El Pueblo Kolla responsabiliza a todos los organismos estatales, por la arbitraria y violenta detención que sufrieron por parte de las fuerzas policiales represivas, cuando se opusieron a que el Dakar pase sin consulta por el territorio que habitan.
La policía jamás se identificó, no hubo orden de la justicia para desalojar la ruta dada la «orden directa del gobierno», y fueron sometid@s a insultos, golpes, todo tipo de agresiones además de que el traslado fue en pesimas condiciones de hacinamiento y sin atención médica. Previamente el Consejo Departamental de Comunidades Kollas presentó una denuncia – el día jueves 9 de enero de 2014- ante el defensor del pueblo de la provincia de Jujuy para que, ante esta grave vulneración de derechos, realice un recurso de amparo. El corte de ruta fue realizado en el camino que pasa por Rumi Cruz para hacer respetar los derechos colectivos y de preexistencia de los pueblos indígenas y naciones originarias, tales como el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado.
Las comunidades cuentan cómo fue la golpiza en Rumi Cruz
Las comunidades e integrantes del Pueblo Kolla, repudiamos el accionar violento e intencionado de las siguientes instituciones del Gobierno: policía de la provincia de Jujuy, cuerpo de infantería, fiscal de turno Carlos Farfán, por la represión ejercida el día 12 de enero del 2014 en contra de la manifestación de las comunidades del Pueblo Kolla en territorio de la comunidad de Rumi Cruz.
De la misma manera, repudiamos a los organismos del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos y Gobiernos locales por la inoperancia, la falta de interés por el bienestar de nuestros hermanos, la desatención hacia nuestros reclamos, y el no cumplimiento del respeto de nuestros derechos como Pueblos originarios y derechos humanos en general.
El día 12 de enero de 2014, debido a la realización del evento deportivo y turístico Rally Dakar 2014, realizamos un corte de ruta en el camino que pasa por Rumi Cruz para hacer respetar los derechos colectivos y de preexistencia de los pueblos indígenas y naciones originarias, tales como el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, el Consejo Departamental de Comunidades Kollas presentó una denuncia – el día jueves 9 de enero de 2014- ante el defensor del pueblo de la provincia de Jujuy para que, ante esta grave vulneración de derechos, realice un recurso de amparo.
La policía local cortó el camino en inmediaciones de la entrada a la comunidad de Tabladitas y prohibió el paso. El argumento de la policía fue, que no iba a pasar el Dakar por allí porque había un corte de ruta y se había reprogramado el circuito. Es decir, la policía ya tenía la información sobre el desvío de camino del Rally, por lo que creemos firmemente que el Gobierno Provincial tuvo intenciones directas de reprimirnos mandando al lugar del corte a la Infantería de la Provincia de Jujuy.
Alrededor de las 8.30 hs del 12 de enero llegaron los policías de Infantería, se dirigieron hacia nosotros y no dijeron que teníamos 10 minutos para desalojar el camino, si no nos detenían a todos. Ante este hecho los hermanos y hermanas comenzaron a explicar por qué nos estábamos manifestando con esta medida. Lamentablemente, no nos escuchaban. El jefe de infantería dio la orden de detención y los policías comenzaron a agarrar de a cuatro a cada uno de los hermanos, tirándolos al piso, golpeándolos, pisándolos, les ponían las esposas y los seguían golpeando. Así comenzaron a llevar a los hermanos hacia la camioneta de la policía. Hermanas y hermanos fuimos intimidados, golpeados, maltratados. Les pedíamos por favor que soltaran y no golpearan a los hermanos, que nos íbamos a retirar, pero los policías estaban empecinados a violentarnos con palos y balas de goma.
Resaltamos que las autoridades policiales no se identificaron ni presentaron orden judicial a pesar de que se les solicito la misma, la respuesta del jefe de infantería fue que “no hace falta la orden judicial de desalojo porque tenemos orden directa del gobierno de desalojarlos por las buenas o por las malas”.
Nos hemos defendido como pudimos de las agresiones verbales, golpes, disparos y burlas de los policías hombres y mujeres que nos reprimían. Luego de detener a los hermanos y a dos hermanas, el jefe de infantería dio la orden de detener al resto cuando llegaron desde Potrero de la Puna más policías, por lo que el resto de los hermanos y hermanas comenzamos a subir los cerros.
Las hermanas y hermanos detenidos fueron: Silvana Ontiveros de la comunidad de Rumi Cruz; Delfín Quipildor, delegado de la comunidad de Rinconadillas; David Torres de la comunidad de Lagunillas de Pozuelos, Armando Quispe, Vice comunero de la comunidad Queta; Elvio Cabrera de La Quiaca; Enrique González, sacerdote; Sotero flores, comunero de la comunidad de Ugchara; Sergio Laguna, Intendente de El Aguilar, Zulma Condori y Sergio González, de radio Luna Azul y comunicador indígena.
Los hermanos detenidos fuimos trasladados en pésimas condiciones, hacinados y sin ventilación, lo cual provoco que las hermanas vomitaran y una de ellas se desmayara en el trayecto Rumi Cruz a Abra Pampa, y cuando se solicitó llevarla de urgencia al hospital, la infantería hizo caso omiso del pedido; asimismo, cuando se llegó a la seccional 16 de Abra Pampa seguimos siendo maltratados y humillados. Como así también denunciamos laviolencia de género, abandono de persona al dejar a una mujer sin asistencia a tiempo.
Queremos resaltar que a pesar de todo lo gravemente sucedido, hemos logrado que el Rally Dakar no pase por nuestras comunidades, avasallando nuestra vida en comunidad, nuestra flora y fauna, nuestros sitios arqueológicos y sobre todo, poniendo en práctica y ejerciendo nuestros derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en el convenio 169, ratificado en Argentina por la ley 24.071.
Responsabilizamos y denunciamos a los gobiernos, local, provincial y nacional por la brutalrepresión, persecución y judicialización de los hermanos que defendemos nuestros derechos; y a los organizadores del famoso Rally Dakar y a los empresarios que financian esta actividad, sólo con el fin de garantizar un negocio millonario y permitir que nuestras comunidades y paisajes sean una mercancía turística para unos pocos.
El Estado, de forma sistemática, sigue atropellando a los pueblos originarios, violando los derechos humanos y colectivos, negándose a entregar los títulos comunitarios de los territorios que ocupamos ancestralmente pero realizando acciones concretas dentro de los mismos, como ser los atropellos de la megaminería, la fibra óptica, el gasoducto, etc., en vez de responder a las necesidades básicas de las comunidades en salud, educación, seguridad y comunicación para las comunidades de los Pueblos Originarios.
Exigimos a la justicia que se retiren todos los cargos por los cuales los hermanos fueron imputados como también el cumplimiento por parte del Estado sobre la consulta y consentimiento de las comunidades.
Asimismo, agradecemos a las organizaciones, instituciones y sociedad que se han pronunciado a favor de la KAWSA ante esta lamentable situación.
14 de Enero de 2014.
– CONSEJO DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES COCHINOCA – PUEBLO KOLLA
