Llamado a población de Salta a un “estado de alerta y movilización” contra de la impunidad del aparato represivo del estado. Una vez más se respondió con violencia a demandas sociales. En Orán hubo militarización, toque de queda, apagón y brutalidad policial.
La Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, como integrante de la Red, hace un llamado a toda la población de Salta a un “estado de alerta y movilización” en contra de la impunidad del aparato represivo del Estado en los hechos producidos recientemente en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Una vez más, el Estado provincial responde con violencia y represión a las demandas sociales como lo es la necesidad de vivienda. Este accionar muestra claramente la continuidad de una metodología del uso de la violencia institucional con fuerzas de seguridad armada en contra de la población civil indefensa.
La situación en Orán es sumamente grave: con un ilegal mega-operativo policial durante la noche con un corte de luz previo, se produjo el brutal desalojo de familias desamparadas sin recursos que dejó varias personas hospitalizadas, militarización y toque de queda en el Barrio El Milagro, privación de la libertad a un grupo de madres y entre ellas, futuras madres y la golpiza del Periodista Samuel Huerga, que el mes pasado había recibido amenazas de muerte. (Lo subrayado es nuestro).-
Violentos desalojos en los asentamientos la Canchita del Barrio el Milagro y San Martín del Barrio 25 de Mayo
Dos días antes del desalojo, la jueza Norma Vera había librado órdenes de detención contra Rubén Tolay (dirigente municipal), Josefa Cardozo (Partido obrero), Dolores Cachari (vicepresidenta de la Comunidad Indígena Ava Guaraní – Barrio Caballito) y María Olmos (dirigente barrial).
Dos de ellos fueron detenidos (Tolay y Olmos) y a todos se les dio la libertad luego que se presentaran 58 habeas corpus a su favor y la de los vecinos. Denunciamos esta privación de la libertad por causas políticas.
El 22 de mayo a la madrugada, la infantería reprimió nocturna y atrozmente en los asentamientos contra niños y embarazadas durmiendo, imponiendo en las noches posteriores un “toque de queda” en el barrio El Milagro. Estos “toques de queda” produjeron roces y enfrentamientos que terminaban en represiones a los menores del barrio (de 10 a 18 años), represiones que terminaron la madrugada del 27 de Mayo con una golpiza al periodista Samuel Huerga (FM NOA -Orán) y la detención de su asistente Valentín Mamaní (dirigente municipal) por parte de la policía.
Este último permaneció 4 días detenido y acusado de “intento de homicidio” por la misma policía que le dio una golpiza de patadas cuando acompañaba al periodista Huelga que filmó todo lo acontecido. En la filmación, se ve claramente cuando un grupo de 5 policías lo lleva a un lugar alejado y lo patea ferozmente para luego literalmente tirarlo a golpes en la caja del patrullero.
Otro de los viejos métodos de los gobiernos autoritarios que tratan de frenar la resistencia o protesta popular por el temor y el miedo. Jueces que legitiman el accionar policial, funcionarios que deslizan su responsabilidad a las víctimas y a sus defensores, como lo son: el abogado Hernán Mascietti, de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta, el abogado David Leiva de Encuentro por la Memoria , la Verdad y la Justicia , el militante del PO Rubén Tolay, el periodista Huerga, Valentín Mamaní, los militantes populares, dirigentes indígenas y todas las familias afectadas por la pobreza.
La misma policía que reprime es la que realiza denuncias penales contra la gente que protesta, demostrando que el gobierno, el poder judicial y la policía, redoblaron su apuesta en el invento de causas penales a los luchadores populares y que ya no va a ser sólo “resistencia a la autoridad” o contravenciones, sino delitos graves no excarcelable y que afecten toda su vida futura y la de su familia. Con acusaciones de que en Orán está operando un grupo «insurgente», «insurrecto» o «rebelde», leguaje que hace surgir los viejos fantasmas de cuando los responsables del genocidio en la argentina hacían sus listas de “subversivos” y mandaban a miles de personas a la muerte.
No basta con hacer los juicios a Menendez, Bussi, Muhall, Guil y miles de genocidas más en todo el país, para garantizar el Nunca Más.
No basta que los gobiernos de turno reciten todos los días que los Derechos Humanos es una política de Estado y lloren junto a las victimas del terrorismo de estado de los 70, con madres, abuelas, familiares, hijos etc. para decir que el gobierno garantiza los Derechos Humanos.
