El padre de un joven que fue asesinado en Mosconi en 2001 por francotiradores protestó ayer frente a la Legislatura contra la designación de Abel Cornejo en la Corte. «Él dió la orden para que maten a mi hijo; Urtubey prometió justicia y mintió».
La dirigente indígena Octorina Zamora, el lider de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, Pepino Fernández y Urbano Santillán, padre de un joven asesinado por la represión en el Norte de la provincia, protestaron ayer junto a militantes por los Derechos Humanos frente a la Legislatura contra la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de elevar al juez Abel Cornejo a ministro de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta. También se hizo presente en la manifestación la abogada de las víctimas, Mara Puntano.
A pesar de las objeciones y denuncias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el sacerdote Jesús Olmedo y el cineasta Pino Solanas, la designación de Abel Cornejo en la Corte de Justicia de Salta es inevitable, ya que se trata de una decisión que se puede ver como un acuerdo entre Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero que es a la vez una garantía para ambos.
Pepino Fernández recordó que que en el Norte hubo cinco muertos y 200 heridos -incluído un chico que quedó parapléjico- en las represiones ordenadas por el juez Cornejo en 2000 y 2001.
Dice Fernández que la desocupación continúa. Sólo se crean trabajos temporarios y empleos generados por la autogestión de los mismos desocupados.
La deforestación sigue a un ritmo alarmante. Las poblaciones aborigenes expulsadas por la destrucción del monte se instalan en las afueras de las poblaciones y caen en la miseria y el acoholismo.
Para los escasos empleos que ofrecen las grandes empresas a la gente de la zona se excluye a los luchadores sociales a quienes se les abrieron causas penales, ya que a todo aspirante se le exige un «certificado de buena conducta».
La mayor parte de la población no tiene cloacas y sólo el 30% posee gas natural y la garrafa de 15 kilos se vende a 66 pesos -paradójicamente- en la región que es una importante cuenca gasífera.
«Urtubey prometió un cambio y lo designa a Cornejo en la Corte. Justamente a una persona que es responsable de tantas muertes. Es de lo peor», lamentó Pepino Fernández que preside la UTD de General Mosconi.
Los manifestantes pegaron en el frente de la Legislatura carteles en los que acusan a Cornejo por los asesinatos de Veron, Santillán y Barrios. El mismo cartel pende del pecho de don Urbano Santillán, de 61 años. La mirada del hombre es triste y habla en forma pausada.
Tiraron a matar
«Mi hijo no estaba en la ruta sino en el cementerio que está a un costado de la ruta, a la salida del pueblo» -comenta-. El joven Carlos Santillán, que tenía 27 años, había ido a trabajar en el nicho que contiene los restos de una pequeña hija suya que falleciera y allí está enterrada. Cuando los francotiradores instalados en lo alto de los tanques comenzaron a tirar intentó salir cruzando un alambrado en dirección a la entrada del pueblo. Pero por esa vía se acercó aún más a los francotiradores y recibió un tiro en la cabeza. Allí cayó muerto, junto al adolescente Oscar Barrios, de sólo 16 años, que lo acompañaba, quien también murió en el acto, alcanzado por las balas.
«Urtubey nos prometió justicia y confiábamos en él, volvimos a tener una esperanza. Pero hizo todo lo contrario. Que lo lleve a Cornejo a la Corte es una aberración. Cornejo es el responsable de la muerte de mi hijo. El dió la orden a los gendarmes para que cambien las balas de goma por las balas de guerra conocidas como dum dum. Ellos tiraron a matar y de un balazo destrozaron el cerebro de mi hijo. Abel Cornejo debió ser separado del cargo y juzgado por esos asesinatos. Pero en cambio él mismo dirigió las investigaciones. Y ahora Urtubey lo nombre en la Corte…», dice don Urbano, en un tono que trasunta, más que indignación, una profunda pena. Dice que todos los familiares de las víctimas son pobres, por lo que les cuesta viajar. Ahora le tocó a él venir a la capital de la provincia en representación de todos ellos.
Son 7 años de impunidad. Y con el juez a quien consideran el máximo responsable de la trágica represión que les arrebató violentamente a sus seres queridos elevado a ministro de la Corte los familiares de las víctimas ven que las posibilidades de justicia se reducen cada vez más.
Para ellos el nombre del gobernador ya no genera ninguna esperanza sino que expresa la realidad desoladora de una terrible decepción.
