómo lo dijeron varios testigos eso fue una cacería.
Un operativo brutal, no sólo por la forma en que procedió la policía, sino por el despliegue de fuerza y armamento ante manifestantes desarmados que en ningún momento buscaron el enfrentamiento con las fuerzas policiales. Alrededor de siete grupos especiales de distintas ciudades de la provincia fueron enviados a Arroyito para impedir el corte. La mayoría, sino todos los altos jefes policiales de la provincia, más el ex Subsecretario de Seguridad estuvieron, ese día, sobre la ruta 22 y fueron parte del operativo. Ante preguntas del tribunal, varios testigos policiales debieron reconocer que este proceder era inusual y que sólo durante la crisis social de diciembre de 2001 se llevó a cabo un procedimiento similar en cuánto a la concentración y coordinación de grupos especiales.
Carlos Fuentealba fue asesinado por la espalda, mientras se retiraba, hallándose indefenso, a más de 5000 mts. del Puente de Arroyito y en un operativo policial que hacía ya dos horas había cumplido con su supuesto objetivo: “garantizar el derecho al libre tránsito”(a los turistas de semana santa). Carlos fue herido de muerte por el disparo del policía Poblete, pero está claro que de no ser por las órdenes de los jefes policiales y por la decisión política del ex Gobernador Sobisch, Carlos no hubiera sido fusilado.
El desdoblamiento de este hecho en dos causas, el hermetismo y corporativismo con que declararon los testigos policías, el silencio de Poblete y las mentiras del ex Gobernador Jorge Sobisch impidieron conocer toda la verdad acerca de estos hechos. La presión social con paros, marchas, actos y todo tipo de expresiones deben continuar con el impulso de la lucha por juicio y castigo a los demás responsables en camino del juicio en la denominada causa Fuentealba II. En ella deben ser juzgados los demás policías y jefes policiales que actuaron en Arroyito, como también el ex subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli y el ex Gobernador Sobisch. Para ellos también exigimos un castigo ejemplar.
Estado de la causa Fuentealba II( al 11 de agosto de 2008)
Es necesario un cambio en el rumbo de la investigación
La causa Fuentealba II en la que se juzgan las responsabilidades penales de los funcionarios policiales y políticos que fueron parte del operativo se encuentra en etapa de instrucción. Desde el punto de vista legal no existen plazos que apuren el fin de dicha instrucción debido a que no hay personas detenidas. Por su parte el Dr. Lucero, abogado defensor de algunos de los policía imputados, insiste en la inmediata elvación a juicio; desde la CoCaPre y Aten planteamos que debe haber un cambio en el rumbo de la investigación para lo cual el Juez Piana debe hacer lugar al ofrecimiento de pruebas de la querella.
Durante la segunda quincena de agosto, los abogados querellantes Palmieri y Mendaña, recientemente incorporado, harán la presentación de este nuevo pedido de pruebas. En opinión de estos abogados la aceptación de las mismas permitiría romper el cerco de silencio policial y demostrar que existió un “plan de acción común” que no podía tener otra finalidad que la muerte de algún manifestante. De ser así las imputaciones penales a policías y funcionarios políticos en la causa Fuentealba II deberán tomar un carácter “doloso” y no “culposo” como las actuales. Razón por la cuál corresponderá que sean detenidos, juzgados y castigados con penas similares a la de Poblete. Y aún más, quedaría expuesto, a la vista, un “autor mediato u oculto” de este fusilamiento público, el ex Gobernador J. O. Sobisch.
Las actuales imputaciones de los acusados
Estas imputaciones fueron solicitadas por el Fiscal Dr. Richard Trincheri, quien actuó en reemplazo de la fiscal Lucero, que debió ser removida por las denuncias que recibiera por no avanzar en la investigación y por perseguir judicialmente a miembros de centros de estudiantes de las escuelas secundarias. El Juez C. Piana tomó declaración indagatoria a todos los acusados, de los cuáles sólo declararon los policías de mayor jerarquía, mientras que los de más bajo rango se negaron a declarar.
• Ex Subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli. Presente en el lugar, a cargo del operativo desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Según el Fiscal, su negligencia tuvo como consecuencia el asesinato de Carlos Fuentealba. Si hubieran cumplido con su deber, el crimen no se hubiera producido. HOMICIDIO CULPOSO.
• Ex Jefe de la Policía Provincial Carlos Salazar. También presente en el lugar, a cargo del operativo. Según el fiscal le atribuye la misma responsabilidad que a Pascuarelli. HOMICIO CULPOSO.
• Ex Subjefe de la Policía Provincial Moisés Soto; Director de Seguridad Adolfo Soto; Jefe del Operativo Mario Rinzafri y Jefe de los Grupos Especiales Jorge Garrido. El Fiscal considera que sabiendo que estaban en presencia de un delito, no procuraron la identificación del autor ni protegieron la escena del crimen. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO
• El oficial que dio la orden de detener al FIAT 147 subcomisario Aquiles Atreo Gonzáles y 15 policías de los grupos especiales, por no colaborar en la identificación del asesino y entorpecer el esclarecimiento del hecho. ENCUBRIMIENTO AGRAVADO.
• Oficial Benito Matus, que estando de civil y para apoyo logístico, tomo una escopeta de grueso calibre y disparó sobre los manifestantes y sobre un automóvil (hay imágenes televisivas del hecho). ABUSO DE ARMAS Y LESIONES LEVES.
La lista completa de imputados es la siguiente: Raúl Pascuarelli, Carlos Zalazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Diego González, Adrián Espinoza, Angel González, Sergio Burgos; Néstor Bascuñán; Juan Venegas, Julio Lincoleo; Víctor Pérez, Luis Rodríguez, Oscar Lezana, Cristian Vásquez Salinas, Félix Torres, Pablo Oddone, Rubén Hernández, Aquiles González y Benito Matus.
Ante el desarrollo de las próximas instancias de la investigación y elevación a juicio de la causa Fuentealba II, será necesario contar con la participación de todos para llevar a cabo, en unidad, las acciones políticas necesarias que sostengan la memoria y la presión social en forma coordinada con las acciones legales.
– COMISIÓN CARLOS PRESENTE
– Neuquén, 12 de Agosto de 2008