Porque basta que un ser humano muera en una cárcel o por brutalidad policial o por desnutrición y todo el sistema se desintegra, se pulveriza, deja de existir.
Porque basta un solo golpe a la dignidad de cualquier ser humano por parte del Estado, por hambre, por falta de trabajo, por frió, etc. y los genocidas de ayer (que no solo fueron los militares) lograrían su mayor triunfo y el sistema democrático desaparece.
¿Será Orán a Urtubey lo que a Mosconi fue a Romero?
Mosconi fue en el 2001, hubo muertos, lisiados y muchos luchadores populares aún con causa penales. Se constituyo en esa época, una comisión de organizaciones de DDHH de Bs. As. y Salta, para pedir por la gente que era golpeada, torturada, mutilada, detenida reiteradamente por el Juez Abel Cornejo, el mismo que dio lugar al pedido del abogado Raymundo Sosa para que se borre su causa en la CONADEP y que actualmente propone el gobernador Urtubey para la Corte de Justicia.
¿Es posible que el tiempo que este juez actuó en la causa Ragone dándole a Joaquín Guil un delito solo de encubrimiento siendo que fue quien dirigió el operativo (luego se excuso en la causa).
¿Es posible que su alta exposición pública en el Juicio de la Verdad le permitió cambiar el perfil con respecto a la violación a los DDHH y parecería que le dio el aval para realizar el recordatorio oficial del ex gobernador detenido desaparecido Dr. Ragone, el 11 de Marzo de este año?
¿Se puede actuar como juez de la verdad, del juicio y castigo a los genocidas del terrorismo de estado y ser responsable o indiferente cuando se violan los derechos humanos en la actualidad? ¿Es este el máximo tribunal de justicia que va ha tener Salta? El uno por uno, junto a Ferrari, que además de todas las denuncias por represión, tiene una denuncia en la justicia federal realizada por la Comisión de Familiares de detenidos desaparecidos por el intento de secuestro de un testigo de las causas por el terrorismo de estado.
En Mosconi se hizo visible Nazario que era acusado por la CONADEP de haber actuado en un centro clandestino de detención (ccd). Con Urtubey está como Secretario de Seguridad, Jorge Skaf, que a fines del proceso militar era de la división investigaciones científicas, que formó parte de la policía de Nazario y es denunciado por Cristina Cobos (familiar de desaparecidos) por haber realizado su seguimiento en los años 80. Situación esta última que debe ser investigada. Pero, si queda demostrada su responsabilidad por el accionar policial en Orán y pone en evidencia de que la violencia represiva policial es la misma de Nazario y que él es una continuidad de la misma. Que ni la Navidad Azul ni el “plan abrigo” de la policía, modifica la ideología ni la estructura heredada de Joaquín Guil y el proceso militar.
¿Quién es Lara Gros en Orán?
La represión y criminalización de la protesta social es el método elegido por el intendente para someter las familias postergadas en Orán y por eso le resulta indispensable cuidar la alianza política del Kischnerismo – Romerismo y PRS (Partido Renovador de Salta), éste partido fue fundado por ex gobernador de facto Ulloa.
Marcelo Lara Gros (ex diputado provincial PRS) hijo del primer intendente del proceso militar en Orán y su actual intendente. Además es asesor del Ingenio San Martín del Tabacal (Seaboard Corporation) y lo ha sido durante toda su diputación y actual intendencia. El 25 de mayo de 2008 hizo desfilar a la agrupación “ex rodillas negras del operativo Independencia” en el acto del 25 de mayo de este año. Este intendente, tan vinculado al proceso de reorganización nacional, se dirigió al hijo de Valentín Mamaní el miércoles 21 de mayo con la amenaza de “Te voy a hacer desaparecer”. En 1991, siendo concejal de Orán, se opuso a que un pasaje llevara el nombre del primer desaparecido de Orán, el estudiante Mario Bernardino Luna. El 22 de marzo reivindicó la teoría de los dos demonios en “la guerra contra la subversión”.
La alianza Seaboard-Poder Político, que viene desde hace mucho tiempo en Orán (incluso con el intendente anterior) y que tiene que ver con las decisiones políticas ligadas a los intereses del Ingenio, como muestra lo que paso con la Comunidad Guaraní Tabacal que fue brutalmente reprimida por el conflicto mantenido con la Seaboard Corporation el 16 de setiembre de 2003, idéntica suerte sufrió la comunidad indígena del Pueblo Tupí Guaraní Iguopeigendá, 5 de agosto de 2004.
La muerte de Fabián Pereyra a manos de Search SA. (Empresa de seguridad de la Seaboard Corp) el 15 de septiembre de 2006. En el 2006 son denunciados los casos de trabajo infantil en la Seaboard y en el 2007 y 2008 murieron los niños Horacio Saldía y Ariel Colque, de 15 y 16 años.
En el 2005 la Lic. Catalina Buliubasich se presentó a realizar un peritaje por el litigio que mantienen una comunidad indígena reclamos de tierras al Ingenio y el asesor diputado Marcelo Lara Gros, dio órdenes de negarle el acceso inclusive se cortó un camino público para bloquearles el paso y luego la denunció en el expediente con mentiras –judicialmente comprobadas- con la intención de anular el peritaje. El juicio político hecho contra el diputado en la cámara de diputados durmió –a pesar de las denuncias públicas- durante tres años hasta el final de su diputación. El día de inauguración de su última campaña en Orán la Comunidad Guaraní Tabacal fue ultrajada (sus carteles rotos y amenazada) al levantar silenciosamente un cartel que decía “Lara Gros Señor Impunidad”.
La continuidad en el “cambio”
Consideramos a la coalición gubernamental como garantista de la continuidad de los grandes acuerdos económicos del gobierno romerista con las empresas e intereses multinacionales como son:
La entrega de grandes extensiones de tierra para la depredación y los desmontes para el cultivo de soja, despojando a los campesinos, pequeños productores y pueblos originarios de su hábitat tradicionales, la especulación inmobiliaria de las tierras urbanas, explotaciones mineras a cielo abierto – Los Ingenios – Las petroleras – Empresarios dueños de grandes hoteles y el monopolio del turismo – El monopolio de la industria vitivinícola etc., en detrimento amplísimos sectores de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza para lo cual en corto período de tiempo se reestructuró la Administración Pública provincial creando nuevos ministerios con muchísimos altos cargos políticos y muchos “ñoquis” heredados y propios, sin respetar la Carrera Administrativa ni los Convenios Colectivos de Trabajo.
Estos son los “funcionarios-funcionales” que deben garantizar la “gobernabilidad” y neutralizar la “conflictividad” de amplísimos sectores empobrecidos de la población, de ahí en más todo aquel que no respete éstos acuerdos son naturalmente desplazados de los equipos de gobierno.
Como es el caso de Catalina Buliubasich que dispuso la suspensión preventiva de un desmonte que tocó interés de los acuerdos realizados por el gobierno de Romero con extranjeros, como es el caso de los texanos Gabel, por revisar los contratos que ponen en riesgo el monte chaqueño, revelan quiénes son sus actuales dueños y las irregularidades a la hora de sus adquisiciones y por eso le pidieron la renuncia al cargo.
La mejor forma de garantizar la cultura de la impunidad es
separando los DDHH del pasado con los del presente.
POR UNA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
POR LA MEMORIA
POR EL JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
POR UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE
POR UNAS FUERZAS DE SEGURIDAD AL SERVICIO DEL PUEBLO
POR LA APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ
Cuando un funcionario/a dice, “…nos falta mucho por hacer…”, en ese mismo instante, muere un ser humano en la provincia, en el país, en el mundo.
Muere por desnutrición, por falta de atención médica o medicamentos, por contaminación, por represión, por torturas, por ser joven, por ser niño, por ser viejo, por ser mujer, por ser indígena, por abandono, por que no lo vieron, porque no lo escucharon, etc.
La pobreza trae la muerte a millones de seres humanos en el mundo.
Ese ser humano es mi padre, mi hermano, mi hijo. Mi madre, mi hermana, mi hija. Es nuestro compañero o compañera. Es nuestro vecino o vecina. Es nuestro amigo o amiga. El mundo somos nosotros
El hambre es nuestro.
30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!
¡AHORA Y SIEMPRE! ¡AHORA Y SIEMPRE!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Salta, junio de 2008
– Red por la Defensa de los Derechos Humanos
– Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta
